"A final de a?o presentar¨¦ la ley para dar m¨¢s poder de instrucci¨®n a los fiscales"

Francisco Caama?o Rodr¨ªguez (C¨¦e, A Coru?a, 1963) ha sido, hasta su nombramiento como ministro de Justicia, el art¨ªfice de muchas soluciones jur¨ªdicas que han desbloqueado algunas de las leyes m¨¢s controvertidas del Gobierno. En sus a?os de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, este catedr¨¢tico de Derecho Constitucional tuvo que encontrar respuestas imaginativas a problemas pol¨ªticos que amenazaban la estabilidad del Ejecutivo. Ahora, con el ministerio en llamas, Caama?o se ha puesto el traje de bombero para evitar otra huelga de jueces y sacar adelante reformas legales pendientes desde que arranc¨® la democracia.

Llega a la entrevista tras asistir a un desayuno informativo donde el fiscal general, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha lanzado una andanada contra la polic¨ªa. Se declara desconcertado. Durante una hora de conversaci¨®n, en el asiento de ministro se sienta un catedr¨¢tico de Constitucional que demuestra que las leyes esconden, en ocasiones, distintas verdades. Y un pol¨ªtico que huye de la confrontaci¨®n como de la peste.

'Caso Tirado' "El Poder Judicial pudo haber aplicado mayor rigor, pero sus razones tendr¨¢"

Sanciones a jueces "No tengo ninguna previsi¨®n de endurecerlas. Pongo el contador a cero"

Fuga de Bushi "Se ha dado una cadena de errores en un hecho grave pero excepcional"

La trama G¨¹rtel "Si hay perjuicio para Hacienda, el Estado se personar¨¢ en el caso"

Cacer¨ªa de Bermejo "Un cargo p¨²blico debe ser prudente, pero tampoco hay que exagerar"

Nuevo C¨®digo Penal "Quiz¨¢ hab¨ªa algunos excesos en el proyecto. Vamos a atemperarlos"

Pregunta. ?Cree que va a haber huelga de jueces?

Respuesta. Cuando tom¨¦ posesi¨®n de mi cargo no me puse como horizonte el 26 de junio [fecha anunciada para la huelga]. Ni se me ocurri¨®. Mi horizonte de trabajo es el fin de una legislatura. Estamos poniendo nuestra mejor voluntad de di¨¢logo. Ahora bien, seremos firmes a la hora de defender los intereses generales de la Administraci¨®n de Justicia. En este momento hay diversas mesas de trabajo donde hay muy buena voluntad de las asociaciones de jueces. Soy optimista.

P. De las reivindicaciones de los jueces, ?qu¨¦ punto cree que el Gobierno no puede asumir?

R. Hay cuestiones que se pueden hablar y que entran dentro de lo razonable. Hay otras que ellos mismos son conscientes de que no se pueden articular de inmediato, bien porque requieren una ley o porque est¨¢n muy condicionadas por la crisis econ¨®mica. Los funcionarios de Justicia son solidarios y est¨¢n dispuestos a posponer algunas reivindicaciones, aunque quieren trabajar, y me parece razonable, en proyectos de ley que estructuren de otra manera su modelo retributivo.

P. Su antecesor vincul¨® las protestas de los jueces a lo sucedido con Rafael Tirado en el caso Mariluz. ?Qu¨¦ opini¨®n le merece la tibia sanci¨®n contra este juez?

R. En cuanto a las causas de la huelga, seguramente hubo un c¨²mulo de circunstancias. Pero, en mi opini¨®n, existe una que no es coyuntural: el hecho de que la justicia haya sido la hermana menor de la democracia espa?ola. La decisi¨®n sobre las conductas de los jueces corresponde al Consejo del Poder Judicial, y yo, como ministro, no entrar¨¦ nunca a valorar las decisiones del Consejo.

P. ?No comparte las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno

[pidi¨® tres a?os de suspensi¨®n al juez Tirado]?

R. Creo que el Consejo del Poder Judicial es responsable de sus decisiones y que pudo haber adoptado una de mayor rigor, pero sus razones tendr¨¢. A unos gustar¨¢ m¨¢s y a otros menos, pero es ¨¦l quien debe tomar esa decisi¨®n.

