El aborto como un derecho

Si la salud sexual y reproductiva de las mujeres espa?olas no fuera un asunto de tanto calado, una visi¨®n retrospectiva desde la d¨¦cada de los a?os sesenta nos har¨ªa exclamar: ?qu¨¦ han hecho las mujeres de nuestro pa¨ªs para merecer esto!

La anticoncepci¨®n hormonal oral, la p¨ªldora, se legaliz¨® en Estados Unidos y Europa en los primeros a?os de la d¨¦cada de los sesenta, mientras que Espa?a tuvo que esperar a la finalizaci¨®n de la dictadura franquista para que fuera plenamente legalizada en 1978. Aun as¨ª, la campa?a medi¨¢tica emprendida por la Iglesia cat¨®lica y sus afines contra este m¨¦todo anticonceptivo en la d¨¦cada de los setenta fue intensa. Se usaron supuestos argumentos cient¨ªficos que traspasaron los l¨ªmites de lo razonable para convertirse en aut¨¦nticos agitadores: el c¨¢ncer, las malformaciones fetales e incluso epidemias de calvicie eran, seg¨²n esa propaganda, las consecuencias del uso de la p¨ªldora.

El n¨²mero de abortos depende de la eficacia de las pol¨ªticas de salud sexual y reproductiva

Holanda, con la ley m¨¢s flexible y permisiva de Europa, tiene la tasa m¨¢s baja de la UE

Mientras, en el resto del mundo la p¨ªldora estaba consolidada a los dos lados del Atl¨¢ntico y el perfil de sus usuarias no distingu¨ªa de ideolog¨ªas o credos religiosos.

En relaci¨®n al aborto tambi¨¦n las espa?olas sufrieron retrasos antes de disponer de una ley reguladora. Las leyes de aborto vigentes en la actualidad (Inglaterra 1967, Finlandia 1970, Suecia 1970, Francia 1975, Italia 1978, Holanda 1980) consideran que la mujer debe decidir, en el contexto de una elecci¨®n libre e informada, si continuar o interrumpir el embarazo dentro de un plazo que var¨ªa entre las 12 semanas de Italia y las 24 de Holanda e Inglaterra.

"Aborto s¨ª, aborto no", fue el debate europeo de los a?os setenta. A Espa?a tambi¨¦n lleg¨® tarde. Cuando en 1985 el Gobierno espa?ol arranc¨® t¨ªmidamente con una regulaci¨®n del aborto a trav¨¦s de tres supuestos o indicaciones, el pa¨ªs vivi¨® una campa?a contra el aborto m¨¢s intensa incluso que la registrada una d¨¦cada antes en Europa.

Entonces ya se utilizaron argumentos sobre la vida del embri¨®n, equipar¨¢ndola a la vida humana, que son id¨¦nticos a los que estamos escuchando en la actualidad. La ¨²nica diferencia es que han pasado 25 a?os.

Aquella ley comenz¨® a andar, y su primera consecuencia positiva fue la desaparici¨®n del aborto ilegal o clandestino, que siempre representa una carga adicional de dolor, sufrimiento, riesgo f¨ªsico y humillaci¨®n para la mujer.

A pesar de ser la ley de 1985 una normativa con muchas fisuras, ha llegado hasta nuestros d¨ªas, sobrevolando incluso dos legislaturas completas con Gobiernos del Partido Popular.

En la aplicaci¨®n de esa ley durante estos 25 a?os se han podido observar ciertos desajustes, ya que existe un uso excesivo, y permitido, de la indicaci¨®n de grave riesgo ps¨ªquico para la mujer, uno de los supuestos que se aplica en el 97% de las interrupciones de embarazo.

En la pr¨¢ctica, el grave riesgo ps¨ªquico se ha convertido en una ley de plazos tutelada por un informe. Pero sin l¨ªmite de semanas, lo que supone una inseguridad jur¨ªdica para las mujeres y para los profesionales de la salud que intervienen en el aborto.

Existe otro aspecto dif¨ªcil de asumir: es cierto que la voluntad de la mujer es un requisito necesario para el aborto, pero nunca es suficiente. En realidad, en el procedimiento aplicado en los ¨²ltimos lustros son terceras personas las que deciden finalmente sobre su derecho a la interrupci¨®n del embarazo. La mujer en la actual ley del aborto est¨¢ tutelada durante todo el proceso.

