Camps y Torquemada

El Partido Popular ha cedido a la tentaci¨®n de confundir unos eventuales resultados favorables en las pr¨®ximas elecciones europeas con una absoluci¨®n en los casos de corrupci¨®n que afectan a destacados dirigentes y cargos institucionales, como Francisco Camps. Esta reacci¨®n no constituye una sorpresa, puesto que se dejaba traslucir en las declaraciones de los l¨ªderes populares, incluido el propio Camps, desde que trascendieron las primeras decisiones de la Audiencia Nacional relacionadas con el caso G¨¹rtel. Pero m¨¢s grave a¨²n es que esta forma de eludir responsabilidades tampoco representa una novedad en las estrategias del PP para enfrentar los casos de corrupci¨®n que le afectan: su respuesta a la imputaci¨®n de Camps es id¨¦ntica a la que ofreci¨® en los procesos judiciales contra el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, para quien el fiscal acaba de solicitar dos a?os de c¨¢rcel.

La direcci¨®n nacional de los populares, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha decidido cerrar filas con el presidente de la Generalitat valenciana. La incondicionalidad de este apoyo no es s¨®lo asunto del PP y de sus complejos equilibrios internos, en los que Camps lleg¨® a afirmarse como un s¨®lido apoyo de Rajoy durante el acoso de Esperanza Aguirre y de los sectores m¨¢s radicales del partido tras la derrota en las ¨²ltimas elecciones generales; es tambi¨¦n, y sobre todo, una cuesti¨®n que afecta al obligado respeto a los tribunales desde los partidos pol¨ªticos.

Rajoy ha apuntado a los "Torquemada del siglo XXI" como causantes de los problemas de Camps con la justicia. Las palabras del l¨ªder de la oposici¨®n descalifican gratuitamente la actuaci¨®n de los jueces y, en concreto, del instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Porque, o bien ese juez forma parte de los Torquemada en los que Rajoy resume su versi¨®n conspirativa del caso G¨¹rtel, o bien se ha dejado embaucar por ellos al mantener la imputaci¨®n de Camps tras su declaraci¨®n del pasado martes. Sea cual sea la hip¨®tesis que se escoja, parece impropio de una fuerza pol¨ªtica con vocaci¨®n de Gobierno propagar insinuaciones sobre la justicia en lugar de exigir responsabilidades a sus militantes. Eso es lo que establece el c¨®digo de conducta del PP y ¨¦sa es la decisi¨®n que ha adoptado en relaci¨®n con los implicados en la Comunidad de Madrid.

Los problemas judiciales de Camps se deben exclusivamente a comportamientos sobre los que no ha ofrecido ninguna explicaci¨®n. Y el cerrado apoyo de Rajoy s¨®lo significa, por su parte, que el Partido Popular ha renunciado a exig¨ªrsela. Al seguir este camino, el PP y su direcci¨®n nacional no quedan a merced de los resultados electorales, como pretenden sus dirigentes en un intento de repetir la estrategia ensayada con Fabra; quedan a merced de lo que decidan los tribunales. Y de momento, lo que han decidido los tribunales ya les ha llevado a proteger a destacados imputados por cohecho.