P. Al calor de esa pol¨¦mica, el ex ministro Fern¨¢ndez Bermejo anunci¨® el endurecimiento del r¨¦gimen disciplinario de los jueces.

R. Al poner el contador a cero me refer¨ªa precisamente a negociar para llegar juntos a acuerdos. Yo no tengo ning¨²n tipo de previsi¨®n en este momento de proceder a ese tipo de endurecimientos, sino m¨¢s bien a trabajar y llegar a acuerdos.

P. El Poder Judicial propone desviar un mill¨®n de asuntos penales leves a los jueces de paz.

R. Me congratulo de que el Consejo haya hecho una propuesta de modernizaci¨®n de la justicia, pero en esa hoja de ruta hay cuestiones que tienen mejores soluciones. Nosotros apostamos por una justicia titular, y los jueces de paz son jueces legos. Por esa sola raz¨®n creo que ¨¦sa no es una de las soluciones m¨¢s acertadas.

P. El Consejo critica la reforma del C¨®digo Penal por la dureza de algunas penas. Como constitucionalista, ?no cree que el proyecto est¨¢ un poco pasado de rosca?

R. Como constitucionalista y como ministro, vamos a atender los informes del Consejo y de la Fiscal¨ªa General del Estado, en los que se hacen muchas observaciones respecto de delitos cuyo tipo puede ser excesivo. Creo que figuras como la libertad vigilada y los delitos cometidos por las personas jur¨ªdicas son necesarias, igual que atender nuevas f¨®rmulas de criminalidad, como los delitos en el ciberespacio. Pero como constitucionalista estoy convencido de que se tiene que hacer atendiendo a dos principios: intervenci¨®n m¨ªnima del derecho penal y proporcionalidad. Las penas tienen que adecuarse a las conductas sancionadas. En ello estamos trabajando para poder remitirlo a las Cortes lo antes posible.

P. ?El concepto de libertad vigilada se va a mantener?

R. En todos los pa¨ªses se est¨¢ introduciendo alg¨²n sistema para que, una vez cumplida la pena principal, y para ciertos delitos, haya una pena accesoria con determinadas obligaciones una vez que uno sale de la c¨¢rcel. Lo que vamos a hacer es aplicar elementos de proporcionalidad. Quiz¨¢ hab¨ªa algunos excesos en la forma en que estaba regulada en el proyecto de c¨®digo, y vamos a atemperarlos, pero siendo conscientes de que hay algunos delitos que exigen esta protecci¨®n. Durante mucho tiempo, el derecho penal no se lo ha puesto f¨¢cil a las v¨ªctimas. Y la sociedad moderna nos ha puesto de manifiesto que hay delitos en los que, cumplida la pena principal, la protecci¨®n de la v¨ªctima requiere que haya procedimientos posteriores.

P. ?Hay fecha para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

R. Yo persigo llevar el C¨®digo Penal en este periodo de sesiones para que en verano puedan tenerlo en las C¨¢maras. Pero tambi¨¦n pienso poner en marcha otra ley, en mi opini¨®n m¨¢s importante que la de Enjuiciamiento Criminal, que es la nueva Ley de Planta y Demarcaci¨®n. Tenemos una Ley de Planta de 1988 que no contempla ni los juzgados de lo mercantil ni los de lo contencioso ni los de menores ni los de familia ni los de violencia de g¨¦nero. En cuanto a la de Enjuiciamiento Criminal, es una ley de 1881: ofrece una respuesta del siglo XIX a una sociedad del siglo XXI. Es imprescindible abordarla. Estamos en ello, intentando superar la dicotom¨ªa tradicional entre fiscal y juez instructor. Hay que dar un mayor protagonismo en la instrucci¨®n a los fiscales, y el juez debe ser un juez de garant¨ªas. No quiere decir que tenga que desaparecer de la fase instructora, pero debe ser un juez de garant¨ªas de derechos. Creo que podremos llevar la ley, despu¨¦s de que pase por los ¨®rganos consultivos, hacia finales de este a?o al Parlamento.

