El juez admite al PP como acusaci¨®n particular en la trama de Correa

El PP ser¨¢ acusado y acusador en la causa sobre la trama de corrupci¨®n orquestada por Francisco Correa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El magistrado instructor, Antonio Pedreira, permiti¨® ayer que esa formaci¨®n se presente como perjudicada en el caso y ejerza la acusaci¨®n particular a pesar de que varios de los principales imputados son cargos, dirigentes y afiliados de ese partido. El juez que destap¨® la trama, Baltasar Garz¨®n, rechaz¨® esta posibilidad el pasado 13 de febrero. "El postulante no puede ostentar la condici¨®n de [perjudicado]", porque exist¨ªan "serios indicios de responsabilidad de personas vinculadas a o integrantes de esa formaci¨®n", mantuvo entonces el magistrado de la Audiencia Nacional.

Pedreira, sin embargo, admite ahora al PP como parte en la causa previo pago de una fianza de 1.500 euros, seg¨²n un comunicado emitido por el TSJM en la ma?ana de ayer. Su decisi¨®n se basa, seg¨²n esa nota, en "una interpretaci¨®n amplia del art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n", que en su apartado primero establece que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg¨ªtimos, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n". La decisi¨®n permitir¨¢ a la formaci¨®n acceder a todos los datos del sumario una vez que se levante el secreto.

El partido, dice la nota, "entiende que no figura en la causa como acusado, sino como acusador" contra los principales imputados hasta el momento, el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa; el ex secretario de Organizaci¨®n del PP gallego Pablo Crespo y Antoine S¨¢nchez -todos ellos en prisi¨®n provisional- por ser los "administraciones de hecho y de derecho" de las sociedades Special Events, Easy Concept y Good and Better.

Sin embargo, la imputaci¨®n de los tres diputados regionales madrile?os implicados en la causa -confirmados el pasado jueves en su puesto por la presidenta Esperanza Aguirre- as¨ª como de los alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarc¨®n y Boadilla del Monte por seis delitos, entre ellos, los de cohecho y tr¨¢fico de influencias, se basa, precisamente, en adjudicaciones a esas empresas.

El ex consejero madrile?o de Deportes y actual parlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto L¨®pez Viejo, "estar¨ªa vinculado con la organizaci¨®n empresarial investigada a la que habr¨ªa beneficiado en diferentes eventos, desde su posici¨®n oficial en la Comunidad de Madrid", seg¨²n el auto por el que Garz¨®n se inhibi¨® del caso. El diputado regional Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco medi¨® supuestamente a cambio de cantidades de dinero y otros regalos para "la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos a Easy Concept", relataba esa resoluci¨®n y el alcalde de Boadilla, Arturo Gonz¨¢lez Panero, adjudic¨® a esa misma empresa la Oficina de Atenci¨®n al Ciudadano durante 14 a?os mientras el parlamentario Bosch ocup¨® el puesto de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.

Concursos a medida

Los concursos, relataba el juez, "se dise?aban a medida, de tal forma que el tr¨¢mite administrativo ten¨ªa lugar adjudic¨¢ndose aqu¨¦l a la empresa presentada por Correa". El grupo liderado por el l¨ªder de la trama lleg¨® a organizar los actos de promoci¨®n del PP en "una situaci¨®n pr¨®xima al monopolio", seg¨²n el magistrado de la Audiencia Nacional.

La decisi¨®n de Pedreira caus¨® sorpresa entre varios jueces y fiscales consultados por este peri¨®dico, que advirtieron de la "comunidad de intereses" que podr¨ªa producirse entre la acusaci¨®n que ejercer¨¢ el partido y las defensas de todos sus nueve cargos y dirigentes imputados. Sin olvidar la rama valenciana, que estudia el tribunal superior de esa comunidad, y en la que los principales implicados son el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

"La funci¨®n de la acusaci¨®n es acusar, pero hasta el momento, lo que ha tratado de hacer el PP es deslegitimar el proceso. Incluso se ha querellado contra el juez en el Supremo", sostuvo uno de los fiscales consultados. La querella fue archivada.