TVE, sin anuncios

La supresi¨®n de la publicidad en TVE decidida ayer por el Gobierno es un hito en la historia audiovisual de este pa¨ªs, aunque no se extienda a las emisoras auton¨®micas, asignatura que queda pendiente. Se acaba as¨ª el m¨¦todo de doble sistema de financiaci¨®n (presupuesto p¨²blico y anuncios publicitarios) de la televisi¨®n estatal, que constitu¨ªa un privilegio en la competencia con las cadenas privadas.

Esta decisi¨®n deber¨ªa integrarse como parte de la pendiente Ley General Audiovisual, cuya tramitaci¨®n acumula retraso. La anticipaci¨®n de esta medida obedece al impacto de la reforma ya realizada en Francia, que persigue id¨¦ntico objetivo, y al recrudecimiento de la urgencia derivada de la crisis econ¨®mica, que afecta de lleno a un sector emergente que crea mucho empleo. Exist¨ªa ya un consenso sobre la inadecuaci¨®n del doble sistema de ingresos de TVE: ahora, adem¨¢s, la recesi¨®n hace insostenible esta anomal¨ªa.

Las voces cr¨ªticas alegar¨¢n que el Gobierno pretende satisfacer intereses privados. Cualquier interpretaci¨®n interesada de ese tenor en ning¨²n caso desmiente la anomal¨ªa. Lo ortodoxo es que los servicios p¨²blicos se financien con recursos presupuestarios, o derivados del uso de bienes tambi¨¦n p¨²blicos. Es cierto que determinados concesionarios de otros servicios p¨²blicos, como la educaci¨®n, combinan distintos sistemas: como la escuela concertada, que puede allegar recursos privados, pero tambi¨¦n disfruta de los p¨²blicos. Pero ning¨²n ejemplo es comparable con el sector audiovisual, donde desde hace a?os la posici¨®n de privilegio de TVE, a la que se han ido sumando las distintas cadenas auton¨®micas, se ha convertido en una distorsi¨®n insoportable e injusta para el sector privado.

TVE sustituir¨¢ los 500 millones de la publicidad con un porcentaje de la tasa por la utilizaci¨®n del espacio p¨²blico radioel¨¦ctrico; una tasa sobre la facturaci¨®n de las televisiones privadas; y otra sobre la actividad de los operadores de telecomunicaciones. Es un sistema m¨¢s ortodoxo que el actual. Las empresas afectadas, concesionarias de bienes p¨²blicos, soportar¨¢n una modificaci¨®n al alza del coste de concesi¨®n, pero no parece que este coste sea inasumible.

A cambio de garantizar el mismo flujo de ingresos a la principal cadena p¨²blica, el Gobierno la obliga a reemplazar las 8.200 horas mensuales producto del "vac¨ªo publicitario" mediante producciones propias. Y se propone incorporar a la Ley General Audiovisual nuevas obligaciones que subrayen su car¨¢cter p¨²blico. Acierta tambi¨¦n el Gobierno en limitar la capacidad de contrataci¨®n de derechos deportivos con dinero p¨²blico, una forma escandalosa de competencia desleal que hincha y distorsiona la oferta.

Lo que no es sensato es la salida de tono de la representaci¨®n de los anunciantes, acusando a los audiovisuales de "oligopolio", al apreciar la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio: argumento falso, pues la competencia entre televisiones es feroz.