Gran Scala o gran estafa
Arag¨®n aprueba una ley para construir un Las Vegas europeo en Onti?ena
?Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Onti?ena? Onti?ena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje ¨¢rido y econom¨ªa de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio dise?ado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ?Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa. El Gobierno aragon¨¦s patrocina el proyecto hasta sus ¨²ltimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hect¨¢reas en Onti?ena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Arag¨®n. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragon¨¦s tendr¨¢ un problema.
La empresa s¨®lo ha invertido por ahora 120.000 euros en el megaproyecto
IDL asegura que hay implicadas en el asunto firmas de gran solvencia
Los empresarios aragoneses no han sido consultados: "No nos piden nada"
Desde C¨¢ritas hasta las asociaciones ecologistas se muestran en contra
La pol¨¦mica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se present¨® un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversi¨®n, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques tem¨¢ticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pens¨® que el Gobierno aragon¨¦s, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.
Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era Jos¨¦ ?ngel Biel, vicepresidente del Gobierno aragon¨¦s y l¨ªder del Par, socio de la coalici¨®n gobernante. Pol¨ªticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garant¨ªa.
Durante meses, las noticias alimentaron a los esc¨¦pticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y Par¨ªs. Actos promocionales donde se habl¨® del proyecto sin concreci¨®n. Los canap¨¦s y los viajes los pagaba el Gobierno de Arag¨®n. Daba la impresi¨®n de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.
Tambi¨¦n se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Arag¨®n y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se compromet¨ªa, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una regi¨®n con la ley del juego m¨¢s restrictiva de Espa?a. En Arag¨®n s¨®lo se autoriza un casino por provincia. Los promotores quer¨ªan una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstenci¨®n del PP en algunos art¨ªculos.
Muchas asociaciones c¨ªvicas han mostrado su oposici¨®n y han generado una opini¨®n en contra. Desde C¨¢ritas hasta Ecologistas en Acci¨®n, pasando por la Fundaci¨®n Ecolog¨ªa y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran enga?o. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halag¨¹e?as. Tampoco las referentes a socios radicados en para¨ªsos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversi¨®n. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragon¨¦s ha mantenido un prudente silencio. Jes¨²s Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una cr¨ªtica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustar¨ªa estar cerca de la participaci¨®n de un proyecto de esta magnitud".
Otra inc¨®gnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ?d¨®nde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hect¨¢reas. El Gobierno aragon¨¦s hab¨ªa encargado un estudio a sus t¨¦cnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Onti?ena. La ¨²ltima palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicaci¨®n) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).
ILD encarg¨® al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estaci¨®n fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposici¨®n de ayuntamiento y vecinos. Quedaba as¨ª Onti?ena, la quinta opci¨®n. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde ?ngel Torres (PP) respald¨® la operaci¨®n con 1.300 hect¨¢reas de suelo municipal. M¨¢s de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hect¨¢rea. ILD utiliza una curiosa f¨®rmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opci¨®n que se renueva cada 8 meses. As¨ª hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene Jos¨¦ Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado m¨¢s de 2.000 hect¨¢reas para decidir".
Todas estas acusaciones no parecen alterar el ¨¢nimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este ¨²ltimo a?o y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversi¨®n", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qu¨¦ hay detr¨¢s y lo que hay detr¨¢s son empresas con 5.000 millones de facturaci¨®n. Si s¨®lo miran ILD ver¨¢n que no tiene empleados. ?Capital? El m¨ªnimo. ?Ingresos? Ninguno. ?Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran inc¨®gnita: si no hab¨ªa una predisposici¨®n del Gobierno, no arranc¨¢bamos".
Riera contesta a las acusaciones con una reflexi¨®n: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aqu¨ª parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ning¨²n beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobaci¨®n de la ley, llega "una fase m¨¢s constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque tem¨¢tico".
La ciudad privada
La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada tambi¨¦n como la Ley Gran Scala. Su contenido es pol¨¦mico y no s¨®lo por el mero hecho de que permita la aglomeraci¨®n de casinos de juego en un mismo territorio sino tambi¨¦n porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Arag¨®n present¨® algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los art¨ªculos.
Seg¨²n expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que m¨¢s ha llamado la atenci¨®n es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Arag¨®n y autoridades de la comarca", explica Fernando L¨®pez Rom¨¢n, presidente de la Fundaci¨®n Ecolog¨ªa y Desarrollo. "Siguiendo sus art¨ªculos, Gran Scala pasar¨ªa a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urban¨ªsticas y un ordenamiento jur¨ªdico especial. La decisi¨®n sobre cualquier licencia la tendr¨ªa el consorcio". "?Estar¨ªa permitida una manifestaci¨®n en ese territorio?", se pregunta L¨®pez Rom¨¢n. "Tal y como est¨¢ la ley, no queda claro aspecto tan importante".
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