Sanidad prev¨¦ que s¨®lo el 10% cambie de m¨¦dico

El dinero sigue al paciente. As¨ª que si el paciente se mueve, pongamos por caso del centro de salud de General Ricardos al del paseo Imperial, el dinero se va con ¨¦l y pasa a engrosar el presupuesto del ambulatorio en cuesti¨®n. El centro que m¨¢s clientes consiga captar, m¨¢s recursos tendr¨¢. ?ste es el principio que rige el anteproyecto del ley de libre elecci¨®n que el Gobierno de Aguirre acaba de remitir al Consejo Econ¨®mico y Social (CES) y al que ha tenido acceso EL PA?S.

El paciente podr¨¢ elegir m¨¦dico de familia, pediatra y enfermero en atenci¨®n primaria. En la especializada, se podr¨¢ escoger hospital y hasta facultativo, una novedad respecto al primer borrador, en el que s¨®lo se permit¨ªa escoger un servicio y no a un m¨¦dico en concreto. El paciente podr¨¢ cambiar cuando quiera y sin necesidad de justificar nada.

El centro que m¨¢s 'clientes' consiga captar tendr¨¢ m¨¢s recursos

Es una inc¨®gnita lo que ocurrir¨¢ con los centros menos demandados

Pero hay excepciones. Para empezar, en la libre elecci¨®n no entra ni la atenci¨®n domiciliaria ni la de urgencias. Es decir, que aunque usted visite al especialista en el 12 de Octubre, si tiene una urgencia y vive en el barrio de Bego?a, deber¨¢ acudir a La Paz, donde, obviamente, no le va a atender su m¨¦dico habitual.

La ley supone un cambio radical en la estructura del mapa sanitario madrile?o. Seg¨²n el texto, para poder garantizar la libertad de elecci¨®n en todo el territorio, es necesario eliminar las 11 ¨¢reas de salud en las que se divide actualmente la regi¨®n y crear una sola para m¨¢s de seis millones de habitantes. Un cambio muy dr¨¢stico, muy criticado por los profesionales -hablan de caos organizativo y de empeoramiento de la atenci¨®n- y que, seg¨²n reconoce el anteproyecto, beneficiar¨¢ a pocos ciudadanos: "Se estima que entre un 5% a un 10% de madrile?os ejercer¨¢n este derecho en la pr¨¢ctica".

El anteproyecto deja muchas inc¨®gnitas sin resolver. ?Qu¨¦ pasa si un especialista de renombre o un centro de salud en concreto se ven desbordados de peticiones? ?Seguir¨¢n acept¨¢ndolas hasta la saturaci¨®n?

El texto no responde de forma expl¨ªcita, como tampoco lo ha hecho el consejero de Sanidad, Juan Jos¨¦ G¨¹emes, cuando se le ha preguntado. Pero el art¨ªculo 3.6 da alguna pista, que tampoco aparec¨ªa en el borrador: la elecci¨®n, dice, "podr¨¢ ser denegada mediante resoluci¨®n debidamente motivada". La petici¨®n deber¨¢ partir del m¨¦dico o enfermero y deber¨¢ estar "debidamente justificada".

El peligro de saturaci¨®n es real, a juzgar por los beneficios que conseguir¨¢n los profesionales m¨¢s demandados. A los elegidos se les premiar¨¢, seg¨²n recoge la memoria econ¨®mica del anteproyecto, con "adquisici¨®n de tecnolog¨ªas", "autoconcertaci¨®n de procesos en jornada extraordinaria" y "cobertura de vacantes por jubilaciones o traslados", entre otras. Es decir, que los m¨¢s demandados tendr¨¢n cada vez m¨¢s recursos. El dinero ser¨¢ el mismo. No se prev¨¦ m¨¢s financiaci¨®n. As¨ª que se trata de "redistribuir".

El resultado es que unos servicios concentrar¨¢n buena parte del gasto, "en detrimento de los menos eficientes y peor valorados". ?Qu¨¦ pasar¨¢ con estos ¨²ltimos? Si ya est¨¢n mal valorados y cada vez reciben menos recursos, ?acabar¨¢n cerrando? El texto no responde. S¨ª especifica que los facultativos que tengan m¨¢s pacientes cobrar¨¢n m¨¢s. ?Y si siguen aceptando pacientes aunque sus consultas empiecen a desbordarse? Tampoco hay respuesta. Una vez aprobada la ley, el Gobierno tendr¨¢ tres meses para elaborar un reglamento que solucione ¨¦stas y otras cuestiones.

Adaptar los sistemas inform¨¢ticos a los cambios costar¨¢ 10,8 millones de euros, medio mill¨®n m¨¢s de lo que se preve¨ªa. De ellos, 3,1 millones son para extender el sistema AP-Madrid (centralizado, a diferencia del actual) a todos los centros de salud. Algo que deber¨ªa estar en marcha desde 2007, pero que est¨¢ estancado.

La libre elecci¨®n tambi¨¦n supone m¨¢s gasto en ambulancias. La memoria recoge un importe de 300.000 euros en 2009 para contratar la "prestaci¨®n del servicio sanitario terrestre para la libre elecci¨®n, urbano e interurbano".