El tiempo se acaba para las v¨ªctimas de Franco

Hay magistrados convencidos de que la Guerra Civil arranc¨® en 1934 y que la Ley de Memoria Hist¨®rica es "una perversi¨®n ¨¦tica" que "corrompe y envenena el presente". Hay jueces que creen que el 18 de julio de 1936 Franco inici¨® un plan de exterminio de rojos que provoc¨® la desaparici¨®n de m¨¢s de 150.000 personas y la sustracci¨®n de cerca de 30.000 ni?os. Hay jueces, pocos, que se creen competentes para ordenar la apertura de las fosas comunes donde yacen las v¨ªctimas. Otros, algunos m¨¢s, que opinan que no es de su incumbencia. Y la mayor¨ªa, que guardan silencio y dejan en un caj¨®n la causa que recibieron de la Audiencia Nacional hace meses para levantar los cad¨¢veres de las cunetas.

"Nos sentimos desahuciados", resume la nieta de un fusilado

La Ley de Memoria es "una perversi¨®n ¨¦tica" para el magistrado Prego

"En otros pa¨ªses nadie se plantea que se haga sin un juez", afirma un forense

"La identificaci¨®n por ADN se ha sofisticado y abaratado mucho", dice un magistrado

En Bosnia, 15.000 v¨ªctimas han sido identificadas gracias a un bando de ADN

Mientras unos y otros debaten si iniciar una causa para abrir las fosas de Franco es o no prevaricaci¨®n y si deben o no encargarse de esos enterramientos clandestinos en el pueblo m¨¢s cercano a su jurisdicci¨®n, miles de familiares de v¨ªctimas esperan. Algunos, desde 1936. Muchos han muerto esperando.

Emilio Silva, presidente de la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH), insiste con frecuencia en ese dato: los hijos de los desaparecidos de la Guerra Civil tienen, como m¨ªnimo, 70 a?os (el pasado 1 de abril se cumpli¨® ese mismo aniversario del fin de la contienda). Y se mueren. "No hay tiempo", repite Silva, cada vez que un nuevo obst¨¢culo, una discrepancia judicial, pospone el deseo de los familiares de enterrar a las v¨ªctimas en un lugar distinto al que fueron arrojados por sus asesinos.

?ste es el recorrido de alegr¨ªas y disgustos que esas familias han disfrutado o padecido durante los ¨²ltimos a?os a trav¨¦s de autos y silencios judiciales o leyes estatales y auton¨®micas hasta llegar a un punto muerto donde se investiga al juez que quiso investigar los cr¨ªmenes del franquismo y el Gobierno pide a las autonom¨ªas que asuman la competencia sobre fosas y todas, menos dos, se niegan. "Nos sentimos desahuciados", resume la nieta de un fusilado.

Llevaron las desapariciones de los suyos a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Hasta entonces, las asociaciones para la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica recurr¨ªan al juzgado provincial del lugar donde se encontraba la fosa para que iniciara una investigaci¨®n que culminara con la exhumaci¨®n de las v¨ªctimas y los juzgados nunca contestaban. El 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garz¨®n, atendiendo sus denuncias, abr¨ªa una causa contra el franquismo por cr¨ªmenes contra la humanidad y ordenaba la apertura de 19 fosas, entre ellas la del poeta Federico Garc¨ªa Lorca, que yace junto a los banderilleros Joaqu¨ªn Arcollas y Francisco Galad¨ª, y el maestro Di¨®scoro Galindo. La alegr¨ªa de los familiares de estos dos ¨²ltimos fue inmensa, porque durante a?os, hab¨ªan tropezado con la oposici¨®n de los Lorca para abrir la fosa. "Llevo 10 a?os esperando este momento. Me parece un sue?o", explic¨® Nieves Galindo, nieta del maestro. Pese a todo, hab¨ªa dos cosas que imped¨ªan que la alegr¨ªa fuera completa. La primera, las ausencias: "Siento que mi padre se lo pierda. Le hubiese gustado mucho o¨ªr esta noticia", declar¨® Nieves.

Y la segunda, un sensato escepticismo a la vista de lo que ocurri¨® despu¨¦s, y que aquel d¨ªa de euforia no pod¨ªa disimular Paco Galad¨ª, nieto del banderillero enterrado con Lorca: "Antes de morir, mi padre me pidi¨® que lo siguiera intentando. Hasta que no vea la fosa abierta no me lo creo. Son muchos a?os y muchas decepciones".

Para entonces ya hab¨ªan vivido unas cuantas, salpicadas por peque?os triunfos como atravesar la puerta de la Audiencia Nacional para llevar a un juez el informe m¨¢s detallado de la represi¨®n franquista, con los nombres, investigados uno a uno, de 143.353 paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura de la causa por entender que se trataba de delitos comunes ya prescritos. El pleno de la Sala de lo Penal del tribunal decidi¨®, en una reuni¨®n convocada con una ins¨®lita urgencia, paralizar las exhumaciones ordenadas por Garz¨®n, quien poco despu¨¦s, en noviembre de 2008, se inhib¨ªa a favor de 62 juzgados territoriales donde estaban las fosas. Vuelta al principio.

