Un informe oficial insta al Gobierno a denunciar a las autonom¨ªas por la Dependencia

El Gobierno conoc¨ªa las "desviaciones" que se estaban produciendo en varias comunidades al aplicar la Ley de Dependencia, pero se ha limitado a enviar algunas cartas, "renunciando a emprender la v¨ªa del recurso jurisdiccional" para corregirlas. Un informe encargado por el propio Gobierno para evaluar algunos aspectos del funcionamiento de esta ley afirma que la Administraci¨®n central "deber¨ªa ejercer su potestad" y acudir a los tribunales en caso de "flagrante incumplimiento por parte de las comunidades aut¨®nomas" de la ley.

El informe de la Agencia de Evaluaci¨®n y Calidad, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, afirma que ni siquiera "hay constancia de que se hayan entablado discusiones de car¨¢cter bilateral" con las comunidades para que realicen "los ajustes normativos correspondientes".

Conceder ayudas econ¨®micas es m¨¢s rentable para las Administraciones

Se ha incluido entre los beneficiarios a ciudadanos que no lo hab¨ªan solicitado

Que algunas comunidades estaban actuando al margen de la ley en la gesti¨®n de la dependencia era por todos conocido, y lo han denunciado los medios de comunicaci¨®n y algunos colectivos en numerosas ocasiones. Pero han tenido que ser los propios ciudadanos, en algunos casos despu¨¦s de meses de total desamparo, los que se han organizado para acudir a los tribunales a denunciar. O el propio Defensor del Pueblo, que tambi¨¦n lo ha hecho. Es pol¨ªtica prioritaria del actual Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social, como de los anteriores, no incomodar a las comunidades en aras del consenso.

El Estado es el garante de la igualdad de todos los espa?oles al ejercer sus derechos, pero en este caso no ha actuado como tal. Hay comunidades que han redactado una normativa (silencio negativo) para alargar los plazos, ya de por s¨ª extensos, que deb¨ªan pasar los ciudadanos dependientes para obtener una ayuda. As¨ª lo han hecho en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por ejemplo. Hay otras dos autonom¨ªas y una diputaci¨®n foral en las que se ha utilizado un baremo propio para determinar el grado de dependencia de algunos solicitantes, haciendo caso omiso de la existencia de un baremo ¨²nico para todas. En algunas regiones se han incluido de oficio en las listas de la dependencia a ciudadanos que no lo hab¨ªan solicitado. El Imserso s¨®lo envi¨® cartas a estas comunidades.

La realizaci¨®n de este informe por parte de la Agencia de Evaluaci¨®n (que ahora depende de la vicepresidencia) fue aprobado por Consejo de Ministros, siendo la voluntad del Gobierno la total "transparencia". Sin embargo, seis meses despu¨¦s de concluido, a¨²n no se ha hecho p¨²blico.

Algunas de las cr¨ªticas que en ¨¦l se recogen se han ido corrigiendo en ese tiempo. Por ejemplo, ya no se puede inscribir a personas dependientes, aunque est¨¦n atendidas en geri¨¢tricos, si no lo han solicitado ellas mismas o sus familiares.

Las comunidades tienen que dedicar el mismo dinero que el Gobierno a la Ley de Dependencia, pero el informe plantea dudas sobre las aportaciones que est¨¢n haciendo al sistema y sobre c¨®mo se est¨¢ utilizando el dinero que el Gobierno les da para financiar la ley. "No es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia", se afirma. Las dos v¨ªas de financiaci¨®n del Gobierno plantean inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo da a las comunidades una cuant¨ªa fija por cada persona en funci¨®n de su grado de dependencia sin tener en cuenta el coste del servicio. Por eso, las comunidades cada vez conceden m¨¢s ayudas, que le salen "financieramente m¨¢s favorables" que una plaza en un geri¨¢trico, por ejemplo. La ley deja bien claro que las ayudas econ¨®micas deben darse s¨®lo en casos excepcionales.

Adem¨¢s, si son grandes dependientes, la comunidad recibir¨¢ m¨¢s dinero que si son dependientes moderados. "Esto puede suponer un incentivo para que las comunidades reconozcan dependientes en grado superior, obteniendo, de ese modo, mayores recursos" del Estado.

En segundo lugar, el Gobierno reparte unos fondos en funci¨®n de la poblaci¨®n potencialmente dependiente, no del n¨²mero de personas atendidas. Y eso, dice el informe, tiene el efecto perverso de que "favorece a aquellas comunidades que han dado de alta a un menor n¨²mero de beneficiarios", como ha sido el caso de las comunidades de Madrid, Valencia o Canarias. O sea, que han recibido m¨¢s las que peor hac¨ªan los deberes. Eso se ha corregido recientemente en parte, porque ahora el 20% de estos fondos se reparten en funci¨®n de las personas que tienen reconocido el derecho a una prestaci¨®n. Pero hay comunidades con muchas personas dictaminadas, pero pocas atendidas.