La Audiencia dicta si hubo enga?o o s¨®lo errores en el Yak-42

Cinco a?os, once meses y 23 d¨ªas han esperado las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 para obtener justicia. La tendr¨¢n hoy, cuando la Audiencia Nacional haga p¨²blica la sentencia sobre la falsa identificaci¨®n de 30 de los cad¨¢veres. Pero no es probable que les deje satisfechos. La causa se ha ido deshilachando en su tortuoso periplo judicial y ha dejado demasiados cabos sueltos. Aunque no habr¨¢ lectura p¨²blica, algunos de los parientes de las v¨ªctimas acudir¨¢n a la sede del tribunal para conocer de primera mano el fallo.

Los primeros en recibir la noticia ser¨¢n los representantes de los tres acusados: el general de divisi¨®n Vicente Navarro Ruiz, el comandante Jos¨¦ Ram¨ªrez Garc¨ªa y el capit¨¢n Miguel S¨¢ez Garc¨ªa. Todos ellos, sanitarios.

Navarro pagar¨¢ con c¨¢rcel si hubo dolo y con multa si se trat¨® de imprudencia

Ha pasado casi un mes desde que el presidente del tribunal, Javier G¨®mez Berm¨²dez, pronunci¨® el visto para sentencia de un juicio que se abri¨® el 24 de marzo con la negativa a citar como testigos al ex ministro de Defensa Federico Trillo o al ex presidente Aznar. No fue la ¨²ltima vez. Repetidamente se rechaz¨® la comparecencia de cualquier responsable pol¨ªtico. S¨ª lo hicieron numerosos mandos militares, desde el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa F¨¦lix Sanz hasta el ex jefe del Ej¨¦rcito Luis Alejandre.

Los testimonios m¨¢s relevantes fueron, sin embargo, los de dos forenses turcos que se presentaron sin haber sido citados. Explicaron que Navarro y los otros militares espa?oles eran conscientes de que se llevaban 30 cad¨¢veres sin identificar y se negaron a hacer pruebas de ADN, como les recomendaron, porque ten¨ªan prisa para llegar al funeral previsto en Madrid.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el tribunal se ha reunido media decena de veces para deliberar. No tanto sobre los hechos, que no admiten discusi¨®n (ha quedado probado que las 30 identidades adjudicadas por Navarro eran falsas), sino sobre su tipificaci¨®n.

Si hubo un delito de falsedad de documento p¨²blico, como sostienen las acusaciones, ¨¦ste pudo ser doloso -es decir, intencionado- o imprudente. En el primer caso, la pena va de tres a seis a?os de c¨¢rcel (se impondr¨ªa la parte superior de la horquilla si hay delito continuado). En el segundo, de seis a doce meses de multa (un m¨¢ximo de 36.000 euros). La multa podr¨ªa ser m¨¢s reducida si se calificaran los hechos como falsificaci¨®n de certificado. Y se podr¨ªa exonerar a los dos subordinados de Navarro si se considera que su actuaci¨®n no fue relevante.

Pero la idea de el que caso Yak fue fruto de una imprudencia tropieza con el c¨²mulo de falsedades que urdi¨® Defensa desde el d¨ªa del accidente, el 26 de mayo de 2003, hasta el 2 de marzo de marzo de 2004, en v¨ªsperas de las elecciones que desalojaron al PP del poder. Ese d¨ªa, el n¨²mero dos de Trillo, Javier Jim¨¦nez-Ugarte, escribi¨® a las familias de las v¨ªctimas para tachar de "campa?a sensacionalista y cruel" las noticias sobre los errores en las identificaciones y elogiar la profesionalidad de Navarro. Un rigor que ni siquiera ¨¦l defendi¨® en el juicio. "Me pudieron bailar los n¨²meros", admiti¨®.