El bipartito dej¨® v¨ªa libre para legalizar una piscifactor¨ªa con orden de derribo

Insui?a, SL, filial de Pescanova,podr¨¢ construir una piscifactor¨ªa de 57.000 metros cuadrados en Moug¨¢s, ayuntamiento de Oia, en suelo no urbanizable de protecci¨®n de costas pese a las sentencias judiciales que desde hace tres a?os han insistido en anular la licencia municipal y ordenar la demolici¨®n de las instalaciones. En la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial tambi¨¦n est¨¢n activos varios expedientes contra la granja pisc¨ªcola, algunos abiertos cuando el actual presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, dirig¨ªa ese departamento. Ayer mismo, sin embargo, se recibi¨® en esta conseller¨ªa el expediente que no s¨®lo legalizar¨¢ lo construido, sino que autoriza duplicar las instalaciones.

En Pol¨ªtica Territorial sigue vivo un expediente sancionador

El Diario Oficial de Galicia public¨® el mi¨¦rcoles la declaraci¨®n de impacto ambiental de la piscifactor¨ªa de Insui?a en Moug¨¢s, que se refiere paladinamente a que las actuales instalaciones ya ocupan una superficie de 12.300 metros cuadrados. La piscifactor¨ªa prev¨¦ una producci¨®n de 160 toneladas de rodaballo al a?o, y el placet de Medio Ambiente al proyecto ha confluido ya en la mesa del nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, con los de Patrimonio, Turismo y Urbanismo, que inform¨® en materia de costas a la vista del Plan Galego de Acuicultura. Pero en este mismo departamento de Urbanismo obran otros expedientes que a¨²n no han sido sustanciados.

En 1999 los titulares de un camping colindante a la piscifactor¨ªa denunciaron sus primeras irregularidades. Pol¨ªtica Territorial, dirigida entonces por Xos¨¦ Cui?a, ya hab¨ªa denegado un a?o antes a Insui?a el proyecto de ampliar las instalaciones. La empresa hab¨ªa obtenido licencia municipal para edificar 2.000 metros cuadrados. En 2004 los inspectores de la conseller¨ªa midieron hasta 7.000 metros en una ampliaci¨®n "sin la preceptiva autorizaci¨®n auton¨®mica", que la Xunta declar¨® "ilegalizables por incompatibles con el ordenamiento urban¨ªstico".

En consecuencia, Pol¨ªtica Territorial orden¨® su demolici¨®n y prohibi¨® los usos a que se estaban dedicando las instalaciones, "advirtiendo al interesado de que en caso de incumplimiento de la orden de demolici¨®n -que deber¨ªa realizarse en dos meses- se proceder¨ªa a su ejecuci¨®n subsidiaria o forzosa".

El expediente de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica se inici¨® en febrero de 2005, ya con N¨²?ez Feij¨®o dirigiendo Pol¨ªtica Territorial. El asunto salt¨® a los tribunales, donde acab¨® por dirimirse el a?o pasado con dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que por una parte confirm¨® la orden de demolici¨®n y, por otra, en procedimiento aparte, anul¨® incluso la licencia municipal inicial para edificar 2.000 metros.

Entre las irregularidades manifiestas se constata que las edificaciones ocupaban m¨¢s del 68% de la parcela en que se asientan, cuando legalmente no pod¨ªan exceder del 20%, o que la edificabilidad era de 0,68 metros cuadrados por metro cuadrado de suelo, cuando el m¨¢ximo autorizable era de 0,20 metros. La ocupaci¨®n ni siquiera reun¨ªa el requisito de la superficie m¨ªnima de la parcela edificable, ya que las fincas que la formaban carec¨ªan de unidad. La granja, no obstante, ha seguido produciendo sin interrupci¨®n.

Con el Plan Galego de Acuicultura, como plan sectorial que es, el suelo de ¨¦sta y de las dem¨¢s granjas que se instalen a su amparo, seg¨²n han se?alado fuentes diversas de la Xunta, pasa a ser enteramente p¨²blico y la empresa, a explotarlo en r¨¦gimen de concesi¨®n. Administrativamente, por tanto, la piscifactor¨ªa de Insu¨ª?a es legalizable y corresponder¨¢ a la nueva Xunta dar ese tr¨¢mite.

Paralelamente, sin embargo, en Pol¨ªtica Territorial siguen abiertos el expediente sancionador, con multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros mensuales desde 2005 -de las que Insui?a s¨®lo ha recibido las correspondientes a dos meses, uno de 2006 y otro de 2007-, y el expediente de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica, que si confirma la demolici¨®n, de nuevo corresponder¨ªa al conselleiro ponderar su alcance a la vista del Plan de Acuicultura.