Transparencia

Al contrario que los profesores, no se puede imponer servicios m¨ªnimos a los estudiantes ni a los padres de alumnos. Gracias a eso, la huelga de la ense?anza p¨²blica revel¨® el martes los perfiles masivos de un malestar hacia la pol¨ªtica de la Generalitat que se prolonga desde aquella infame falta de respeto de tratar de imponer la traducci¨®n al ingl¨¦s de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. Alega el conseller Font de Mora que su departamento se debe al programa con el que gan¨® el PP las elecciones, como si la opini¨®n de los afectados, es decir, de los usuarios en huelga de un servicio p¨²blico, no tuviera el menor peso.

La coartada de Font de Mora, por lo dem¨¢s, es absurda. Invito a los lectores a imaginar qu¨¦ preceptos puede contener el mandato electoral del conseller contrarios a acabar con los barracones, establecer una red de educaci¨®n infantil p¨²blica, suplir la falta de profesores, sumar especialistas en lenguas extranjeras, garantizar el requisito del valenciano o actuar contra el alarmante fracaso escolar. S¨®lo el ensimismamiento en que vive instalado el Consell puede explicar lo que ocurre con la ense?anza, y lo que no ocurre en casi ninguna de las ¨¢reas de un gobierno paralizado por la perspectiva de que su presidente sea llamado a declarar sobre su ¨ªntima relaci¨®n con integrantes de una trama corrupta que le habr¨ªan regalado algunos trajes.

Ante la negativa total de Francisco Camps y de su partido a ofrecer explicaciones razonables, las revelaciones que el sumario instruido por el juez Garz¨®n va deparando son los aldabonazos de un esc¨¢ndalo que mina poco a poco la credibilidad de la administraci¨®n y de sus responsables. Pero eso es lo que hay. Y apelar al secreto del sumario como manto protector hecho jirones por las "filtraciones" es un s¨ªntoma m¨¢s de que, en lugar de afrontar responsabilidades, se persiste en el intento de escapar por la tangente. El conflicto entre el secreto del sumario y la libertad de informaci¨®n no es nuevo. Ni lo es que, en el foro agitado de los medios, algunos tachen de "filtraciones" ciertas noticias publicadas por la competencia que ser¨ªan "exclusivas" en sus manos. El argumento se repite cada vez que un caso de corrupci¨®n sacude la fachada euf¨®rica de un pol¨ªtico, de una instituci¨®n o de un partido. Y aciago ser¨¢ el d¨ªa en que un secreto sumarial obsoleto en su regulaci¨®n pueda imponerse al derecho constitucional a la informaci¨®n en cualquier investigaci¨®n que afecte a la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos, porque nos jugar¨ªamos entonces libertades de primer orden.

La relaci¨®n entre opacidad institucional y corrupci¨®n es f¨¢cilmente demostrable. La tenemos, de hecho, ante nuestros ojos. De ah¨ª que resulte cada d¨ªa m¨¢s necesaria para la higiene p¨²blica una regulaci¨®n de la transparencia informativa que evite espect¨¢culos como el del esforzado grupo parlamentario de Comprom¨ªs pel Pa¨ªs Valenci¨¤ revisando papeles uno a uno hasta dar con contratos menores de la Generalitat con al menos cinco empresas de la trama de corrupci¨®n de Francisco Correa y ?lvaro P¨¦rez. O el bochorno de que Camps resuma su declaraci¨®n de bienes en un comunicado tras verse retado por el socialista Jorge Alarte, que public¨® la suya.

Rodr¨ªguez Zapatero lleva por segunda vez esta legislatura en su programa el compromiso de elaborar una ley de transparencia como la que ha preservado hasta ahora en Estados Unidos su din¨¢mica democracia. Creo que hay motivos para temer que esta vez tampoco cuaje el proyecto. Y sin embargo, hay pocas cosas que nos hagan tanta falta.