El aborto, una decisi¨®n no deseada

Una forma de indagar el grado de implantaci¨®n democr¨¢tica de un pa¨ªs estriba en preguntarse por los derechos que disfruta su ciudadan¨ªa. En 1967, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Declaraci¨®n sobre la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra las Mujeres, que se institucionaliza como Comit¨¦ CEDAW en 1979. Surge as¨ª un instrumento internacional de vigilancia sobre esta materia, ante el cual los Estados que forman parte de Naciones Unidas deben presentar a examen sus leyes.

Si lo que mejor define la categor¨ªa de derechos humanos es su universalidad, lo que evidencia su grado de aplicaci¨®n reside en la legislaci¨®n, en especial, en los art¨ªculos de sus respectivos c¨®digos penales, porque en ellos se refleja lo que cada pa¨ªs tipifica como delito. Y en nuestro pa¨ªs, la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo todav¨ªa es hoy un acto constitutivo de delito, excepto en los tres supuestos establecidos por la Ley 9/85: cuando se practique como consecuencia de una violaci¨®n, si el feto pudiera nacer con severas deficiencias f¨ªsicas o ps¨ªquicas, y, por ¨²ltimo, si representa un grave peligro para la salud f¨ªsica y ps¨ªquica de la embarazada.

Se alzan voces que defienden la vida s¨®lo cuando es metaf¨ªsica: la que podr¨ªa ser, no la que es

El peso recae sobre ellas; no se insta a ellos a asumir la prevenci¨®n

En la actualidad la mayor¨ªa de los pa¨ªses desarrollados s¨®lo permiten el aborto en determinados supuestos al no poder negarse a las recomendaciones de la Organizaci¨®n Nacional de la Salud, que apunta un dato: cada seis minutos muere una mujer en el mundo por someterse a un aborto ilegal. M¨¢s de 64 pa¨ªses lo proh¨ªben totalmente, o como m¨¢ximo contemplan alguna excepci¨®n; en ?frica, Am¨¦rica Latina y Asia, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres est¨¢n confiscados por la interpretaci¨®n religiosa sobre el papel que ¨¦stas deben ocupar en la sociedad. Mientras que en el otro extremo encontramos la racionalidad: la tasa m¨¢s baja de abortos la registra Holanda, con un 12,8%, gracias a una moderna educaci¨®n sexual en clave preventiva.

Desde que el Ministerio de Igualdad present¨® el informe de los expertos, que no es otra cosa que una propuesta, aunque algunos le otorguen tratamiento de ley, el tema ha vuelto a ser central en los foros de discusi¨®n, lo cual representa una gran oportunidad para evaluar nuestras pol¨ªticas de educaci¨®n sexual y prevenci¨®n de embarazos no deseados. Sin embargo, son otras las voces que han captado la atenci¨®n. Son las que se preguntan sobre la necesidad de cambiar el C¨®digo Penal, bajo el pretexto de su no aplicaci¨®n, dado que ninguna mujer ha sido condenada a prisi¨®n, un dato que no parece servir para adherirse a la despenalizaci¨®n, como si fuera mejor mantenerlo como delito por si se necesitara en alg¨²n momento resarcir valores.Otra sospecha recae sobre la oportunidad de la reforma, al no constituir, se dice, una demanda social, a pesar de la serie negra afanosamente narrada sobre las pr¨¢cticas abortivas de las cl¨ªnicas privadas, que en estado de indefensi¨®n demandaban rigor en las informaciones. Cuando hubiera sido m¨¢s ¨²til interrogarse por qu¨¦ motivos el IVE no figura en la cartera de nuestros servicios sanitarios, omisi¨®n proporcional a la proliferaci¨®n de oferta privada.

