El grito ind¨ªgena retumba en Per¨²
El Gobierno de Alan Garc¨ªa se ve forzado a cambiar su estrategia de desarrollo
La selva, la regi¨®n m¨¢s grande y menos poblada de Per¨², ha generado el estallido social m¨¢s serio de los ¨²ltimos a?os en el pa¨ªs. Las protestas de las comunidades nativas de la Amazonia contra un paquete de 10 decretos legislativos dictados por el Gobierno de Alan Garc¨ªa han dejado hasta ahora 23 polic¨ªas y 10 civiles muertos, seg¨²n las cifras del Ejecutivo y de la Defensor¨ªa del Pueblo.
Los nativos y varias organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor y protestan porque no se ha permitido el libre acceso a las zonas donde se produjeron los enfrentamientos. "El grado de desinformaci¨®n que se maneja alimenta la sospecha de que hay un n¨²mero mayor de v¨ªctimas", se?al¨® Javier la Rosa, de la ONG Instituto de Defensa Legal.
Las tribus amaz¨®nicas son el 1% de la poblaci¨®n, 300.000 personas
Han pasado m¨¢s de dos meses desde el 9 de abril, fecha en que se inici¨® la protesta y hasta ahora varias carreteras y r¨ªos siguen bloqueados, al igual que las operaciones en las instalaciones petrol¨ªferas y gas¨ªferas. Fue justamente durante el intento de la polic¨ªa el 5 de junio de romper uno de los bloqueos en las inmediaciones de la ciudad de Bagua que la sangre lleg¨® al r¨ªo.
Horas despu¨¦s de este enfrentamiento con armas de fuego, los nativos tomaron revancha y mataron a nueve polic¨ªas que estaban retenidos en una estaci¨®n del oleoducto norperuano, en la localidad de Imacita. El Gobierno mostr¨® im¨¢genes de los cad¨¢veres y asegur¨® que los polic¨ªas hab¨ªan sido degollados.
Tras esos episodios de violencia el levantamiento prosigui¨® y se extendi¨® a otras ciudades, incluso la capital, que el jueves vivi¨® una jornada de protesta que incluy¨® una marcha en la que participaron miles de personas y que fue disuelta por la polic¨ªa antidisturbios con gases lacrim¨®genos.
El Gobierno ha calificado de "extremistas" a los l¨ªderes de la protesta, y el presidente Alan Garc¨ªa ha declarado en varias ocasiones que quienes se oponen a los decretos no los han le¨ªdo y desconocen sus alcances. "Un 80% de la poblaci¨®n respalda la democracia, la legalidad y el desarrollo", declar¨® esta semana el presidente Garc¨ªa, que repetidas veces se mostr¨® decidido a no ceder.
Pese a eso, y a sugerir constantemente que hay intereses extranjeros detr¨¢s del levantamiento, el Gobierno finalmente parece dispuesto a negociar con los ind¨ªgenas y ha anunciado la formaci¨®n de una comisi¨®n en la que participar¨¢n los representantes de los pueblos nativos.
Aunque en un principio el primer ministro peruano, Yehude Sim¨®n, se?al¨® que la Asociaci¨®n Inter¨¦tnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la m¨¢s beligerante, no participar¨ªa en la nueva comisi¨®n porque su presidente (Alberto Pizango) "ha pateado el tablero", el viernes rectific¨®. Sim¨®n aclar¨® que ¨¦sta tambi¨¦n estaba invitada a participar.
Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho, afirma que, como consecuencia de este conflicto, el Gobierno deber¨¢ "modificar su agenda" respecto a la Amazonia. "La causa esencial de la violencia y el temor es que (los nativos) todav¨ªa no han encontrado en el Estado los instrumentos, la legislaci¨®n, las instituciones capaces de pasar de esta situaci¨®n de fragilidad a una mayor seguridad jur¨ªdica sobre sus tierras. Ellos sienten que sus derechos son muy d¨¦biles, y efectivamente lo son", argumenta.
M¨¢s al fondo a¨²n subyace un problema de incomprensi¨®n hacia los pueblos amaz¨®nicos, que en realidad son varios centenares de culturas distintas entre s¨ª, que en total suman alrededor de 300.000 personas, un 1% de la poblaci¨®n peruana. Para los pueblos nativos, que en muchos casos tienen cultura guerrera, la defensa de la tierra y su entorno son asuntos vitales.
"Tienen una concepci¨®n mesi¨¢nica y milenarista", se?al¨® el experto en temas amaz¨®nicos Roger Rumrrill, en declaraciones al diario La Rep¨²blica. "Cuando se sienten afectados, humillados, cuando sienten que su mundo se est¨¢ destruyendo, ir¨¢n a una guerra del fin del mundo porque con la extinci¨®n de la naturaleza se extingue tambi¨¦n su cultura", puntualiza.
Por lo pronto, la guerra iniciada por los nativos ha obligado a un pa¨ªs, que siempre se ha desarrollado mirando al oc¨¦ano Pac¨ªfico, y a su Gobierno que no ten¨ªa una estrategia amaz¨®nica, a mirar con m¨¢s atenci¨®n su enorme y descuidado patio trasero.
Los decretos de la discordia
Centrales sindicales y estudiantes se han solidarizado con los nativos peruanos, a quienes no les parece suficiente la decisi¨®n adoptada el pasado mi¨¦rcoles por el Congreso de suspender indefinidamente la vigencia de dos de los decretos m¨¢s cuestionados, el 1.090, conocido como ley forestal y de fauna silvestre, y el 1.064, que establece el r¨¦gimen jur¨ªdico de las tierras de uso agr¨ªcola. Ambos son parte del paquete de normas legales que aprob¨® el Gobierno en junio de 2008 para alentar la inversi¨®n en la Amazonia y adecuar el marco legal peruano al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las comunidades ind¨ªgenas argumentan que no fueron consultadas acerca de estos decretos que les afectan directamente, y sostienen que son inconstitucionales.
Las demandas de los nativos fueron ignoradas durante meses hasta que tomaron medidas de fuerza. "S¨®lo su derogaci¨®n definitiva nos dejar¨¢ satisfechos", advirti¨® Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociaci¨®n Inter¨¦tnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a la mayor parte de comunidades nativas. Zapata lidera ahora la protesta, despu¨¦s de que Alberto Pizango, acusado por el Gobierno de sedici¨®n y de las muertes de la semana pasada, se refugiara en la Embajada de Nicaragua en Lima y se le concediera asilo pol¨ªtico.
Algunos expertos aseguran que las protestas van m¨¢s all¨¢ de los decretos cuestionados. "El motivo del conflicto no es la existencia de estas medidas legislativas, sino el lenguaje pol¨ªtico y las pol¨ªticas en general, que los nativos han interpretado que ponen en peligro los derechos de propiedad y el usufructo de sus tierras", explica Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
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