Arriola desvela que Vivienda gasta 2,7 millones al a?o en alquileres sin ocupar

Una interpelaci¨®n del parlamentario de EB, Mikel Arana, al consejero de Vivienda, I?aki Arriola, termin¨® ayer en un revolc¨®n para el ¨²nico representante de esa formaci¨®n en la C¨¢mara, quien era adem¨¢s el segundo en el organigrama del departamento cuando en la pasada legislatura lo dirig¨ªa Javier Madrazo. Arriola desvel¨® que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado con un gasto de 2,7 millones de euros anuales para pagar alquileres a propietarios de viviendas que las ceden al Gobierno dentro del programa Bizigune para que ¨¦ste las alquile, y que permanecen vac¨ªas. Son, en total 400 las viviendas que se encuentran en dicha situaci¨®n, lo que indicar¨ªa un desajuste entre la oferta y la demanda que genera un importante gasto a las arcas p¨²blicas, seg¨²n precis¨® Arriola.

Casi un 18% del presupuesto del programa se va por el desajuste

El problema para el Gobierno pasa ahora por casar oferta y demanda

El Gobierno paga hasta 700 euros mensuales a los propietarios que ponen sus viviendas vac¨ªas a disposici¨®n del programa y cobra luego un alquiler social a los inquilinos, que no puede sobrepasar el 30% de sus ingresos. El programa en su conjunto est¨¢ dotado con un total de 16,2 millones de euros, lo que supone que casi un 18% de su dotaci¨®n se estar¨ªa desperdiciando, dado que el Gobierno est¨¢ pagando, pero nadie se beneficia socialmente de ese gasto, salvo, claro est¨¢, quien cobra religiosamente su alquiler independientemente de que la vivienda se ocupe o no.

Arriola indic¨® que el programa incluye 4.487 viviendas, de las que esas 400 se hallan vac¨ªas. El alquiler medio que paga el Gobierno asciende a 570 euros, mientras que el que cobra se euda en 270. Los 300 euros de diferencia lo ponen las arcas p¨²blicas. Adem¨¢s, hay captadas para el programa otras 962 viviendas, todav¨ªa sin contratar, por lo que a¨²n no suponen un gasto para la Administraci¨®n.

Iker San Rom¨¢n, director de Planificaci¨®n de Vivienda en la etapa de Madrazo, asegur¨® a este peri¨®dico que no se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda, puesto que en estos momentos hay 8.000 aspirantes potenciales a una de estas viviendas, todos los demandantes del programa Etxebide, entre los que el departamento busca adjudicatarios. "Lo que ocurre es que hay siempre un decalaje entre el momento en que se capta la vivienda y se empieza a pagar al propietario y el momento en que se adjudica a un inquilino, en torno a los dos meses. El parque de viviendas vac¨ªas ha sido habituamente menor, unas 250", sostuvo.

El aumento en los pisos vac¨ªos se deber¨ªa, a su juicio, al resultado de una campa?a publicitaria realizada en el primer trimestre del a?o y al aumento de la cantidad que el Gobierno paga a los arrendadores hasta los 700 euros, que habr¨ªa generado una avalancha de interesados.

Arriola censur¨® precisamente ese af¨¢n captador de viviendas del anterior equipo de Ezker Batua, cuya pol¨ªtica en ese terreno consider¨® excesivamente "agresiva". ?sta habr¨ªa dado como resultado justamente la generaci¨®n de esa reserva de 400 viviendas que no tienen inquilino y de las otras casi mil pendientes de formalizar el contrato con la Administraci¨®n.

El problema para el nuevo Gobierno es tratar de hacer casar ahora la oferta de las 400 viviendas ya contratadas m¨¢s las 962 captadas con la demanda de los cerca de 8.000 inscritos en Etxebide. Entre otros inconvenientes que muchas veces motivan el rechazo de las personas a las que se les oferta esta f¨®rmula est¨¢ la ubicaci¨®n de esos pisos, en la que muchas veces tampoco coincide la oferta existente con el inter¨¦s de los demandantes.

Arriola concluy¨® que resulta preciso reorientar el programa, aunque descart¨® que vaya a desaparecer. Tambi¨¦n reiter¨® el compromiso del Gobierno de que cuatro de cada diez nuevas viviendas protegidas se destinen al alquiler. Ahora es el 25%.