Fiscal¨ªa dubitativa

Si alguna duda hab¨ªa sobre el escaso entusiasmo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n porque el caso Correa llegue al Tribunal Supremo, el informe sobre esta cuesti¨®n que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece haberla despejado. Anticorrupci¨®n no descarta esa posibilidad, pero la estrategia procesal que dibuja parece destinada a alejarla, lo que puede terminar por afectar a la propia investigaci¨®n.

La posible competencia del Supremo no s¨®lo deriva de la implicaci¨®n en la causa de aforados nacionales -un senador y un eurodiputado-, sino de aforados de dos autonom¨ªas diferentes: Madrid y Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suscit¨® la cuesti¨®n al hacerse cargo de la parte de la causa que le remiti¨® el juez Garz¨®n y solicit¨® el correspondiente informe a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La respuesta ha sido que no hay raz¨®n para que el Supremo asuma el caso, pues no hay una causa, sino dos, y con sus propios aforados. Y ello porque los hechos que afectan a Francisco Camps y Ricardo Costa -d¨¢divas recibidas en forma de trajes- no aparecen de momento "relacionados con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa". Su investigaci¨®n corresponder¨ªa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia en una causa exclusivamente circunscrita a los dos altos cargos y aforados valencianos. Para Anticorrupci¨®n no constituye suficiente nexo de uni¨®n con la causa principal el que los trajes, seg¨²n los indicios, fueran pagados por sociedades de la trama empresarial de Correa.

Estos argumentos sirven para lo contrario al aplicarlos a los dos ex altos cargos valencianos no aforados implicados por los mismos hechos que Camps y Costa. En este caso la investigaci¨®n se remite a la causa que se tramita en Madrid con un argumento desconcertante: all¨ª se podr¨¢ probar si ha existido alguna relaci¨®n entre las d¨¢divas recibidas y la actividad de las empresas de Correa. ?Quiere ello decir que el Tribunal de Justicia de Valencia no podr¨¢ hacer lo propio con Camps y Costa? Si fuera as¨ª, se abrir¨ªa la puerta a un posible sobreseimiento o a una lectura penal benigna de lo sucedido. Todo ello hace dudar del sentido, y sobre todo de la congruencia, de la estrategia seguida por Anticorrupci¨®n en una causa que, por los intereses pol¨ªticos y personales en juego, necesita un firme y decidido impulso procesal para llevarla a t¨¦rmino.