Los promotores no deben planificar el territorio, seg¨²n un juez del TSJ

Edilberto Narb¨®n, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ofreci¨® ayer en un curso sobre estrategia territorial -organizado por los arquitectos-urbanistas valencianos- algunas recetas f¨¢ciles para que el urbanismo valenciano deje de estrellarse contra la Comisi¨®n Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. "Los problemas [con la LUV] vienen de la simultaneidad de planificaci¨®n y gesti¨®n. Con la separaci¨®n, y algunos peque?os retoques de la ley, pueden todos los obst¨¢culos". En la pr¨¢ctica, a?adi¨® el magistrado, supondr¨¢ la desaparici¨®n de la "compleja y poco aceptada" figura del empresario constructor. La planificaci¨®n urban¨ªstica y las reclasificaciones de suelo deben ser gestionadas por los Ayuntamientos o entes p¨²blicos. Narb¨®n cit¨® como ejemplo a seguir la gesti¨®n de la empresa Tragsa, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo.

"O controlamos la legalidad o se nos va todo al garete", dice el magistrado

Gobierno y Consell se han "picado pol¨ªticamente" por los informes h¨ªdricos

En poco m¨¢s de una hora, el magistrado -por cuya sala pasan decenas de litigios urban¨ªsticos- reparti¨® las responsabilidades entre todas las administraciones p¨²blicas por el galimat¨ªas urban¨ªstico valenciano creado en los ¨²ltimos a?os. Incluso ejerci¨® la autocr¨ªtica, cuando reconoci¨® que el poder judicial tambi¨¦n ha complicado la ordenaci¨®n del territorio con algunas sentencias.

"Existen cerca de 200 legislaciones sectoriales con las que trabajamos habitualmente. Si adem¨¢s est¨¢n cambiando cada dos o tres a?os, trabajar se vuelve imposible", se quej¨® el magistrado, quien reconoci¨® que la sala de lo Contencioso est¨¢ fallando con un retraso de dos a?os. Alguna sentencia reciente del Tribunal Supremo ha creado adem¨¢s, seg¨²n Narb¨®n, "un problema gord¨ªsimo" a los tribunales de lo contencioso. "O controlamos la legalidad o se nos va todo al garete", subray¨®.

Los Ayuntamientos tampoco salieron muy bien parados. "Estamos anulando muchas ordenanzas municipales porque no pueden fijar criterios t¨¦cnicos y a¨²n as¨ª lo hacen", precis¨®. Y cit¨® el ejemplo de la ordenanza municipal de placas solares de Valencia, que la sala cuestion¨® porque estableci¨® "el modelo y tipo de placa" que se pod¨ªan instalar o no en los edificios. Lo mismo ha sucedido con las ordenanzas sobre telefon¨ªa m¨®vil. "Son los Ayuntamientos los que tienen que adaptarse a la ley de telecomunicaciones y no al rev¨¦s", imprec¨®.

El magistrado no se par¨® ah¨ª. Le lleg¨® el turno a la Administraci¨®n central, cuando entr¨® de lleno en la pol¨¦mica que enfrenta al Gobierno espa?ol con la Generalitat a cuenta de los informes de las confederaciones hidrogr¨¢ficas sobre el abastecimiento de agua a las nuevas urbanizaciones. La sala de lo Contencioso del TSJ tiene en cola en estos momentos 180 recursos resultado del pulso entre las dos administraciones. "Se han picado pol¨ªticamente y nosotros estamos en medio", subray¨® Narb¨®n. Desde el punto de vista legal, el magistrado aclar¨® que el informe de las confederaciones es preceptivo (obligado), pero no es vinculante porque una competencia transversal del Estado no puede afectar a las competencias auton¨®micas sobre urbanismo.

Acto seguido, el presidente de la sala del TSJ reconoci¨® que hasta la fecha no ha visto ning¨²n informe ni de uno ni de otro lado justificado como exige la ley. "Les hemos recomendado a ambos que se pongan de acuerdo" sobre los contenidos de estos informes h¨ªdricos.

El magistrado abri¨® por ¨²ltimo un debate de mayor calado en torno al coste social de los grandes proyectos urban¨ªsticos conocidos durante el boom. No se puede coger un municipio y dividir la poblaci¨®n en ocho o nueve planes parciales. Las nuevas construcciones deben demostrar su viabilidad econ¨®mica y sobre todo su coste para la poblaci¨®n. Los consistorios, razon¨® Narb¨®n, han financiado durante los a?os de vacas gordas hasta el 40% de su gasto gracias a los PAI (Programas de Actuaci¨®n Integrada). "Ahora que no hay PAI, est¨¢n subiendo los impuestos y ya est¨¢", critic¨® el magistrado. En un futuro, una de las cosas que deber¨¢n tener en cuenta las leyes valencianas son los costes de estos desarrollos, "?cu¨¢ntos son?, ?si son asumibles o no? y ?qui¨¦n los va a pagar?", concluy¨®.