Desde entonces no se ha abierto ninguna con la autorizaci¨®n de un juzgado. El de Porri?o (Pontevedra) archiv¨® la causa al considerar que no hab¨ªa delito puesto que no hab¨ªa autor conocido del mismo. En Ponferrada, dos juzgados pelean para deshacerse del exhorto de Garz¨®n intentando que lo asuma el otro. Tambi¨¦n se han negado juzgados de Zaragoza, Huelva y Granada, que recibi¨® la causa sobre la fosa de Lorca. La juez Aurora Fern¨¢ndez se declar¨® incompetente, en contra del criterio del fiscal, para investigar los hechos, pero alegando que el tribunal competente, puesto que para ella se trataba de cr¨ªmenes contra la humanidad, es precisamente el que le envi¨® la causa, la Audiencia Nacional.

La exhumaci¨®n que hoy arranca en Santa Marta de Tera (Zamora) es la primera que se abre en Espa?a con supervisi¨®n judicial, en este caso de la juez de Benavente Tania Chico.

La situaci¨®n se complic¨® a¨²n m¨¢s para las familias al admitir a tr¨¢mite el Tribunal Supremo una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Garz¨®n por prevaricaci¨®n al declararse competente para investigar los cr¨ªmenes del franquismo. Doce asociaciones dedicadas a ayudar a los familiares de las v¨ªctimas presentaron un escrito de recusaci¨®n contra los magistrados del Supremo por "el fundado temor de falta de imparcialidad" y se autoinculparon en la querella de Manos Limpias con 113 firmas como "cooperadores necesarios o inductores" de las actuaciones de Garz¨®n. La oficina de atenci¨®n a las v¨ªctimas de la ARMH ha enviado al juez el desconsolado mensaje de apoyo que la nieta de un fusilado dej¨® en su contestador al conocer la noticia.

Los "fundados temores de falta de imparcialidad" se dirig¨ªan especialmente al magistrado Adolfo Prego, ponente de la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella de Manos Limpias y patrono de honor de la Fundaci¨®n para la Defensa de la Naci¨®n Espa?ola, presidida por un cargo del PP y muy pr¨®xima al querellante. Prego se opone radicalmente al proceso impulsado por la Ley de Memoria Hist¨®rica; tanto, como indica la frase con la que arranca este texto y que suscribi¨® con su firma en un manifiesto titulado Por la verdad hist¨®rica, que firman tambi¨¦n Jim¨¦nez Losantos o P¨ªo Moa.

Pese a todo, Silva piensa que este nuevo varapalo puede ser finalmente una oportunidad para los que buscan. "Si la querella contra Garz¨®n se archiva, ?significa que s¨ª es competente y que puede volver a encargarse de ello?", se pregunta.

Antonio Garc¨ªa, portavoz de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, advierte: "El derecho no es una ciencia exacta". A continuaci¨®n explica que los juzgados de instrucci¨®n "no pueden ejercer competencias m¨¢s all¨¢ de las que tienen legalmente atribuidas: esclarecer unos hechos con indicios de naturaleza delictiva e investigarlos con el objetivo ¨²ltimo de depurar responsabilidades". En este caso, se?ala, los que podr¨ªan haberlos cometido han muerto. Por eso, piensa que "no es el poder judicial" quien tiene que encargarse de la localizaci¨®n de v¨ªctimas de la Guerra Civil, sino otros, como el pol¨ªtico.

La progresista asociaci¨®n Jueces para la Democracia no est¨¢ de acuerdo. Recientemente organiz¨® en Madrid, con la asociaci¨®n de magistrados europeos por la democracia y las libertades (MEDEL), un "coloquio internacional sobre la memoria" con la pregunta: "?Se puede juzgar la historia?". Durante dos d¨ªas, magistrados, investigadores, abogados, fiscales y ONG trataron de responderla. En su declaraci¨®n de conclusiones, escribieron: "Las pol¨ªticas de la memoria desarrolladas actualmente en Espa?a no han puesto todav¨ªa remedio integral a la situaci¨®n de abandono y vulneraci¨®n de los derechos humanos de los miles de desaparecidos de la represi¨®n franquista y sus familiares (...) Hay que subrayar la obligaci¨®n de los Estados de emprender por propia iniciativa de sus autoridades y no de los familiares o asociaciones privadas una investigaci¨®n oficial efectiva e independiente en todos los casos de desaparici¨®n forzada de los que se tenga noticia. Esta obligaci¨®n se desprende de los art¨ªculos 2 y 13 del Convenio Europeo para la protecci¨®n de Derechos Humanos y ha sido reafirmada por jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Uno de los participantes en aquellas jornadas, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex juez internacional de la Sala de cr¨ªmenes de guerra del Tribunal de Bosnia-Herzegovina Jos¨¦ Ricardo de Prada, opina que el hecho de que los presuntos verdugos hayan muerto no elimina "las obligaciones judiciales de buscar a los desaparecidos". Las actuaciones judiciales, a?ade, "tienen una obligaci¨®n de investigar ese hecho delictivo. Los culpables son un paso posterior. Las v¨ªctimas tienen derecho a ser reparadas. Espa?a, un pa¨ªs que ha sido modelo en causas de justicia universal, todav¨ªa tiene en casa los deberes sin hacer".