Las recomendaciones que un grupo de personas expertas ha ofrecido, tras varios meses de trabajo, al Ministerio de Igualdad, responsable de la coordinaci¨®n de esta normativa, se fundamentan en el an¨¢lisis de la ley de 1985 con sus desajustes; en el estudio de derecho comparado respecto a las leyes del aborto vigentes en Europa, y en el significativo avance de los ¨²ltimos a?os en el reconocimiento social y jur¨ªdico de la autonom¨ªa de las mujeres en relaci¨®n a su sexualidad y al derecho al aborto.

Las personas expertas recomiendan, pues, estructurar una ley en una combinaci¨®n de plazos e indicaciones limitada en el tiempo por la viabilidad fetal. Un plazo establecido por decisi¨®n de la mujer en una elecci¨®n libre e informada en el entorno de las 14 semanas de gestaci¨®n, y, al mismo tiempo, una ley de indicaciones hasta las 22 semanas de gestaci¨®n cuando exista grave riesgo para la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomal¨ªas para el feto.

A partir de la semana 22 de gestaci¨®n, considerada como fecha que delimita el comienzo de la viabilidad del feto independientemente de la madre, el derecho del feto debe prevalecer sobre la madre en sinton¨ªa con la comunidad cient¨ªfica y la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), que define el aborto como "la interrupci¨®n voluntaria de la gestaci¨®n desde la implantaci¨®n en el ¨²tero hasta la viabilidad fetal".

Por otra parte, el aborto legal no se incrementa ni con la regulaci¨®n ni con el tipo de ley, plazos o indicaciones. Su n¨²mero al alza o la baja depende de la eficacia de las pol¨ªticas de salud sexual y reproductiva, como lo demuestra el ejemplo de Holanda, que, teniendo la ley m¨¢s flexible y permisiva de Europa, presenta la tasa m¨¢s baja de abortos de la Uni¨®n Europea. Y ello como consecuencia de sus pol¨ªticas de acceso y disponibilidad de m¨¦todos anticonceptivos y de educaci¨®n sexual. Es precisamente por este camino por el que Espa?a debe reducir el n¨²mero de abortos.

La Iglesia y las llamadas organizaciones provida, en respuesta a la intenci¨®n del Gobierno de modificar la ley, han comenzado una campa?a similar a la que vivimos en Espa?a en la d¨¦cada de los ochenta y unos a?os antes en Europa en la l¨ªnea de "aborto s¨ª, aborto no". Antes amenazaban con el pecado, las tinieblas y la excomuni¨®n; en la actualidad comparan un ni?o gateando con un cachorro de lince ib¨¦rico.

De nuevo la inmensa mayor¨ªa de las mujeres de este pa¨ªs deber¨¢ soportar un debate superado por nuestra sociedad hace m¨¢s de dos d¨¦cadas, porque nuestra Iglesia no renuncia a mandar mensajes con un desfase manifiesto entre sus ideas y la realidad social. La Iglesia debe aceptar que cuando el Gobierno proponga una nueva ley al Parlamento de la naci¨®n est¨¢ respetando la postura de los creyentes pero legislando para regular de la mejor manera posible un problema de salud p¨²blica. Y haci¨¦ndolo para toda la sociedad, con independencia de las ideas y la ¨¦tica individual de cada uno.

Todo ello en unos tiempos en los que la rapidez de las noticias nos atropella: el ni?o y el lince; la ni?a de nueve a?os excomulgada en Brasil por realizarse un aborto de un embarazo consecuencia de la violaci¨®n de su padre; la condena de la Iglesia a la utilizaci¨®n de c¨¦lulas madre de Javier, un beb¨¦ sano, para que su hermano Andr¨¦s, de cinco a?os, que padece una enfermedad cong¨¦nita, pueda sanar y vivir; las palabras del papa Benedicto XVI, convertido en un agente subversivo contra las pol¨ªticas de salud p¨²blica en ?frica y contra el uso del preservativo para combatir el sida en un continente que tiene 25 millones de personas afectadas por esta grave enfermedad...

En fin, tengamos paciencia ante este aquelarre informativo, mantengamos la calma, soportemos las campa?as sobre vida y alma y esperemos a que la Iglesia cat¨®lica, como ha ocurrido en otras ocasiones, pida p¨²blicamente perd¨®n a las mujeres por no haberlas respetado a lo largo de la historia.

Al margen de los credos religiosos, consolidemos los derechos que permitan, en este caso a las ciudadanas, tomar decisiones amparadas en leyes honestas adaptadas al tiempo que vivimos y a su realidad social.

Javier Mart¨ªnez Salme¨¢n es miembro del Comit¨¦ de Personas Expertas del Ministerio de Igualdad sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo y jefe de servicio de obstetricia y ginecologia del hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s.