La industria cultural renuncia a perseguir a internautas particulares

La industria cultural prefiere una legislaci¨®n de m¨ªnimos a que todo siga igual en el asunto de las descargas por Internet. Por eso, y en un ¨²ltimo gesto al Gobierno para facilitar una regulaci¨®n que cuenta a priori con el rechazo frontal de millones de internautas, la industria de contenidos ha dado su brazo a torcer y ha renunciado a perseguir a los m¨¢s de ocho millones de particulares que realizan descargas por Internet.

Ni corte de conexi¨®n, ni reducci¨®n de la velocidad, ni siquiera avisos. Los internautas particulares podr¨¢n seguir gozando, al menos durante un a?o, de la misma libertad que tienen ahora para bajarse canciones y pel¨ªculas de la Red, una actividad completamente legal seg¨²n la actual legislaci¨®n.

En Espa?a, s¨®lo un juez puede ordenar el cierre de una p¨¢gina

La Coalici¨®n de Creadores e Industrias de Contenidos se conforma con que el Ejecutivo regule ¨²nicamente la persecuci¨®n de las p¨¢ginas web que facilitan enlaces para realizar descargas. Tras un primer y ¨²nico aviso, se proceder¨ªa a la interrupci¨®n definitiva del alojamiento de las website albergadas en servidores espa?oles o el bloqueo para acceder a ellas. Esta decisi¨®n estar¨ªa en manos de un organismo administrativo -se propone la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones- que se dotar¨ªa de estas competencias merced a una modificaci¨®n legislativa.

Esta es la propuesta que le ha hecho llegar al Ejecutivo dicha Coalici¨®n, que representa a las sociedades de gesti¨®n de derechos, como SGAE, y la industria discogr¨¢fica, cinematogr¨¢fica y de videojuegos.

No se trata de una renuncia definitiva al sistema de avisos, sino de una moratoria de un a?o para los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P (eMule, BitTorrent, Ares, etc¨¦tera). Al t¨¦rmino de ese plazo, se evaluar¨ªa la eficacia de la persecuci¨®n de las web y se decidir¨ªa si se cambia de modelo.

El presidente de la Coalici¨®n, Aldo Olcese, justifica esta medida de m¨ªnimos en que 200 website, que alojan o enlazan los archivos, son los responsables del 80% de las "descargas ilegales". La propuesta se produce tras la ruptura de las negociaciones el pasado mes de abril que mantienen con los operadores de acceso a Internet, agrupados en Redtel. Ahora le toca al Gobierno decidir si acepta o no la propuesta de la Coalici¨®n.

El principal escollo jur¨ªdico al que se enfrenta esta reforma es que en Espa?a, el bloqueo o la intervenci¨®n de las p¨¢ginas web s¨®lo puede ser decidido por un juez. El Parlamento Europeo y el Consejo Constitucional franc¨¦s han sancionado esta doctrina recientemente.

La Coalici¨®n anunci¨® la creaci¨®n de una web, que ofrecer¨ªa a precio asequible un cat¨¢logo "casi ilimitado" y de calidad de pel¨ªculas, m¨²sica y videojuegos, y en el que estar¨ªan integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como la industria de contenidos.