Manos a la obra

La Ley de Dependencia naci¨® a finales de 2006 con gran ambici¨®n pol¨ªtica, pero tocada por una grave debilidad: la necesidad de coordinar con lealtad institucional al Gobierno central con los Gobiernos aut¨®nomos. A tal debilidad, que ha sido especialmente evidente en las comunidades de Madrid y Valencia, feudos del Partido Popular, se uni¨® el apego a la burocracia de este pa¨ªs y los vaivenes que ha sufrido de ministerio en ministerio. Primero en manos del entonces responsable de Trabajo, Jes¨²s Caldera, pas¨® posteriormente al Ministerio de Educaci¨®n y ahora se traslada por tercera vez, adjudic¨¢ndose a la nueva ministra de Sanidad, Trinidad Jim¨¦nez.

El resultado de todo ello es el cierto retraso que est¨¢ sufriendo la aplicaci¨®n de una ley esencial para que el nivel de protecci¨®n social de este pa¨ªs deje de estar a la cola de Europa. Ya hay 628.614 beneficiarios, pero se sabe que son muchas m¨¢s personas las que tienen derecho a acogerse a ella (quiz¨¢ el doble) y tambi¨¦n se sabe que hay multitud de familias que siguen enredadas en el papeleo reclamando una prestaci¨®n que les resulta urgente.

Ahora se abre una nueva ventana de esperanza. Incorporar la pol¨ªtica social al Ministerio de Sanidad es plenamente coherente. No es descartable que aumente la eficacia de ambas pol¨ªticas, dado que en ocasiones se solapan. Y son alentadores los primeros pasos de la nueva ministra, una mujer de la mayor confianza del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Jim¨¦nez parece decidida a dar a la ley el impulso que necesita. As¨ª lo ha anunciado y en esa direcci¨®n han ido sus primeros gestos pol¨ªticos. M¨¢s all¨¢ de los mismos, ha iniciado su mandato negociando con los Gobiernos aut¨®nomos un nuevo sistema de reparto financiero. Se acab¨® el caf¨¦ para todos y tambi¨¦n el de hacer caja gracias a las transferencias econ¨®micas de Madrid sin el l¨®gico seguimiento del uso de ese dinero, que en este a?o suma casi 1.600 millones de euros.

El 80% del dinero que reciben las comunidades se seguir¨¢ ateniendo al criterio (con ciertas correcciones) de la poblaci¨®n, pero el 20% restante estar¨¢ ligado a las evaluaciones hechas (para decidir si un solicitante tiene derecho a una determinada ayuda). As¨ª, las regiones m¨¢s diligentes en aplicar la ley, como Castilla y Le¨®n o Andaluc¨ªa, se ver¨¢n beneficiadas frente a las que han arrastrado los pies, como Madrid y Valencia.

El criterio ahora establecido quiz¨¢ no sea el ¨®ptimo. Por ejemplo, habr¨ªa sido m¨¢s sensato ligar ese 20% al n¨²mero de personas ya atendidas y no a las evaluadas. El propio ministerio prev¨¦ tener que ir ajust¨¢ndolo a medida que se desarrolle la ley y se implante en toda Espa?a, pero todo parece indicar que los gobernantes se han puesto manos a la obra.

La crisis econ¨®mica no ayuda, pero esta ley es de largo recorrido y merece que se la tome en serio.