?ltimo recurso de una madre coraje

A Juana Ortega se le enrojecen los ojos cuando cuenta su problema. Habla con dolor. Es el fruto de la desesperaci¨®n y de 20 a?os de olvido, de lucha. Junto a ella est¨¢ su hijo Antonio Me?o, de 40 a?os. No se mueve. Sufre un coma vegetativo desde hace dos d¨¦cadas, tras someterse a una operaci¨®n de nariz. Ambos se han instalado desde hace una semana en la plaza de Jacinto Benavente (Centro), hasta que alguien del Ministerio de Justicia les reciba y les d¨¦ una soluci¨®n para los 400.000 euros que les exigen los jueces. Asegura que si es necesario pasar¨¢ ah¨ª todo el verano "y lo que haga falta".

Su historia comienza el 3 julio de 1989, cuando su hijo se someti¨® a una rinoplastia. La operaci¨®n transcurri¨® bien, pero los problemas surgieron en el postoperatorio. El anestesista desentub¨® al paciente y ¨¦ste vomit¨®. "Debido a la falta de reflejos de la glotis, al no haber recuperado la respiraci¨®n espont¨¢nea, se produjo una aspiraci¨®n del propio v¨®mito y broncoespasmo", recogi¨® el fallo del juzgado de lo Penal que conden¨® al anestesista por una falta de negligencia, con una indemnizaci¨®n de 175 millones de pesetas (algo m¨¢s de un mill¨®n de euros). Sin embargo, posteriores recursos dejaron sin efecto este fallo. En especial, la Audiencia Provincial de Madrid, que no apreci¨® mala praxis en la actuaci¨®n del facultativo, pese a que ¨¦l mismo lo reconoci¨® en el primer juicio. "El mundo se me cay¨® encima. Vi que la justicia no funciona en este pa¨ªs", afirma Ortega.

Las costas ascienden a 400.000 euros. Juana pide que no le embarguen la casa

El varapalo por la v¨ªa penal dejaba abierta la v¨ªa civil. Pero los resultados no fueron mejores. Mientras, Juana Ortega tuvo que arreglar su casa y pagar los tratamientos m¨¦dicos a su hijo, lo que le cost¨® 25 millones de pesetas (150.000 euros). Tuvo que cerrar la fruter¨ªa.

Los jueces no dieron la raz¨®n a la mujer, pese a las pruebas que hab¨ªa aportado, entre las que estaba el hecho de que ni siquiera hubo consentimiento informado de la operaci¨®n por parte del paciente.

Recurso tras recurso, las costas judiciales han ido subiendo hasta los 400.000 euros. La familia Me?o Ortega acudi¨® al Tribunal de Derechos Humanos, pero ¨¦ste desestim¨® el caso. Ahora, para hacer frente a los pagos, ha recibido la carta de embargo. Y corren peligro su casa y su actual negocio, una panader¨ªa. "Como me echen a la calle y me encuentre sin nada, creo que har¨¦ algo muy grave. Estoy dispuesta a pasar aqu¨ª todo el tiempo que haga falta hasta que alguien nos reciba", afirma.

Su hijo est¨¢ junto a ella, tumbado en una cama plegable inm¨®vil. Ella duerme, desde el d¨ªa 17, junto a ¨¦l en otra tumbona. Cada tres o cuatro d¨ªas vuelve a su casa para ba?ar a su hijo.

Antonio vio truncada su carrera de Derecho. "Era muy trabajador. Estaba en activo todo el d¨ªa. Cuando no ayudaba a su padre en la fruter¨ªa, estudiaba. De hecho, se grababa las lecciones y se pon¨ªa los cascos cuando iba a correr. Y ahora verlo ah¨ª, en una camilla inm¨®vil...", relata la madre con l¨¢grimas en los ojos.

El Ministerio de Justicia declar¨® ayer que no puede opinar del caso porque no lo conoce.