Las comunidades se han limitado a repartirse el dinero ofrecido por el Estado

La Ley de Dependencia presenta como novedad en su gesti¨®n que son las comunidades las que deben llegar a acuerdos para ir implantando la ley de forma com¨²n. Lo hacen mediante reuniones en el consejo territorial, donde est¨¢n representadas todas ellas, y personal del Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social. Pero en este tiempo, el consejo territorial apenas ha llegado a acuerdos, y siempre con retraso. El informe encargado por el Gobierno critica que el consejo pr¨¢cticamente "se ha limitado a establecer el reparto entre las comunidades" del dinero que destina el Ejecutivo.

Por eso, prosiguen las conclusiones, "est¨¢ a¨²n lejos de ser el elemento de gobierno innovador que pretende establecer la ley". Aunque remarca que el papel que juega la Administraci¨®n central en ese consejo territorial, como impulsor de acuerdos, tambi¨¦n es mejorable.

Uno de los ejemplos que ilustra la inoperancia de dicho consejo es el sistema de informaci¨®n de la ley. Dos a?os despu¨¦s de puesta en marcha, no se ha llegado a pacto alguno sobre los datos que las comunidades deben enviar al Gobierno, y eso impide saber c¨®mo act¨²a cada una al gestionar la Dependencia y el coste total del sistema. Es "urgente", dice el informe, que se adopte un acuerdo sobre eso.

Disparidad de sistemas

Pero es dif¨ªcil, porque, para empezar, la mitad de las comunidades usan sistemas inform¨¢ticos propios, distintos del que es com¨²n al resto de ellas, y eso "impide disponer de datos completos y fiables sobre aspectos b¨¢sicos". Todav¨ªa hay autonom¨ªas, las que no est¨¢n enganchadas al ordenador central, que hacen "volcados masivos" de datos "en fechas puntuales, que suelen coincidir con los finales de mes", cuando el Gobierno paga por cada dependiente registrado en el sistema.

El informe tambi¨¦n propone una reforma del Imserso, que es el organismo del Gobierno encargado de los servicios sociales, desde donde el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social gestiona, adem¨¢s, la Ley de Dependencia. Los expertos piden que se reforme este ¨®rgano, precisamente para que sus competencias se alineen con la nueva ley y para dotarlo de "servicios especializados" que puedan dar apoyo al consejo territorial.

El estudio plantea la necesidad de que el consejo territorial se convierta en un verdadero ¨®rgano de coordinaci¨®n entre las administraciones p¨²blicas "que promueva la fijaci¨®n de objetivos comunes, el control entre pares y el intercambio de buenas pr¨¢cticas".