Benavides, condenado a 28 meses por un delito de coacciones
El alcalde de Almu?¨¦car cambi¨® las cerraduras y cort¨® la luz de la TV local
El Juzgado de lo Penal de Motril ha condenado al alcalde de Almu?¨¦car, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), a dos a?os y cuatro meses de prisi¨®n por un delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisi¨®n local. Adem¨¢s, el regidor quedar¨¢ inhabilitado durante esos 28 meses para ejercer como cargo p¨²blico tras haber autorizado el cambio de cerraduras y el corte de los suministros de agua, luz y tel¨¦fono a la empresa Medios Informativos Costa Tropical SL, que finalmente originaron el cierre de la misma, seg¨²n publicaba en su edici¨®n de ayer La Opini¨®n de Granada.
El fallo rebaja en dos meses la petici¨®n de pena de la Fiscal¨ªa en el juicio celebrado el pasado 10 de junio, y en el que solicit¨® tambi¨¦n que Benavides abonara 36.000 euros en concepto de multa.
Los hechos se remontan a enero de 2004, cuando la empresa se encargaba de los servicios relativos al desarrollo, producci¨®n de programas, tiempo de difusi¨®n y publicidad institucional en medios audiovisuales de titularidad municipal tras haber obtenido la adjudicaci¨®n pertinente en abril de 2000.
Para el desarrollo de sus funciones la empresa utilizaba una planta del edificio de la Casa de la Cultura y un cuarto situado en la terraza, as¨ª como una caseta en el Rancho de R¨ªo Verde, de titularidad municipal.
Sin suministros
Sin embargo, en enero de 2004, con Benavides de alcalde, ¨¦ste orden¨® el cambio de cerradura de la caseta de emisi¨®n situada en R¨ªo Verde, as¨ª como en los locales de la Casa de la Cultura que usaba la televisi¨®n, mientras que en la Junta de Gobierno de ese mes se acord¨® el corte del suministro el¨¦ctrico de los locales.
Al parecer, la orden se hizo efectiva entre el 16 y 19 de enero, sin que previamente se comunicara ni notificara al representante de la empresa, circunstancia que impidi¨® que ¨¦sta pudiera continuar con su actividad, con los consiguientes perjuicios econ¨®micos.
Esta circunstancia fue utilizada para acordar, el 21 de enero de ese a?o en la Junta de gobierno local, que se incoara contra la adjudicataria un expediente sancionador procediendo a la suspensi¨®n cautelar del contrato.
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