En la misma l¨ªnea, Amaya Olivas opina: "Que Franco est¨¦ muerto no impide esclarecer los hechos". Esta juez de instrucci¨®n destinada en Barcelona realiz¨® un protocolo judicial para orientar a sus colegas porque le parec¨ªa "vergonzoso" c¨®mo sal¨ªan huyendo cuando les llegaba un caso. "Si alguien encuentra unos restos humanos en un descampado, se llama a la polic¨ªa judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar qui¨¦n es. ?Por qu¨¦ si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?".

Esa discusi¨®n sobre qui¨¦n puede investigar ha paralizado en la pr¨¢ctica la investigaci¨®n, la ¨²ltima oportunidad para los hijos, ya ancianos, de muchas de las v¨ªctimas. Casi todos los jueces que se han negado a investigar han apuntado que deben ser otras instituciones p¨²blicas las que se encarguen de llevar a cabo algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo en la teor¨ªa: rescatar a las v¨ªctimas de las cunetas para que sus familiares puedan enterrarlos dignamente donde quieran. Y se agarran a la ley de memoria hist¨®rica para justificar su inhibici¨®n en el asunto.

Pero si los jueces no se ponen de acuerdo, las Administraciones, menos.

La ley de Memoria Hist¨®rica establece un sistema de colaboraci¨®n con las asociaciones de familiares en las exhumaciones, pero no las asume. El Gobierno envi¨® recientemente un protocolo a las comunidades aut¨®nomas pidi¨¦ndoles que asumieran la apertura y todas, menos dos (Canarias y Pa¨ªs Vasco), se negaron. Catalu?a, por su parte, aprobar¨¢ en unas semanas en el Parlamento su propia ley de fosas, que, a diferencia de la estatal, asume directamente las exhumaciones y sus costes.

Francisco Extxeberria, m¨¦dico forense y miembro del frustrado comit¨¦ de expertos nombrado por Garz¨®n para asesorarle en la causa contra el franquismo, ha coordinado casi un centenar de exhumaciones desde el a?o 2000. En Chile hace algo parecido, pero all¨ª trabaja para una comisi¨®n judicial nombrada por el Gobierno, y aqu¨ª atiende desinteresadamente las llamadas de las asociaciones de v¨ªctimas. "En otros pa¨ªses, nadie duda de la necesidad de la intervenci¨®n de los tribunales de justicia. Esta semana, en Chile, se han exhumado los restos del cantante V¨ªctor Jara y el juez ha liderado las tareas. En estos procesos, lo l¨®gico es que exista una tutela y una direcci¨®n judicial con la misma naturalidad con la que se producen en otros tantos casos todos los d¨ªas". E insiste: "En Espa?a hay medios humanos y t¨¦cnicos para realizar estas tareas".

En la misma l¨ªnea, el ex juez internacional en Bosnia Jos¨¦ Ricardo de Prada opina: "Los procesos de identificaci¨®n por ADN se han abaratado y sofisticado mucho. Si hay voluntad, son costes muy peque?os para beneficios muy grandes". ?l lo sabe bien. En Bosnia, la Comisi¨®n Internacional de Personas Desaparecidas ha desarrollado una base de datos con m¨¢s de 87.000 familiares de 28.762 desaparecidos y se han tomado m¨¢s de 29.000 muestras de ADN de los restos exhumados hasta conseguir identificar a casi 15.000 personas. No fue f¨¢cil. "Los cad¨¢veres hab¨ªan sido exhumados y vueltos a enterrar para dificultar su hallazgo. Muchos se fragmentaron. Se han resuelto casos de restos humanos de una misma persona diseccionados y repartidos hasta en seis lugares distintos, a veces, en radios de m¨¢s de 30 kil¨®metros".

Sin esos medios, sin esa tutela judicial o estatal, las asociaciones de familiares, apoyadas por voluntarios de todas las disciplinas implicadas (arque¨®logos, forenses, psic¨®logos, historiadores...), siguen recogiendo testimonios, recorriendo archivos, exhumando fosas y, si hay suerte y dinero, identificando los restos para devolv¨¦rselos a su familiar. No dan abasto a las peticiones. En ocho a?os han rescatado 4.000 cuerpos de las cunetas, a veces con subvenciones del Gobierno, y la mayor parte del tiempo, sin ellas.

"Si nosotros hemos podido resolver un 2% del problema, el Estado podr¨ªa solucionarlo en dos a?os", afirma Silva. Un signo de buena voluntad, a?aden, ser¨ªa que Zapatero cumpliese la promesa hecha en diciembre en una entrevista en Cuatro, de reunirse con ellos y empezar a hablar.