Hern¨¢ndez firm¨® desde la Diputaci¨®n un informe t¨¦cnico para una querella del PP

En su periplo profesional desde la Xunta a los consejos directivos de las empresas que hab¨ªan recibido obras de su conseller¨ªa el diputado del PP Agust¨ªn Hern¨¢ndez no se olvid¨® del partido. El hombre de confianza de Alberto N¨²?ez Feij¨®o en el traspaso de poderes y candidato a ocupar la cartera de Obras P¨²blicas en la futura Xunta prest¨® importantes servicios a la formaci¨®n conservadora durante la anterior legislatura.

Corr¨ªa enero de 2008. Hern¨¢ndez acababa de abandonar sus cargos en las constructoras Sercoysa y Puentes y Calzadas para incorporarse como director de infraestructuras a la Diputaci¨®n de Pontevedra. Su presidente, Rafael Louz¨¢n, lo present¨® en rueda de prensa el 15 de enero. S¨®lo dos semanas m¨¢s tarde, el 29, Hern¨¢ndez firm¨® el informe t¨¦cnico sobre el que el PP bas¨® toda la argumentaci¨®n jur¨ªdica para presentar una querella criminal contra la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial por la adjudicaci¨®n de la autov¨ªa del Barbanza.

En su denuncia el PP censuraba el cambio de criterio de la Xunta para "beneficiar" en la concesi¨®n de la obra a una constructora del grupo Sacyr en detrimento de San Jos¨¦. En la querella, los populares acusaban de "prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, maquinaci¨®n para alterar las cosas y negociaciones prohibidas" a dos altos cargos y a dos funcionarios de la Xunta, todos del departamento que presid¨ªa Mar¨ªa Jos¨¦ Caride. El juez decano de Santiago, Francisco Jos¨¦ M¨ªguez Poza, pronto admiti¨® a tr¨¢mite la querella e hizo declarar a los cuatro trabajadores de la administraci¨®n bipartita en la semana previa a las elecciones generales de marzo. Desde hace m¨¢s de un a?o, el juez mantiene imputados a los cuatro cargos desoyendo las peticiones del ministerio fiscal, que ya ha solicitado el archivo del caso.

El dictamen que Hern¨¢ndez firm¨® cuando ya estaba a sueldo de la Diputaci¨®n de Pontevedra concluye que la decisi¨®n de la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial encarecer¨¢ en "cerca de 28 millones de euros" el coste que, bajo la f¨®rmula de peaje en la sombra, la Xunta deber¨¢ abonar a la adjudicataria durante el plazo de la concesi¨®n. El razonamiento y la imputaci¨®n todav¨ªa no rectificada por el juez de los cuatro trabajadores de Pol¨ªtica Territorial sirvi¨® al PP para lanzar una dura campa?a contra Caride y Touri?o, a quienes acusaron de urdir pr¨¢cticas corruptas.Con su n¨²mero de colegiado, 9.154, encabez¨® el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Agust¨ªn Hern¨¢ndez en enero de 2008 el informe t¨¦cnico que aval¨® la querella criminal del Partido Popular contra la Xunta. Su dictamen es una prolija explicaci¨®n de la tramitaci¨®n administrativa que la conselleira de Pol¨ªtica Territorial, Mar¨ªa Jos¨¦ Caride, sigui¨®, al llegar al cargo, para adjudicar la autov¨ªa del Barbanza a la constructora It¨ªnere, del grupo Sacyr.

En seis p¨¢ginas, Hern¨¢ndez concluye que el bipartito no respet¨® las condiciones de la licitaci¨®n y que, como consecuencia, su decisi¨®n de encargar la obra a Sacyr -en perjuicio del Grupo San Jos¨¦- la infraestructura se encarecer¨¢ en "cerca de 28 millones de euros" hasta 2038. Todo esto lo argument¨® Hern¨¢ndez en su condici¨®n de ingeniero de Caminos. Lo que no detall¨® en el dictamen que su partido env¨ªo al juez fue su determinante participaci¨®n en los inicios del expediente. Ni su cargo en el momento de emitir su diagn¨®stico, al frente de la direcci¨®n de infraestructuras de la Diputaci¨®n de Pontevedra, gobernada por el PP.

El escrito s¨ª subraya, por ejemplo, que la Administracion [anterior, del Partido Popular] especificaba que los "licitantes no podr¨ªan introducir modificaciones en el proyecto". Pero Hern¨¢ndez evita mencionar en el cap¨ªtulo dedicado a los "antecedentes" del concurso que todo eso lo sabe porque ¨¦l mismo hab¨ªa redactado el anteproyecto de la obra y presidido despu¨¦s la primera mesa de contrataci¨®n como director general de Obras P¨²blicas en el ¨²ltimo Gobierno de Manuel Fraga. "Para el t¨¦cnico que suscribe", contin¨²a la explicaci¨®n de Hern¨¢ndez, "la ejecuci¨®n de la obra en condiciones diferentes a las establecidas en la licitaci¨®n supone un grave perjuicio al ciudadano y un notable beneficio al adjudicatario". Esa conclusi¨®n es la que el PP quer¨ªa escuchar en el juzgado y lo que le llev¨® a pedir en la querella la citaci¨®n como testigo del propio Hern¨¢ndez. El caso sigue en manos del juez decano de Santiago que desde hace meses desoye los requerimientos del fiscal para decretar el archivo. A ra¨ªz de la denuncia, dos subordinados de Hern¨¢ndez durante su ¨¦poca como alto cargo en la Xunta permanecen todav¨ªa imputados. Ayer, como durante toda la semana pasada, este diario intent¨® sin ¨¦xito contactar con el parlamentario para conocer su versi¨®n. El diputado prefiri¨® explicarse a trav¨¦s de un comunicado del PP. Anunci¨® que encargar¨¢ un informe a un "abogado independiente" para demostrar que cumpli¨® la Lei de Incompatibilidades de 1996, cuando dio el salto desde la Xunta al equipo directivo de dos constructoras a las que su conseller¨ªa hab¨ªa adjudicado infraestructuras por m¨¢s de 30 millones de euros. Las conclusiones de su letrado se comprometi¨® a enviarlas a la Conseller¨ªa de Presidencia, que es la que "en teor¨ªa abri¨® la investigaci¨®n". La nota la facilit¨® el PP con el objetivo de "responder a diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicaci¨®n".

Las explicaciones no convencieron al presidente de la gestora del PSdeG. En una entrevista en la Cadena SER, Ricardo Varela apel¨® directamente al futuro presidente de la Xunta y l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, a quien le pidi¨® que exija la renuncia de H¨¦rnandez al esca?o. El dirigente socialista pronostic¨® que, si no lo hace, entonces ser¨¢ Feij¨®o el que acudir¨¢ "bajo sospecha" al debate de investidura.