"Ning¨²n tribunal de justicia puede establecer la pol¨ªtica educativa"

Un a?o lleva Teresa Jim¨¦nez (Lanjar¨®n, Granada; 1964) al frente de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n. Doce meses complicados. Los palos han llegado desde casi todos los frentes. Desde los sindicatos. Desde las asociaciones m¨¢s conservadoras. Y desde la Justicia. La implantaci¨®n de la Ley de Educaci¨®n de Andaluc¨ªa (LEA) provoca que su departamento sea un punto caliente. "Ha sido a?o muy intenso", dice. "Podemos hablar de un mayor grado de cumplimiento de la LEA [...] El balance es positivo".

Pregunta. El ¨²ltimo enfrentamiento con los sindicatos ha sido por los interinos. ?Por qu¨¦ debe cambiar el sistema actual?

Respuesta. En este caso hay enfrentamiento y acuerdo, porque hemos llegado a un acuerdo con UGT que garantiza todos los derechos de los interinos que est¨¢n en el sistema. Pero tenemos que cumplir la directiva europea que sit¨²a el porcentaje de interinos en el 8%. Desde Educaci¨®n hemos hecho el mayor esfuerzo por los interinos. No s¨®lo firmamos un acuerdo de estabilidad que termin¨® en 2008, sino que promovimos que en la LOE hubiera un sistema transitorio que permitiera a los interinos el acceso a la funci¨®n p¨²blica. Pero, expirado el acuerdo de estabilidad y pensando tambi¨¦n que el acuerdo transitorio acaba en 2011, hemos puesto sobre la mesa el nuevo decreto. Y se establece que los interinos que se incorporen en el futuro tendr¨¢n que demostrar su cualificaci¨®n aprobando un examen de oposiciones y a partir de ah¨ª se contar¨¢ con su experiencia laboral. Tenemos la obligaci¨®n de abrir las puertas del sistema educativo a los nuevos titulados, que durante estos a?os no han tenido una puerta grande de entrada.

"Hay que abrir las puertas del sistema educativo a los nuevos titulados"

"Todos los concertados se han comprometido a que no segregar¨¢n"

P. ?Mantener este sistema de privilegios para los interinos actuales no es un agravio respecto a los futuros eventuales o a cualquier aspirante a profesor?

R. No creo que sean privilegios. Es mantener las condiciones laborales de un colectivo hasta que se convierta en funcionario. Tenemos que regular que las personas que accedan a la interinidad lo hagan a partir de unos principios para que no vuelva a acumularse en el sistema un porcentaje tan grande de interinos. Antes del acceso transitorio est¨¢bamos hablando de m¨¢s de un 22% de interinidad.

P. El adelanto del curso ha provocado el rechazo un¨¢nime de los sindicatos, ?siente frustraci¨®n por no haber conseguido que se sumen?

R. Me hubiese gustado que la respuesta de la comunidad educativa hubiese sido un s¨ª un¨¢nime. El adelanto del curso no supone modificar las condiciones laborales del profesorado. De lo que hablamos es del horario de los alumnos y alumnas. El profesorado est¨¢ incorporado a sus centros a partir del 1 de septiembre. Hemos hablado con todos los colectivos y es una propuesta apoyada por las asociaciones de padres y madres y tambi¨¦n por el resto de sectores de la comunidad educativa. En 12 comunidades aut¨®nomas y dos ciudades aut¨®nomas el curso empieza antes del 15 de septiembre. Es una tendencia que se est¨¢ imponiendo y que garantiza al alumnado m¨¢s tiempo para aprender.

P. ?Aumentar¨¢ m¨¢s el n¨²mero de d¨ªas lectivos en los pr¨®ximos a?os?

R. No tenemos prevista ninguna modificaci¨®n del calendario en los pr¨®ximos cursos.

P. Otro asunto que motiv¨® un paro sindical fue el plan de calidad, ?por qu¨¦ no se est¨¢ implantando de forma masiva este plan de incentivos en los centros?

R. Ning¨²n programa educativo se ha implantado de forma masiva. Tienen un car¨¢cter voluntario. Y ning¨²n programa, a un a?o vista, ha sido aprobado por el 45% de los centros. El grado de implantaci¨®n es positivo. Y lo es si tenemos en cuenta que exigimos que dos tercios del claustro tengan que decir que s¨ª. Esperamos que siga sumando apoyos y que llegue a todos los centros.

P. Los cr¨ªticos dicen que la mejor forma de luchar contra el fracaso escolar no es ofrecer incentivos a los profesores.

R. Los cr¨ªticos no quieren reconocer que el plan recoge una serie de objetivos y medidas que van m¨¢s all¨¢ de los incentivos.

P. Con la nueva orden de escolarizaci¨®n, ?el a?o que viene habr¨¢ aulas s¨®lo de chicos o chicas pagadas con dinero p¨²blico?

R. La nueva orden fija que no puede haber discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo. Ese objetivo lo hemos cumplido porque todos los centros que han presentado su solicitud han firmado su compromiso de que no van a segregar en la escolarizaci¨®n. Es decir, si un ni?o o una ni?a pide plaza en un centro que hasta ahora no era mixto no va a haber discriminaci¨®n a la hora de aceptar su solicitud. Ahora tendr¨¢n que ser los padres quienes decidan si quieren escolarizar a su hijo en este colegio o en otro.

P. Se ha encontrado con la oposici¨®n del TSJA en asuntos como Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa.

R. En Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa hemos tenido una pol¨¦mica abierta porque el Gobierno andaluz no compart¨ªa el contenido de las sentencias que emanaban de la sala tercera del TSJA. Recurrimos al Tribunal Supremo y ese recurso ha servido para que en Andaluc¨ªa y en Espa?a tengamos una doctrina ¨²nica. A partir de ese momento ha cambiado la l¨ªnea de trabajo del TSJA y las ¨²ltimas sentencias, como no puede ser de otra manera, inciden en la misma l¨ªnea del Supremo.

P. ?No es curioso que sea siempre una misma sala la que contradice la pol¨ªtica educativa del Gobierno andaluz?

R. La verdad es que s¨ª, aunque es cierto que es la sala donde van la mayor parte de los asuntos educativos. En cualquier caso, creo que el Supremo ha avalado la actuaci¨®n de la Junta. Me gustar¨ªa que no tuvi¨¦ramos que acudir a instancias superiores, pero este es el sistema judicial con el que trabajamos y tenemos que acatar las sentencias y respetarlas.

P. ?Temen que el TSJA pueda tumbar el plan de calidad?

R. Esperamos que no. No creemos que haya razones legales que impidan que ese plan siga en marcha.

P. La misma sala puso en jaque la limitaci¨®n de alumnos en las aulas, ?ha generado muchos problemas?

R. La ratio es un indicador de calidad. Y la Consejer¨ªa est¨¢ trabajando no s¨®lo para que se cumpla, sino para que sea m¨¢s baja todav¨ªa que la ratio. Cualquier consideraci¨®n que se salte lo establecido creo que no es adecuada ni positiva para el sistema educativo. Es una perturbaci¨®n. Espero que todos entendamos que la escolarizaci¨®n la tiene que hacer el Gobierno. Ning¨²n tribunal de justicia puede establecer el sistema de escolarizaci¨®n. Ahora parece que se est¨¢ cambiando de opini¨®n en el TSJA. Pero la ausencia de la ratio perjudica fundamentalmente la calidad en las aulas.