Un empresario se enfrenta a c¨¢rcel por arrasar dos yacimientos
Destruy¨®, en una roturaci¨®n ilegal, una villa romana y una alquer¨ªa ¨¢rabe
La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Alicante, que dirige Juan Carlos Carranza, solicita dos a?os de c¨¢rcel a un empresario de La Vega Baja por un delito contra el patrimonio derivado de la roturaci¨®n ilegal de una finca. Durante los trabajos de desmonte de un terreno forestal en el t¨¦rmino de Orihuela, el procesado arras¨® dos yacimientos (con restos romanos y ¨¢rabes) se?alizados e inscritos en la Direcci¨®n General del Patrimonio Cultural Valenciano. La acusaci¨®n p¨²blica solicita, adem¨¢s, una indemnizaci¨®n de 776.417, 20 euros, que el empresario o, subsidiariamente, la sociedad propietaria de la finca, deber¨¢n abonar a la Consejer¨ªa de Cultura.
La vista oral por estos hechos ocurridos en agosto de 2002 se celebra esta ma?ana en el Juzgado de Lo Penal n¨²mero 1 de Orihuela.
De acuerdo con el escrito del ministerio p¨²blico, el propietario de unos terrenos incultos, ubicados en la pedan¨ªa oriolana de Torremendo, sin contar con permisos ni licencias, orden¨® su desmonte y roturaci¨®n para transformarlos en terreno de cultivo de c¨ªtricos mediante regad¨ªo por el m¨¦todo del goteo. Como consecuencia de la roturaci¨®n, resultaron destruidos el yacimiento arqueol¨®gico denominado Lo Cartagena, que incluye restos de una villa romana con construcciones hidr¨¢ulicas, datados entre los siglos I y IV, y el de Rambla de la Alcorisa, con vestigios de una alquer¨ªa musulmana datada entre los siglos X y XIII.
Los terrenos que albergan los vestigios arque¨®logicos, aparte de estar inscritos en la Direcci¨®n General del Patrimonio Cultural desde el 6 de mayo de 1998, tambi¨¦n estaban incluidos en el planeamiento urbano de Orihuela como suelo no urbanizable de explotaci¨®n agr¨ªcola de especial protecci¨®n arqueol¨®gica y paisaj¨ªstica. "Y los delimit¨® [la direcci¨®n general] sobre el terreno mediante la colocaci¨®n de estacas pintadas de rojo situadas en la parte central de los mismos por el t¨¦cnico arque¨®logo municipal en el a?o 1997", remarca el fiscal en su escrito de acusaci¨®n.
Adem¨¢s de los dos a?os de c¨¢rcel por el delito contra el patrimonio, el fiscal tambi¨¦n pide para el empresario acusado una multa de 20 meses a raz¨®n de 20 euros. Alternativamente, el acusador p¨²blico califica los hechos como imprudencia y pide una multa de 18 meses a raz¨®n de 30 euros al d¨ªa.
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