La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraud¨® ayudas

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Mart¨ªnez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acci¨®n local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Mi?o) tendr¨¢n que devolver al Estado m¨¢s de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su d¨ªa por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado despu¨¦s por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Uni¨®n Europea por parte de Mart¨ªnez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas p¨²blicas tras certificar "obras inexistentes".

El ex alcalde de Arnoia y sus socios deber¨¢n reintegrar m¨¢s de 50.000 euros

Un juzgado investiga si los mismos hechos constituyen delito

La sentencia, con fecha del pasado 15 de abril y contra la que no cabe recurso, es consecuencia del contencioso administrativo al que Mart¨ªnez y los dem¨¢s responsables de la agrupaci¨®n local decidieron acudir tras perder un primer recurso de reposici¨®n contra la orden del ministerio, fechada en 2007, que les obligaba a devolver al Estado m¨¢s de 50.000 euros que ingresaron irregularmente.

Con esta resoluci¨®n se zanja el proceso administrativo contra los integrantes de Ceivam por el fraude en las ayudas europeas, aunque ¨¦stos tienen pendiente un proceso judicial, consecuencia de una denuncia presentada por el BNG de Arnoia, para responder en la v¨ªa penal por los mismos hechos. Mart¨ªnez y sus socios est¨¢n denunciados por estafa, falsedad en documento p¨²blico y malversaci¨®n en la gesti¨®n de estos fondos otorgados por la Uni¨®n Europea.

Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupaci¨®n local que presid¨ªa el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputaci¨®n Provincial de Ourense incurri¨® en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcci¨®n de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.

El actual superdelegado de la Xunta certific¨®, en su condici¨®n de presidente de la asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro Ceivam, que se hab¨ªan realizado las obras para las que hab¨ªa pedido subvenci¨®n pese a que, seg¨²n la sentencia, no fue as¨ª. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realiz¨® tras inspeccionar las obras.

En lo que respecta a la planta de biomasa, la Audiencia Nacional da validez al informe en el que consta que pese a que Ceivam certific¨® inversiones por 39.065,79 euros, no hab¨ªa "s¨ªntomas de actividad permanente" en la planta de biomasa, que se "certificaron obras que no constan realizadas" y que la nave que se present¨® como obra ejecutada con las ayudas comunitarias ya exist¨ªa antes de solicitar la subvenci¨®n.

La sentencia confirma tambi¨¦n que en las instalaciones "no se encuentran m¨¢quinas propias del tratamiento de la biomasa". Adem¨¢s desmonta el argumento del robo de la maquinaria que los socios de Ceivam adujeron para justificar su falta, as¨ª como el testimonio de que emplearon el dinero de las ayudas en hacer obras en el interior de la nave. "No se ha aportado ninguna prueba" que acredite esas alegaciones, sostiene el magistrado.

Respecto al taller de orfebrer¨ªa, la Audiencia detalla que las facturas con las que Ceivam intent¨® justificar la inversi¨®n de los fondos de la UE "no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisici¨®n de la maquinaria certificada". Explica que en el interior del taller faltaba maquinaria por la que Ceivam recibi¨® 12.897,98 euros. Por ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por los responsables de Ceivam contra la orden del ministerio y les ordena a devolver al Estado el importe de las ayudas que cobraron irregularmente.