CC OO denuncia p¨¦rdidas de derechos en la pr¨¢ctica de la ley de dependencia

"La aplicaci¨®n de la ley de dependencia en el Pa¨ªs Valenciano es esquizofr¨¦nica", denunci¨® ayer Eva Hern¨¢ndez, secretaria de Pol¨ªtica Social de CC OO, "porque en lugar de reconocer nuevos derechos est¨¢ suponiendo una p¨¦rdida de los que ya ten¨ªan" los posibles beneficiarios. Hern¨¢ndez, arropada por representantes de tres federaciones del sindicato, calde¨® el ambiente la v¨ªspera de la manifestaci¨®n unitaria convocada hoy en Valencia por las plataformas que denuncian retrasos en la aplicaci¨®n de ley estatal. "Tal como aplica la norma el Consell empeoran los derechos de los beneficiarios, las condiciones de los trabajadores sociales, el propio sistema y la red p¨²blica", dijo Hern¨¢ndez.

CC OO considera imprescindible que el Estado fije criterios que especifiquen las condiciones en que se puede concertar la prestaci¨®n de servicios y que defina el cat¨¢logo de servicios que cubre la ley. Seg¨²n los sindicalistas, el Consell incorpora al "cat¨¢logo" de servicios a financiar a trav¨¦s de la nueva ley prestaciones que ya ofrec¨ªa y que cubr¨ªa el presupuesto de la Generalitat.

Neus Carrasco, de la Federaci¨®n de Ense?anza, ilustr¨® la situaci¨®n con un caso concreto. "Un menor enfermo mental acude a un centro ocupacional. El Consell lo cataloga ahora como un centro de d¨ªa. La madre debe optar entre solicitar una ayuda para pagar la mitad de su atenci¨®n en el centro p¨²blico, que ven¨ªa recibiendo gratis, o pedir la prestaci¨®n econ¨®mica sin servicio, recibir 400 euros al mes y quedarse en casa con su hijo".

Hern¨¢ndez anunci¨® un "seguimiento exhaustivo" del cumplimiento del convenio firmado por el Estado con la Consejer¨ªa de Bienestar Social para invertir 36 millones de euros en la mejora y construcci¨®n de nuevas instalaciones para atender a personas dependientes al amparo del Plan E, las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno para dinamizar la econom¨ªa. Y alert¨® sobre el sesgo de la inversi¨®n en beneficio de residencias de mayores en detrimento de otros colectivos como discapacitados o enfermos mentales.