Ir a pachas o pagar a escote

M¨¢s all¨¢ del contenido de la medida, el barullo suscitado por los procedimientos para las subvenciones a los compradores de coches no constituye an¨¦cdota, sino categor¨ªa.

Cuando unos colegas van al restaurante, pueden ir "a pachas", concepto popular a¨²n no incorporado a los diccionarios. Pagar¨¢n la factura por mitades, sin tener en cuenta que unos pidan langosta y otros, acelgas. Pero tambi¨¦n pueden ir "a escote" (del franc¨¦s escot y del fr¨¢ncico skot: contribuci¨®n en dinero), sistema de prorrata por el que cada uno paga su parte, lo que ha consumido.

Las empresas serias aplican el escote, el criterio de internalizaci¨®n de costes: sus cuentas deben contemplar todos los costes, directos o indirectos. Por ejemplo, medioambientales, que dan causa al principio seg¨²n el cual "quien contamina, paga". Esos costes deben ser soportados por ingresos correlativos. Las administraciones serias lo ampl¨ªan al principio de responsabilidad fiscal. Quien gasta debe antes recaudar. Al cabo, eso tiene traducci¨®n pol¨ªtica, el principio de lealtad institucional o constitucional. Que incluye tambi¨¦n deberes de transparencia: no ocultar la cofinanciaci¨®n de la UE del sat¨¦lite para la T-4 de Barajas o de la depuradora barcelonesa del Bes¨°s.

IAE, dependencia, patrimonio y automoci¨®n: la secuencia de la erosi¨®n de la lealtad institucional

Estos principios se incumpl¨ªan cuando empez¨® a desarrollarse el nuevo Estado democr¨¢tico / auton¨®mico. Las autonom¨ªas gozaban de escasas competencias. El grueso de su coste se sufragaba con transferencias (subvenciones) centrales y no con impuestos, apenas descentralizados. As¨ª, los Gobiernos aut¨®nomos pod¨ªan colgarse las medallas de los nuevos polideportivos, ambulatorios o escuelas. Pero no pagaban la factura pol¨ªtica de recaudar los recursos. Actuaban como repartidora, mientras el Gobierno asum¨ªa el funerario rictus del recaudador. Unas llevaban la fama y el otro cardaba la lana. Imperaba, as¨ª, la irresponsabilidad fiscal. Y cierta impunidad pol¨ªtica.

De un tiempo a esta parte sucede lo mismo, pero al rev¨¦s. Muy desarrollado el despliegue descentralizador, las autonom¨ªas desempe?an competencias nucleares, y adem¨¢s recaudan, ya empiezan a pagar factura pol¨ªtica por cobrar impuestos. Ahora, la Administraci¨®n central tiende a dictar impunemente medidas que disminuyen los ingresos o aumentan los gastos de aqu¨¦llas sin negociar ni avisar en forma debida.

En el caso de las subvenciones a la automoci¨®n, la pretensi¨®n era y es ir "a pachas", aportando ambas partes una cantidad id¨¦ntica, 500 euros, cuando el ingreso correlativo es asim¨¦trico: el Gobierno recauda alrededor del 63% de los impuestos de un veh¨ªculo (una parte del IVA), y las autonom¨ªas, s¨®lo el 36%.

Quien inaugur¨® la tendencia fue el Gobierno de Aznar, con los municipios. Suprimi¨® en 2002 casi todo el impuesto de actividades econ¨®micas, IAE. No negoci¨® con los afectados, los ayuntamientos, el mecanismo para compensar los 1.200 millones que ¨¦stos perd¨ªan, hasta despu¨¦s de colgarse la medalla de convertirse en campe¨®n de la rebaja de impuestos.

Ocurri¨® con la Ley de Dependencia en 2007, cuando el primer Gobierno de Zapatero requiri¨® a las autonom¨ªas financiarla por mitades, de 220 millones. Un gasto social muy necesario, calculado para 200.000 beneficiarios, pero que se dispara en 2009 a m¨¢s de 600.000, por 1.600 millones. Ha sucedido en 2008 con la supresi¨®n del impuesto sobre el patrimonio, cuyos rendimientos (1.800 millones) revert¨ªan al 100% en las autonom¨ªas. A¨²n se desconoce cu¨¢ndo y c¨®mo se cubrir¨¢ ese agujero.

Se supone que el efecto anuncio de una medida revelada por sorpresa levanta expectativas y estimula a la sociedad. A riesgo de dificultar el despliegue de esa medida, erosionando, al final, su eficiencia. Sobre todo si no se madur¨® con una Memoria econ¨®mica, ni se negoci¨® con los afectados. Claro que negociar resta escaparate. Pero evita barullos, siempre jaleados por los neocasticistas que denostan a las autonom¨ªas como presunto culpable de la presunta ruptura del mercado interior. Siempre que la causa no sea una medida dictada por sus ¨ªdolos, ya la supresi¨®n del patrimonio, ya la rebaja del 20% de la matriculaci¨®n anunciadas por... la Comunidad de Madrid.

Pol¨ªticamente es arduo transitar un esquema federal sin instituciones federales (Senado, algunos ministerios reorientados a la coordinaci¨®n m¨¢s que a la ejecuci¨®n) o usando con cuentagotas las disponibles (conferencias sectoriales, y de presidentes). Econ¨®micamente bastar¨ªa "mejorar la regulaci¨®n y aplicaci¨®n del principio de lealtad institucional" de forma que el Estado evite "perjudicar los ingresos auton¨®micos con las modificaciones legales, tanto por el lado del gasto como del ingreso". Lo afirmaba y lo firmaba el Gobierno en el texto de su Propuesta base para un acuerdo de financiaci¨®n, de 30 de diciembre de 2008. Pues eso.