Sea como fuere, lo m¨¢s llamativo ha sido la virtud arqueol¨®gica de volver a los a?os ochenta y reanimar a aquellos sectores especializados en la defensa de la vida, siempre que ¨¦sta sea discutida en un marco metaf¨ªsico: la que podr¨ªa ser, no la que es: la de individuos afectados por sida o la de aquellos que violan a ni?as por creer que la virginidad es un ant¨ªdoto a la epidemia africana. Ser¨ªa rid¨ªculo pretender que la Iglesia oficial atendiera razones cient¨ªficas, cuando su legitimaci¨®n hist¨®rica y presente se ha construido, precisamente, oponi¨¦ndose a cualquier avance de la ciencia, desde Miguel Servet hasta las c¨¦lulas madre. No es la raz¨®n lo que la distingue, sino la verdad revelada. Pues bien, aun aceptando esta diferencia, lo que s¨ª es motivo de an¨¢lisis son sus m¨¦todos para influir en la opini¨®n p¨²blica. Ahora goza de la gloria medi¨¢tica gracias a que sus declaraciones institucionales ya no se hacen en clave interna, sino que se ven amplificadas por c¨¢maras y micr¨®fonos, lo que le asegura la m¨¢xima visibilidad a la que aspira toda organizaci¨®n: ser noticia.

As¨ª, la f¨®rmula de impacto da resultado, una campa?a contra el aborto, donde la representaci¨®n no guarda ninguna relaci¨®n con lo representado: un ni?o, de un a?o porque gatea, comparte cartel con una cr¨ªa de lince. Imagen que, sin pretenderlo, s¨ª nos revela el tratamiento que la Iglesia oficial reserva para todos nosotros, un trato de especie, ante cuyo destino no vale invocar a la ciencia, y menos a¨²n a la voluntad. Sin olvidar la consideraci¨®n debida a las mujeres, a las que niega su condici¨®n de sujetos, para mantener la autenticidad que las define: su funci¨®n reproductora.

Lo que debe preocuparnos es cualquier coincidencia con sus posiciones. Resulta conservador, adem¨¢s de ineficaz, seguir colocando a las chicas j¨®venes en el punto de mira de la gestaci¨®n y de la anticoncepci¨®n. En torno al controvertido l¨ªmite de edad se han multiplicado los reportajes sobre la capacidad de las chicas en las distintas facetas de su vida social y p¨²blica. Adem¨¢s de seguir imputando la responsabilidad unilateralmente a las j¨®venes. A nadie le resultaba extra?o que se pudiera interrogar a las chicas si se consideraban mayores con 16 a?os para tomar decisiones, o acerca de sus m¨¦todos anticonceptivos, mientras que los chicos hab¨ªan desaparecido, y con ellos, sus obligaciones en la prevenci¨®n. De ah¨ª la potencia de la designaci¨®n de roles capaz de describir una situaci¨®n que, por definici¨®n, concierne a chicos y chicas, como una situaci¨®n donde de nuevo se niega la corresponsabilidad entre ambos.

Con el mismo criterio, el uso del t¨¦rmino "quedarse embarazada", en una suerte de fen¨®meno end¨®geno, se convert¨ªa en un enunciado recurrente, tanto por parte de profesionales de la planificaci¨®n familiar como de cualquier sector que exprese una posici¨®n al respecto, porque todos incorporamos significados y contribuimos a que sigan vigentes.

En vez de todo esto, la discusi¨®n deber¨ªa centrarse en una estrategia sexual de prevenci¨®n, buscando soluciones para que chicas y chicos no vivan su sexualidad como un dilema entre el placer y los m¨¦todos anticonceptivos, sino que los integren en sus juegos sexuales al fin de evitar que otras decisiones no deseadas deban arbitrarse. Ser¨ªa la ocasi¨®n para revisar el grado de acceso y eficacia a los servicios p¨²blicos de salud en esta materia. Por ejemplo, conocer el impacto que ha tenido la p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s en Espa?a desde que se introdujo en el a?o 2001, y que debe dispensarse 72 horas despu¨¦s del coito para garantizar su eficacia.

La pregunta es si aquellas comunidades aut¨®nomas con restricciones m¨¢s severas en el acceso a estos m¨¦todos anticonceptivos sabr¨ªan c¨®mo contribuyen por omisi¨®n a tomas de decisiones extremas, o qu¨¦ pol¨ªticas p¨²blicas promueven en esta materia. Es la mejor ocasi¨®n para abordar una educaci¨®n sexual basada en la mutua responsabilidad de la anticoncepci¨®n, como un derecho universal, eliminando el calvario que las mujeres afrontan al tener que decidir lo que siempre hubieran querido evitar.

Soledad Murillo es profesora de Sociolog¨ªa de la Universidad de Salamanca y miembro del Comit¨¦ CEDAW de Naciones Unidas.