La protecci¨®n de menores no funciona en Espa?a

"La protecci¨®n de menores en Espa?a no funciona". Es una de las conclusiones que ayer hicieron p¨²blicas los jueces de menores que durante tres d¨ªas han debatido en Valencia sobre el escenario en el que trabajan. Los magistrados aseguran que las deficiencias en el sistema de protecci¨®n a menores con problemas "obligan a judicializar conflictos que tendr¨ªan que ser resueltos en el ¨¢mbito familiar y social". Por eso, Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclam¨® en la clausura de las jornadas medios materiales e implicaci¨®n real de las administraciones para poder corregir las disfunciones que existen en materia de menores.

Los magistrados recomiendan a los poderes p¨²blicos que realicen estudios rigurosos y fiables sobre cu¨¢ntos menores pasan de protecci¨®n a reforma, para prevenir que todos ellos se conviertan en delincuentes. Dos cosas, pues, coinciden: la dificultad de detectar y actuar sobre los menores que tienen comportamientos dif¨ªciles o alg¨²n tipo de trastorno, y ejecutar una protecci¨®n eficaz que evite que ese mismo comportamiento lleve a los menores a la infracci¨®n penal.

A pesar de reconocer que cada a?o la conflictividad entre menores y con menores es mayor, los jueces rechazan la rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 a?os. Ser¨ªa, aseguran en las conclusiones, "reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema espa?ol".

La prevenci¨®n es la reclamaci¨®n m¨¢s reiterada. Los jueces consideran que es la clave para superar situaciones que est¨¢n dificultando seriamente la elaboraci¨®n de diagn¨®sticos acertados y el dise?o de pol¨ªticas adecuadas. Los jueces, tal como se?al¨® Bravo, piden que se favorezcan la mediaci¨®n y la conciliaci¨®n como propuestas de futuro para superar conflictos, especialmente los de maltrato familiar, y evitar una penalizaci¨®n mayor al menor.

Hay problemas con la ejecuci¨®n de las sentencias, de las medidas que se imponen a menores infractores. Y los jueces de menores reunidos en Valencia, tal como traslad¨® ayer Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, quieren una "mayor implicaci¨®n de las entidades p¨²blicas". M¨¢s a¨²n, reclaman "celeridad en el proceso con la finalidad de que el menor reciba respuesta inmediata a su conducta infractora".

Los jueces reunidos en Valencia han repasado durante tres d¨ªas las distintas ¨¢reas de conflicto en las que se ven habitualmente implicados menores. Internet ha sido objeto de uno de los debates m¨¢s intensos. Los magistrados consideran urgente que se acabe con la "impunidad en caso de los delitos cometidos por menores utilizando como medio la Red". Y, adem¨¢s, "la regulaci¨®n de las responsabilidades civiles derivadas". Una de las recomendaciones es la de "establecer la obligaci¨®n de constituir una representaci¨®n legal de los operadores de Internet en el territorio espa?ol". Al mismo tiempo, sugieren la conveniencia de "establecer mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red", a trav¨¦s de filtros que garanticen "la autenticidad de los datos que se introducen en la p¨¢gina web".

La violencia en la escuela ha sido otro de los problemas sobre los que han reflexionado los magistrados. Entienden, tal como consta en las conclusiones, que "es responsabilidad de los poderes p¨²blicos incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educaci¨®n en actitudes y en valores". Consideran importante que los menores sepan de la legislaci¨®n penal que les ata?e para prevenir "actitudes violentas y fomentar conductas prosociales". Afirman los magistrados que es determinante "la adopci¨®n de pol¨ªticas preventivas en materia de acoso escolar para evitar que el Estado social se convierta en Estado policial, apostando por pol¨ªticas p¨²blicas con componentes fundamentalmente preventivos, debiendo ser la respuesta punitiva siembre subsidiaria".

Los t¨¦cnicos creen que es tambi¨¦n urgente que haya un ¨²nico expediente sobre un menor, un ¨²nico abogado, una unificaci¨®n en los procesos que permita conocer todo aquello en lo que el menor es protagonista. Y lo es tambi¨¦n que la Administraci¨®n penitenciaria se dote de los medios para que los j¨®venes sometidos a medidas de larga duraci¨®n las cumplan con la finalidad reeducativa que indica la Ley del Menor.

Por ¨²ltimo, los magistrados piden una adecuada cobertura de la salud mental de menores y j¨®venes, as¨ª como la coordinaci¨®n entre Sanidad y Justicia para afrontar situaciones dram¨¢ticas que hoy no tienen respuesta.