P. ?No teme que esa declaraci¨®n de que la fiscal¨ªa gane protagonismo en la instrucci¨®n soliviante a los jueces?

R. Los jueces quieren, con raz¨®n, que exista un control judicial de la instrucci¨®n, y que ellos sean los principales garantes de los derechos de los ciudadanos. Es lo que la Constituci¨®n les atribuye. Y quiero adem¨¢s que lo sigan haciendo con la nueva ley. Pero quiero tambi¨¦n librarles de la tarea de averiguar todos los hechos, de encontrar la verdad y remover todos los obst¨¢culos que se van presentando en la investigaci¨®n, y que a la vez tengan que operar como garantes de las personas que est¨¢n investigando. Puede haber cierto recelo sobre un modelo que descartase completamente al juez de la instrucci¨®n. Sin embargo, un juez que est¨¢ en la instrucci¨®n y que no tenga esa funci¨®n extra?a de hoy, sino que tenga la que cabalmente le corresponde, puede ser bien recibido por jueces y magistrados.

P. Cada ministro esboza un sistema de acceso a la carrera judicial. Usted propone conservar la nota para el siguiente ejercicio.

R. Se estaba dando el fen¨®meno de que se sacaban plazas pero no se cubr¨ªan. De poco sirve crear m¨¢s ¨®rganos judiciales y sacar m¨¢s plazas de jueces si se cubre un porcentaje reducido. La oposici¨®n es muy dura: cinco a?os de trabajo de media despu¨¦s de acabar la carrera. Lo que hacemos es recuperar un mecanismo que ya exist¨ªa, y que el opositor sepa que va a poder conservar algo de lo que ha estudiado. Se trata de mantener el primer ejercicio a quien ha obtenido una media de notable, no a cualquiera.

P. En la fuga de Astrid Bushi [jefe de la banda que asalt¨® el chal¨¦ de Jos¨¦ Luis Moreno], ?usted se pone de parte del juez para exculparle, como se puso el ministro del Interior de parte de la polic¨ªa?

R. Creo que se ha dado una cadena inusual de errores en un supuesto que es grave pero excepcional. En Espa?a se mueven cada d¨ªa miles de presos que van a declarar a diversos juzgados con normalidad. Hay abiertas unas diligencias por parte de la polic¨ªa y otras en el Consejo del Poder Judicial. Veo prudente esperar.

P. ?No hay nada que mejorar en los procedimientos?

R. Los procedimientos son muy rigurosos; pero, si de las diligencias se deduce que hay que modificar procedimientos de la polic¨ªa o la justicia, lo haremos.

P. El Tribunal Supremo aplica una caducidad de seis meses a los expedientes disciplinarios a jueces, lo que deja impunes muchas sanciones. ?Debe reformarse?

R. La tramitaci¨®n de los expedientes es del Consejo del Poder Judicial y no voy a cuestionar las interpretaciones que haga el Supremo. Pero, si el efecto es que no prosperan expedientes que deber¨ªan prosperar, habr¨¢ que hablarlo en la comisi¨®n mixta que tenemos con el Consejo, y ver si es necesaria alguna modificaci¨®n.

P. ?Tiene alguna afici¨®n, adem¨¢s de la pol¨ªtica y el derecho?

R. S¨ª, la vela. Navegar.

P. ?Navegar¨ªa en el mismo barco con un juez que estuviera instruyendo una causa que afecta al principal partido de la oposici¨®n?

R. Creo que siempre hay que ser prudente cuando se est¨¢ en un cargo p¨²blico, pero no hay que levantar extra?as sospechas. Y tampoco hay que exagerar. La prudencia es conveniente, pero no veo bien que se levanten sospechas permanentes porque un ministro de Justicia se encuentre tomando un caf¨¦ con un magistrado del Supremo o hablando con un ex compa?ero catedr¨¢tico.

P. ?Se atrever¨ªa a fijar una fecha para la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional?

R. La voluntad del Gobierno y del Grupo Socialista en el Senado ha sido siempre la de la m¨¢xima disponibilidad a renovarlo. Hemos sido leales al esp¨ªritu de la ley y esperamos que los otros implicados en ese proceso lo sean. Cuando las cosas necesitan a m¨¢s de uno, no dependen s¨®lo de uno. Si pudiera ser, ma?ana mismo.

