Andaluc¨ªa regula por ley el derecho del enfermo terminal a la sedaci¨®n

"El derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna". La Junta de Andaluc¨ªa convirti¨® ayer este ideal en una premisa recogida por escrito en el proyecto de ley de muerte digna, la primera norma auton¨®mica de Espa?a que regular¨¢ los derechos del paciente durante la ¨²ltima etapa de su vida y las obligaciones de los m¨¦dicos que les traten, tanto en centros p¨²blicos como privados.

Tras un a?o de debate y varios borradores, el Gobierno auton¨®mico dio el visto bueno al texto y lo envi¨® al Parlamento, donde la ley se someter¨¢ ahora a la discusi¨®n de los grupos parlamentarios. En principio, IU y PP, en la oposici¨®n, est¨¢n de acuerdo con el fondo del asunto, aunque a buen seguro presentar¨¢n enmiendas. La consejera de Salud, la socialista Mar¨ªa Jes¨²s Montero, se muestra optimista sobre un amplio consenso, pero predijo cierto "debate interno" en el PP en el que confi¨® en que no se imponga "el ala dura" de los populares.

Inmaculada Echevarr¨ªa tuvo que pleitear meses para ser desconectada

La futura ley de Derechos y Garant¨ªas de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, fija las condiciones que deben rodear a una muerte digna. La mayor¨ªa de los derechos que otorga a los pacientes y los deberes que impone a los m¨¦dicos est¨¢n ya recogidos en la ley estatal de autonom¨ªa del paciente, pero nunca han terminado de regularse y, a la hora de llevarlos a la pr¨¢ctica, a menudo, surgen trabas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho del paciente a rechazar un tratamiento. Otras cuestiones, como las sedaciones paliativas, que hasta ahora estaban recomendadas en textos europeos y estatales que regulan las buenas pr¨¢cticas m¨¦dicas se elevan por primera vez en Espa?a a la categor¨ªa de derecho en la norma andaluza: "El paciente en situaci¨®n terminal o de agon¨ªa, tiene derecho a recibir sedaci¨®n paliativa, cuando lo precise", recoge el texto, que incluso regula el derecho a recibir estos cuidados en el domicilio del enfermo.

La norma garantiza, adem¨¢s, la cobertura jur¨ªdica a los profesionales que atienden a los enfermos terminales, pero tambi¨¦n les deja claras sus obligaciones, como la de retirar o no instaurar medidas de soporte vital que "s¨®lo contribuyan a prolongar en el tiempo una situaci¨®n cl¨ªnica carente de expectativas razonables de mejor¨ªa". Es decir, lo que habitualmente se llama obstinaci¨®n o encarnizamiento terap¨¦utico. La ley regula que para tomar esta decisi¨®n el m¨¦dico debe recabar la opini¨®n coincidente de al menos otros dos profesionales sanitarios de su equipo. La ley obliga tambi¨¦n a los m¨¦dicos a consultar el registro de voluntades vitales anticipadas antes de decidir sobre un paciente que agonice, as¨ª como a respetar "los valores, creencias y preferencias" del enfermo y "abstenerse de imponer" sus propias creencias morales o religiosas.

Desde que empez¨® a tramitar la nueva ley, el Gobierno andaluz ha puesto como ejemplo el caso de las sedaciones del hospital de Legan¨¦s o la batalla que tuvo que afrontar la granadina Inmaculada Echevarr¨ªa para conseguir que le desconectaran el respirador que le manten¨ªa con vida. La ley andaluza surge para evitar que se repitan estos episodios.

La decisi¨®n adoptada por el Gobierno andaluz se ha hecho sin esperar que el Ministerio de Sanidad avance en el mismo sentido. El Ejecutivo de Zapatero ha metido este proyecto en el caj¨®n, despu¨¦s de que al inicio de la legislatura el anterior ministro, Bernat Soria, crease un grupo de expertos para estudiar la regulaci¨®n de la muerte digna e incluso quiso abrir el debate sobre el suicidio asistido. Por el contrario, la actual ministra, Trinidad Jim¨¦nez, dej¨® claro, en una entrevista EL PA?S el pasado mes de abril, su desinter¨¦s por una normativa espec¨ªfica: "No forma parte de una prioridad en el debate social ni pol¨ªtico; por tanto, no tengo intenci¨®n de avanzar en este aspecto. No existe un clima social que demande este tipo de legislaci¨®n".

La consejera andaluza de Sanidad dijo ayer desconocer si el departamento que dirige Trinidad Jim¨¦nez tiene previsto o no aprobar una ley de ¨¢mbito estatal, al tiempo en que confi¨® en que los ciudadanos de otras comunidades aut¨®nomas sean las que empujen a sus gobiernos para regular este aspecto.