"Montaron el helic¨®ptero con piezas que eran s¨®lo chatarra"

Las ocho personas que murieron el 14 de junio de 2002 en el accidente de helic¨®ptero de Toralloda (Pallars Juss¨¤) volaban a bordo de un aparato comprado por 3.450 euros en una subasta del Ej¨¦rcito y remendado con piezas de desguace. El helic¨®ptero, propiedad de la empresa Helieuropa Services, fue contratado por operarios de Fecsa-Endesa para sobrevolar las l¨ªneas el¨¦ctricas y comprobar as¨ª su estado. En pleno vuelo, el helic¨®ptero perdi¨® la cola y se estrell¨® contra una ladera. "Los acusados montaron un helic¨®ptero de lo que no era nada m¨¢s que chatarra", resume la Fiscal¨ªa de Lleida en su escrito de acusaci¨®n. Para los propietarios del helic¨®ptero pide ahora cinco a?os y nueve meses de prisi¨®n, 7.200 euros de multa y 600.000 euros de indemnizaci¨®n para las familias de cada una de las v¨ªctimas.

El propietario us¨® un motor de un museo para equipar la aeronave

El fiscal abre el juicio contra P. M. S. de M., administrador de la sociedad Helieuropa Services SA, los ingenieros A. G. L. y J. C. de la P., y el t¨¦cnico de mantenimiento C. M. Los cuatro est¨¢n acusados de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores. Adem¨¢s, el ministerio p¨²blico tambi¨¦n pide para ellos seis a?os de inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio de la profesi¨®n.

El relato que realiza el fiscal sobre la tragedia a¨¦rea m¨¢s grave jam¨¢s ocurrida en Lleida relata una interminable sucesi¨®n de irregularidades que empiezan el 19 de abril de 1993, cuando P. M. S. de M compr¨® un viejo helic¨®ptero Augusta Bell 205 en una subasta p¨²blica del Ej¨¦rcito del Aire por 3.450. El aparato no ten¨ªa motor, h¨¦lices ni cola.

Tres a?os despu¨¦s, lo vendi¨® a la sociedad Helieuropa Services, de la que era gerente, por 30.000 de euros. Entre estas dos fechas, el "¨²nico inter¨¦s del comprador", seg¨²n el fiscal fue "conseguir la documentaci¨®n de la aeronave" para comercializar su alquiler. Una vez conseguidos los documentos, procedi¨® con los otros acusados a montar y reconstruir el helic¨®ptero, adquiriendo las piezas que iban necesitando en otras subastas o retir¨¢ndolos de otras aeronaves. Todo esto lo hicieron "sin tener ni autorizaci¨®n ni habilitaci¨®n", destaca el fiscal.

Primero instalaron en la aeronave siniestrada un motor procedente de otro aparato que estaba depositado para su observaci¨®n como pieza curiosa en el Museo del Ej¨¦rcito. Tambi¨¦n instalaron el rotor principal, el estabilizador y el rotor de cola con piezas de otros aparatos. El 2 de junio de 1996, una vez montado el helic¨®ptero, la empresa solicit¨® a la Subdirecci¨®n General de Aviaci¨®n Civil autorizaci¨®n para realizar unos vuelos de prueba. El fiscal relata c¨®mo en octubre de 1996 Aviaci¨®n Civil emiti¨® por error un certificado de aeronavegabilidad para un modelo de aparato distinto. Esta irregularidad dur¨® cinco a?os, durante los cuales la aeronave recibi¨® programas de mantenimiento inadecuados, sin que los acusados lo pusieran en conocimiento de las autoridades a¨¦reas.

Pero la peor de las irregularidades cometidas por la empresa fue la violaci¨®n de la prohibici¨®n para transportar pasajeros dictada por la Direcci¨®n General de Aviaci¨®n Civil, lo que seg¨²n el ministerio p¨²blico fue ignorado repetidamente por la empresa.

El d¨ªa de la tragedia, el remendado helic¨®ptero despeg¨® del aeropuerto de Sabadell a las 9.40 con dos tripulantes y dos pasajeros para realizar un estudio termogr¨¢fico de las l¨ªneas de alta tensi¨®n. En Lleida recogieron a los otros cuatro pasajeros, se dirigieron a la estaci¨®n de esqu¨ª de Baqueira Beret para repostar combustible y volvi¨® a Lleida. Sobre las 13.15, en el Tur¨® de Santa Magdalena, en Torallola, con un vuelo nivelado y sin mediar ninguna "circunstancia meteorol¨®gica o de pilotaje", se produjo la separaci¨®n en vuelo del cono de cola, por "el deficiente estado de mantenimiento del helic¨®ptero", y el fuselaje comenz¨® a girar sobre s¨ª mismo hasta impactar contra el suelo. Los ocho ocupantes, entre los que figuraba la delegada del Departamento de Industria en Lleida, Divina Esteve, murieron calcinados.

El fiscal concluye que la causa inmediata del accidente fue la rotura o desprendimiento del cono de cola del aparato debido al mal estado y al c¨²mulo de irregularidades existentes en la documentaci¨®n, por lo que pide al juzgado la apertura del proceso penal contra los acusados.