Azkarraga gestion¨® de modo an¨®malo las ayudas a los presos de ETA

El Departamento de Justicia y Empleo que en la pasada legislatura dirig¨ªa Joseba Azkarraga, de EA, sigui¨® tramitando las ayudas a desplazamientos a las c¨¢rceles de los familiares de presos de ETA desde su Direcci¨®n de Derechos Humanos, aunque oficialmente el ¨®rgano gestor de esas prestaciones deb¨ªa ser la Direcci¨®n de Familia, dependiente de la Viceconsejer¨ªa de Inserci¨®n Social y Familia. Las solicitudes las examinaban y evaluaban t¨¦cnicos adscritos a la Direcci¨®n de Derechos Humanos, a cargo de Jon Landa, dependiente de la Viceconsejer¨ªa de Justicia, aunque la convocatoria y los pagos se realizaban desde Familia. El nuevo equipo de Justicia considera ¨¦sta una "circunstancia an¨®mala", seg¨²n fuentes del departamento que encabeza Idoia Mendia. "Si no es irregular, como poco resulta un procedimiento administrativamente extra?o que sea personal de una direcci¨®n el que se ocupa de gestionar algo que compete a otra", indica el parlamentario socialista portavoz en la materia, Jes¨²s Loza, ahora secretario primero de la Mesa del Parlamento.

Justicia traslada los expedientes al departamento de Gemma Zabaleta

En la Direcci¨®n de Derechos Humanos se ha encontrado el nuevo equipo socialista las solicitudes para las ayudas que Azkarraga dej¨® convocadas para este a?o. El ex consejero se adelant¨® varios meses a las fechas habituales de esa convocatoria para asegurar que el nuevo Gobierno se viese obligado a pagarlas. Lo hizo el 24 de marzo, ya en funciones, y una vez vislumbrado que los socialistas acceder¨ªan al Gobierno. El Ejecutivo de Patxi L¨®pez busca ahora una f¨®rmula para no abonarlas, sin transgredir las obligaciones legales para la administraci¨®n derivadas de la orden de Azkarraga.

El ex consejero hizo ver que las ayudas est¨¢n publicadas en el Bolet¨ªn Oficial del Pa¨ªs Vasco y "por tanto, no pueden anularse". Lo ¨²nico que el nuevo Gobierno puede hacer, advirti¨® cuando se cuestion¨® su actuaci¨®n, es "supervisar cada una de las solicitudes que se presenten y, en su caso, anular aqu¨¦llas que no re¨²nan los requisitos. No puede hacer nada m¨¢s".

La Abogac¨ªa del Estado present¨® ayer un recurso de s¨²plica contra el auto del Tribunal Superior vasco que rechaz¨® la pasada semana la suspensi¨®n cautelar de la orden que convoca las ayudas, por un montante de 225.081 euros. Supone el primer pasao para un posible recurso ante el Supremo.

El Gobierno, que originalmente repart¨ªa ese dinero desde la Direcci¨®n de Derechos Humanos, tuvo que modificar el procedimiento en 2007 por carecer de competencias en materia penitenciaria. Desde entonces lo realiz¨® por la v¨ªa de las prestaciones asistenciales, aunque nunca acept¨® aplicarles los mismos criterios y baremos econ¨®micos que rigen para la renta b¨¢sica, las Ayudas de Emergencia Social (AES) o los desplazamientos por motivos sanitarios.

La comprobaci¨®n ahora de que el traslado de las ayudas a la Direcci¨®n de Familia fue s¨®lo aparente y a efectos de ubicaci¨®n de la partida presupuestaria, ha llevado a Justicia a adoptar ahora una primera medida: trasladar los expedientes a su lugar natural, es decir, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, a cargo de Gemma Zabaleta.

El hecho dejar¨ªa al descubierto que el cambio introducido en 2006 en el decreto "fue s¨®lo una pantomima, pr¨¢cticamente un fraude de ley", opina Loza.

La diferencia que estableci¨® ese cambio de ubicaci¨®n de las ayudas reviste importancia. Ya no son subvenciones, sino pretaciones asistenciales y con la nueva Ley de Servicios Sociales ese tipo de ayudas genera derechos subjetivos, es decir, que se materializan con la simple solicitud en tiempo y forma de la ayuda de que se trate. Ello implica un nivel m¨¢ximo de obligaci¨®n de la administraci¨®n en su abono. "El Gobierno va a seguir este asunto muy de cerca", indicaron fuentes cercana a Mendia.