Las cifras de la dependencia est¨¢n infladas con miles de muertos

En la cifra oficial de usuarios de la Ley de Dependencia hay miles de personas que ya han fallecido, por las que el Gobierno, sin embargo, debe pagar a las comunidades si no dispone de esa informaci¨®n. Y no la ha tenido desde que se puso en marcha la ley. Actualmente, un 20% de la financiaci¨®n estatal se reparte en funci¨®n de las personas que ya han sido declaradas dependientes y hay 257.707 en esa circunstancia sin que a¨²n reciban prestaci¨®n alguna. ?Cu¨¢ntos de ellos est¨¢n muertos? No se sabe con certeza, pero s¨ª que la mayor¨ªa de los usuarios de esta ley (casi medio mill¨®n) son mayores de 80 a?os y que la mortalidad en esta poblaci¨®n alcanza el 10%. Los que gestionan estos datos afirman que pueden alcanzar m¨¢s del 10%, pero niegan que reciban dinero por ellos.

Que s¨®lo haya un 3% de bajas "no refleja la realidad", seg¨²n el Gobierno

A eso habr¨ªa que sumar los que s¨ª perciben alguna ayuda y su fallecimiento no consta en las estad¨ªsticas, algo que se sabr¨¢ cuando se crucen los datos con las cifras de fallecidos que proporciona el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) cada mes, "un fuente fiable" para estos tramites, seg¨²n el Gobierno.

Algunas comunidades vienen pidiendo hace tiempo que se limpien esas cifras porque muchos de esos usuarios que ahora pasan por estar desatendidos por la Administraci¨®n desaparecer¨ªan y mejorar¨ªan las cifras reales, es decir, saldr¨ªa m¨¢s alto el porcentaje de los que s¨ª perciben ayuda. Pero otras se han resistido a que esto ocurra -llevan meses discuti¨¦ndolo- porque eso mermar¨ªa sus cifras y quiz¨¢ tambi¨¦n el dinero que les llega por cada persona declarada dependiente (dictaminada).

Por ¨²ltimo, se ha alcanzado un acuerdo entre Gobierno y comunidades para depurar los datos y sacar de la estad¨ªstica oficial a las miles de personas fallecidas. En la actualidad, el sistema inform¨¢tico revela que alrededor de un 3% del total de expedientes tramitados son bajas por defunci¨®n, pero ese dato "no refleja la realidad de la tasa de fallecimientos de los beneficiarios de la ley", seg¨²n reconoce el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social en una circular enviada a las comunidades a la que ha tenido acceso este peri¨®dico.

Se trata de un manual para que las administraciones puedan cruzar sus datos de Dependencia con las cifras de muertos que cada mes ofrece el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE). Eso permitir¨¢ hacer "ajustes" a la hora de pagar por los beneficiarios en las dos v¨ªas de financiaci¨®n que tiene esta ley, el nivel m¨ªnimo (por cada beneficiario registrado) y el acordado (un reparto de fondos sujeto a criterios como la poblaci¨®n general o las personas declaradas dependientes).

Quiz¨¢ a partir de ahora, los datos que se hagan p¨²blicos sena m¨¢s reales, pero desde que se puso en marcha la ley, en enero de 2007, no ha sido as¨ª.

Con este cruce de datos con la cifra mensual de fallecidos que da el INE, el Gobierno trata de que los expedientes que se encuentren "pendientes de citaci¨®n" o de "confirmaci¨®n del valorador", es decir, al inicio del papeleo para optar a una ayuda, se anulen inmediatamente cuando la persona haya muerto. Pero si los tr¨¢mites est¨¢n m¨¢s avanzados, podr¨¢n continuar a pesar del fallecimiento, porque los herederos pueden cobrar con efecto retroactivo desde el momento en que haya determinado cada comunidad.

En el manual se explica que los expedientes marcados como Baja INE, tendr¨¢n una "implicaci¨®n inmediata en la liquidaci¨®n del nivel m¨ªnimo", es decir, del dinero que da el Gobierno por cada beneficiario.

Otro de los objetivos, seg¨²n el Gobierno, de cruzar estos datos, es que "las comunidades tengan informaci¨®n actualizada y fiable ante los fallecimientos, para comenzar a tramitar la baja".

Desde algunas comunidades se asegura que entre los que ya est¨¢n contabilizados como receptores de ayudas no hay problemas con los fallecidos porque un usuario se sustituye por otro, es decir, si hay una baja en una residencia, se sustituir¨¢ por otra persona. En ese caso no se explicar¨ªa el inter¨¦s del ministerio por disponer de esta informaci¨®n para hacer "ajustes" en el nivel m¨ªnimo de la financiaci¨®n, es decir, lo que se libra por cada usuario ya atendido en el marco de la ley.

La Administraci¨®n General del Estado hace efectiva a las comunidades aut¨®nomas las cantidades que proceden en concepto de nivel m¨ªnimo "en funci¨®n del n¨²mero de beneficiarios reconocidos en situaci¨®n de dependencia con derecho a prestaciones, teniendo en cuenta para ello su grado y nivel y la fecha de efectividad de su reconocimiento". As¨ª se recoge en los decretos aprobados.