P. Ustedes son los que no aceptan a los dos candidatos del PP...

R. Hay un procedimiento y una negociaci¨®n. El Grupo Socialista considera que los candidatos y el modo en que han sido propuestos por el PP no es el m¨¢s adecuado a la filosof¨ªa de la ley y al procedimiento. El PP tendr¨¢ que adoptar una decisi¨®n.

P. ?Qu¨¦ tendr¨ªa que hacer el PP? ?Retirar a sus candidatos?

R. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer el PP. El Reglamento del Senado tiene previstas todas las incidencias. Lo que hay que tener es voluntad de desbloquear el acuerdo; el Gobierno y el grupo socialista la tienen.

P. ?Es posible la renovaci¨®n antes de que el tribunal se pronuncie sobre el Estatuto catal¨¢n?

R. Estamos en disposici¨®n de renovar el tribunal cuanto antes.

P. ?Cree que el Constitucional tumbar¨¢ aspectos b¨¢sicos de ese texto como la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica, el pre¨¢mbulo que habla de la "naci¨®n" catalana o la financiaci¨®n?

R. Yo creo, como constitucionalista, que el Estatuto de Catalu?a es constitucional.

P. ?Se personar¨¢ la Abogac¨ªa del Estado en el caso de la trama corrupta vinculada al PP?

R. La personaci¨®n del Estado s¨®lo se produce cuando hay un grave perjuicio para la Hacienda P¨²blica. Si hay un grave perjuicio, sin duda se personar¨¢. Estamos ante un sumario con muchos elementos secretos. El juez Garz¨®n ha dado traslado a la Abogac¨ªa del Estado y ¨¦sta ha pedido, como hace siempre, un informe a la Agencia Tributaria. No lo duden: si hay un grave detrimento para la Hacienda P¨²blica, en este asunto y en cualquier otro, la Abogac¨ªa se personar¨¢.

P. Parece que la Abogac¨ªa del Estado ha actuado en el caso Prestige simplemente para evitar un gasto al Estado. Adem¨¢s, la juez ha retirado la imputaci¨®n a un alto cargo de Fomento bas¨¢ndose en el informe de un perito que trabaj¨® antes como asesor del ministerio. ?Qu¨¦ le parece?

R. Las decisiones judiciales las respeto y no las cuestiono. La acusaci¨®n corresponde a la Fiscal¨ªa. Lo que corresponde a la Abogac¨ªa es defender al Estado del pago que pueda derivarse del perjuicio patrimonial, que recaer¨ªa sobre los impuestos de todos. Creo que la Abogac¨ªa ha actuado con sujeci¨®n a la legalidad.

P. ?Cree que la jurisdicci¨®n universal debe limitarse?

R. La jurisdicci¨®n universal es algo que las democracias avanzadas, entre ellas Espa?a, le deben a aquellos pa¨ªses que no tienen un Estado democr¨¢tico. Soy un defensor de la jurisdicci¨®n universal. Cosa distinta es que puede plantear algunos problemas de relaciones entre Estados, cuando se internacionalizan determinados procesos. Tanto la Audiencia Nacional como la Fiscal¨ªa est¨¢n trabajando para establecer mecanismos como el de la subsidiariedad, en el sentido de esperar a ver si hay una investigaci¨®n y, s¨®lo si no se produce, poder actuar aqu¨ª.

P. ?Entender¨ªa que la Audiencia investigase las torturas en Guant¨¢namo?

R. Coincido con la Fiscal¨ªa del Estado, que ha emitido un informe en contra y que tiene argumentos jur¨ªdicos de peso. El principio de subsidiariedad con pa¨ªses inequ¨ªvocamente democr¨¢ticos debe tenerse presente.

P. ?Y el caso de Israel?

R. Se ha hecho una interpretaci¨®n muy sensata de la jurisdicci¨®n universal. La respuesta que se ha dado, que es aplicar la regla de la subsidiariedad, la comparto.