Las ruinas del narcotr¨¢fico

Lujosas mansiones, veloces planeadoras, barcos nodriza y todo tipo de costoso mobiliario embargados en los ¨²ltimos cinco a?os a las redes del narcotr¨¢fico que operan en las r¨ªas gallegas y con un valor total de unos 30 millones de euros, sucumben al paso del tiempo y la ruina. Una situaci¨®n de abandono que supera a los juzgados, impotentes para garantizar que estos bienes adquiridos con el dinero de la droga puedan revertir al Estado.

Nadie se atreve a cuantificar las p¨¦rdidas surgidas tras largos a?os de embargos preventivos porque son incalculables si la estad¨ªstica se remonta al principio de la guerra contra el narcotr¨¢fico, que comenz¨® en Galicia en 1990 con la Operaci¨®n N¨¦cora. La falta de una legislaci¨®n espec¨ªfica ha provocado que decenas de narcobuques hayan acabado devorados por el salitre, en el fondo del mar o incluso como refugio de personas sin techo. Algunos puertos, como el de Vilagarc¨ªa de Arousa (Pontevedra), se han convertido en cementerios marinos.

La expropiaci¨®n y la gesti¨®n de los patrimonios no est¨¢n reguladas

El fiscal Antidroga de Pontevedra pide un dep¨®sito para bienes embargados

En los dep¨®sitos de Aduanas y en las comandancias de Marina se amontonaron durante a?os planeadoras y lanzaderas, con todos sus instrumentos de navegaci¨®n, que utilizaban contrabandistas de tabaco y narcotraficantes, y en las comisar¨ªas de polic¨ªa, veh¨ªculos de todas las gamas se fueron aparcando hasta convertirse en chatarra.

Tampoco han corrido mejor suerte muchas de las propiedades embargadas por la Audiencia Nacional en la d¨¦cada de los 90. Algunas que pertenecieron al famoso clan de Los Charlines fueron saqueadas o acabaron arruinadas. S¨®lo lleg¨® a venderse en 2008, por 15 millones de euros, el Pazo de Bai¨®n, la mansi¨®n de Laureano Oubi?a, 12 a?os despu¨¦s de ser incautado.

Los legisladores no tuvieron capacidad de reacci¨®n ante la sucesi¨®n de redadas antidroga y de todo lo que estaba por llegar con el nuevo milenio en operaciones contra el blanqueo de dinero. S¨®lo a partir de 2006, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiti¨® enajenar bienes que fueran objeto o instrumento de delito. Un a?o antes, otra normativa dej¨® v¨ªa libre a las autoridades portuarias para disponer, siempre que lo autorizase un juez, de los barcos fondeados, ante el enorme riesgo que supon¨ªa su atraque sine die. Pero en la pr¨¢ctica la norma es insuficiente. La saturaci¨®n impide vender o sacar a subasta todos los bienes.

As¨ª proliferan casos como el de los 50 inmuebles embargados a Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, un camarero de Ribeira (A Coru?a) convertido en narcotraficante. Est¨¢n abandonados a su suerte y sin administraci¨®n judicial desde hace cinco a?os. Un hotel a pie de la playa, chal¨¦s con piscinas climatizadas, enormes pantallas de plasma, frigor¨ªficos de ¨²ltima generaci¨®n y todo tipo de lujoso mobiliario se deval¨²an cada d¨ªa. Adem¨¢s, comunidades de vecinos reclaman los gastos de algunos de los 20 pisos embargados que Pelopincho ten¨ªa a nombre de otros tantos testaferros.

El fiscal especial Antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azc¨¢rraga, admite que la Justicia a¨²n se ve impotente mientras se repite la situaci¨®n de abandono de barcos y propiedades equipadas sin reparar en gastos. Azc¨¢rraga afirma que la incautaci¨®n y la gesti¨®n de los patrimonios siguen hu¨¦rfanos de una regulaci¨®n espec¨ªfica, y que no existe una cultura judicial de la enajenaci¨®n anticipada, ni los que deben instarla est¨¢n mentalizados para ello, porque en contados casos se aplica la normativa. "Y es precisamente a trav¨¦s de esta medida c¨®mo el ciudadano percibe que la Justicia act¨²a, produciendo un efecto ejemplarizante y tambi¨¦n de alivio al comprobar que el delincuente no desarrolla su actividad impunemente. Estos datos deber¨ªan constituir suficiente acicate para que el legislador regulara con eficacia y precisi¨®n unas medidas de efectos tan notables", explica.

Desde el principio de su dilatada carrera contra el narcotr¨¢fico, Azc¨¢rraga dice que ha captado una permanente reticencia, tanto por parte de jueces como de fiscales, a la hora de incautar bienes, a pesar de su evidente deterioro y del elevado coste de su custodia. "Es el encorsetamiento burocr¨¢tico que envuelve la instrucci¨®n penal y que resulta m¨¢s llamativo, si cabe, cuando al titular de los bienes se le han intervenido los tel¨¦fonos, se le detiene, se allana y se registra su domicilio y, por ¨²ltimo, ingresa en prisi¨®n por tr¨¢fico de drogas, mientras la embarcaci¨®n en la que hab¨ªa portado la droga queda amarrada en un puerto hasta convertirse en chatarra", se?ala.

Adem¨¢s de la creaci¨®n de un dep¨®sito general de bienes embargados, el fiscal propone crear un organismo dedicado a esta tarea. "Es decir, eliminar las reticencias de jueces y fiscales, encomend¨¢ndoles la labor estrictamente jurisdiccional, y obtener los mejores rendimientos econ¨®micos del patrimonio incautado, que implica una mayor financiaci¨®n para el desarrollo de pol¨ªticas sociales de los drogodependientes. Es el Plan Nacional sobre Drogas el que dispone de los medios adecuados para asumir estas funciones porque es el ¨²ltimo destinatario de los decomisos y el m¨¢s interesado en recibirlos. Para ello bastar¨ªa la reforma de su normativa reguladora", apunta.

La Fiscal¨ªa Antidroga de la Audiencia Nacional est¨¢ dise?ando f¨®rmulas para la incautaci¨®n de bienes que estar¨ªan reguladas en un convenio que implique a varios ministerios.