Guatemala se la juega
La investigaci¨®n de un crimen del que se acusa al presidente debe llegar hasta el fondo
La emisi¨®n del v¨ªdeo en el que el abogado Rodrigo Rosenberg anunciaba de manera p¨®stuma su asesinato y culpaba del mismo al presidente de Guatemala, ?lvaro Colom, a su mujer y al secretario privado del mandatario ha desencadenado un cataclismo en el pa¨ªs centroamericano. Unas horas antes de que la filmaci¨®n fuera emitida por televisi¨®n, el 10 de mayo, el prestigioso letrado fue acribillado en la capital guatemalteca mientras paseaba en bicicleta. En la denuncia pregrabada de su asesinato, Rosenberg lo relaciona con un crimen ocurrido un mes antes -en el que murieron su amigo y cliente Khalil Mussa, empresario textil y ex presidente de la C¨¢mara de Industria, y su hija-, y explica que detr¨¢s de las muertes, incluida la suya, hay una trama de corrupci¨®n y lavado de dinero vinculado a Banrural, la principal entidad bancaria del pa¨ªs, de capital mixto.
No hay, hasta el momento, pruebas independientes que confirmen la culpabilidad del presidente, pero la denuncia de Rosenberg ha despertado fuertes dudas sobre su credibilidad, no s¨®lo en las fuerzas de la oposici¨®n, sino tambi¨¦n en decenas de miles de guatemaltecos que han salido a la calle para exigir su dimisi¨®n. No ser¨ªa una medida oportuna en este momento, ya que debilitar¨ªa a¨²n m¨¢s la fr¨¢gil consistencia de un Estado de derecho que no en vano tiene tras de s¨ª la terrible historia de una cruenta guerra civil que dur¨® m¨¢s de 30 a?os, hasta 1996. La devastadora resaca de la contienda fratricida ha permitido una profunda incrustaci¨®n en las estructuras del poder p¨²blico y privado del narcotr¨¢fico, fuente de empleo de muchos de los supervivientes del conflicto. Una de sus consecuencias es que Guatemala es hoy uno de los pa¨ªses del mundo donde se producen m¨¢s muertes violentas.
Colom cuenta con el apoyo al Gobierno constitucional de numerosas instancias internacionales. Pero m¨¢s que atribuir la acusaci¨®n de Rosenberg a una conspiraci¨®n y de reunirse con el fiscal general que ha de llevar el caso, como hizo en un primer momento, el presidente deber¨ªa velar por que la investigaci¨®n llegue al fondo y que esos cr¨ªmenes execrables no formen parte del 98% de los que quedan cada a?o sin resolver en su pa¨ªs. La colaboraci¨®n del fiscal espa?ol Carlos Castresana, al frente de la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad de Guatemala, debe contar con todas las garant¨ªas y facilidades. No s¨®lo est¨¢ en juego el honor del presidente, sino la viabilidad de su pa¨ªs como Estado democr¨¢tico.
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