Quien despide, paga

El Tribunal Supremo ha introducido un punto de coherencia y de sentido com¨²n en el descabellado y anacr¨®nico r¨¦gimen laboral de los profesores de religi¨®n cat¨®lica en la escuela p¨²blica, en el que la Iglesia se las ha apa?ado para hacerse con todos los derechos y asignar al Estado todos los deberes. En virtud del elemental principio de responsabilidad personal e institucional, el Supremo ha establecido que corresponde a los obispos indemnizar "por da?os morales" a los profesores de religi¨®n a los que despidan indebidamente y por causas que, como viene siendo habitual, no est¨¢n contempladas en la legislaci¨®n laboral, como haberse divorciado, participar en una huelga legal o no ir a misa los domingos.

La decisi¨®n del Supremo confirma los criterios reiteradamente mantenidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y es importante porque constituye un significativo aval a la batalla jur¨ªdica que este tribunal mantiene desde hace una d¨¦cada ante el Constitucional en torno a los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, respecto de cuyo articulado ha planteado varias cuestiones de inconstitucionalidad.

Puede haber razones poderosas para que los Gobiernos -el actual, los anteriores o los venideros- no denuncien los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, a pesar de ser dif¨ªcilmente compatibles con la Constituci¨®n de 1978 y no responder al tipo de relaciones que debe tener la sociedad espa?ola de hoy con la Iglesia cat¨®lica. Pero es deber de los gobiernos como de los tribunales en sus respectivos ¨¢mbitos -desde el Constitucional hasta los tribunales ordinarios, sean civiles, contencioso-administrativos o laborales- impedir que esos acuerdos se malinterpreten o se interpreten abusivamente por la Iglesia. Y un abuso es disparar con p¨®lvora del Rey, es decir, a costa del Estado, en asuntos sobre los que la Iglesia decide de acuerdo con sus intereses.

Sin necesidad de denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, el Gobierno tiene a mano corregir desarrollos legales que, como el convenio econ¨®mico-laboral firmado por el Gobierno de Aznar y el episcopado espa?ol en 1999, siendo ministro de Educaci¨®n Mariano Rajoy, fuerzan al l¨ªmite la literalidad de su articulado.

De aquellos polvos proceden estos lodos, pues al amparo de la condici¨®n de empleador y pagador que la Administraci¨®n educativa asumi¨® en aquel convenio, los obispos han podido actuar a su antojo y despedir a quien le venga en gana sin coste alguno, alegando motivos presuntamente relacionados con el perfil religioso del ense?ante, vulneradores de derechos fundamentales como la intimidad o la libertad religiosa y ajenos a la legislaci¨®n laboral.

El Supremo ha removido unas aguas que la Iglesia necesita tranquilas para seguir manteniendo su influencia sobre la sociedad. Habr¨¢ que ver cu¨¢l es su reacci¨®n y si, como cabr¨ªa esperar de cualquier otro ciudadano o instituci¨®n, acata y cumple la sentencia del tribunal.