Neutralidad territorial

Ning¨²n Gobierno espa?ol puede sobrevivir si la opini¨®n p¨²blica percibe que su direcci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs es parcial desde un punto de vista territorial. ?sta es, con diferencia, la lecci¨®n m¨¢s importante que se puede extraer de lo que fue el proceso constituyente de 1978 y del proceso de inicial puesta en marcha de la estructura del Estado con base en lo establecido en el texto constitucional. La parcialidad territorial del Gobierno de UCD presidido por Adolfo Su¨¢rez, que consider¨® que pod¨ªa pactar la estructura del Estado con Catalu?a y Pa¨ªs Vasco y en menor medida con Galicia, dejando fuera de la negociaci¨®n a las dem¨¢s regiones que integran Espa?a, acab¨®, como los lectores con seguridad recuerdan, no s¨®lo con la p¨¦rdida del poder de UCD sino con su disoluci¨®n como partido pol¨ªtico. El partido que hab¨ªa dirigido la transici¨®n de la dictadura a la democracia desapareci¨® como consecuencia de su interpretaci¨®n territorialmente parcial de la estructura del Estado prevista en la Constituci¨®n. Ning¨²n Gobierno de la naci¨®n puede tener legitimidad en el conjunto de Espa?a, si los ciudadanos perciben que su actuaci¨®n es territorialmente parcial. Y los problemas de legitimidad, a diferencia de los de simple legalidad, son problemas de supervivencia. Quien es percibido como territorialmente parcial deja de poder dirigirse al conjunto del pa¨ªs.

Obviamente, no estamos en 1978-1980 sino en otro momento distinto. La estructura del Estado se ha asentado y hoy disponemos de 17 comunidades aut¨®nomas y dos ciudades aut¨®nomas, en las cuales se han desarrollado ya m¨²ltiples convocatorias electorales, que han dado legitimidad democr¨¢tica directa a sus Asambleas legislativas y con base en ellas se han constituido Gobiernos que dirigen Administraciones P¨²blicas muy poderosas, que prestan los servicios que m¨¢s afectan de manera directa a la vida de los ciudadanos. El Estado auton¨®mico no est¨¢ constituy¨¦ndose, sino que est¨¢ constituido. Y s¨®lidamente constituido. En consecuencia, el riesgo de que un Gobierno pueda actuar de la forma en que lo hizo el Gobierno de UCD entre 1978 y 1980, es decir, entre la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n y la celebraci¨®n del refer¨¦ndum de ratificaci¨®n de la iniciativa auton¨®mica en Andaluc¨ªa el 28 de febrero de 1980, es muy escaso.

Ahora bien, el que sea escaso no quiere decir que sea nulo. En la definici¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica el Gobierno de la naci¨®n al que le toque definir el modelo se la juega. Si no consigue que el modelo sea percibido como razonablemente neutral por una mayor¨ªa amplia de la ciudadan¨ªa, su legitimidad para dirigir la acci¨®n de Gobierno puede verse seriamente afectada. Las consecuencias de una percepci¨®n de parcialidad territorial no es probable que sean ni en este momento ni en el futuro en el que es posible hacer predicciones de una magnitud similar a las que condujeron a la disoluci¨®n de UCD, pero lo mejor que puede hacer el partido que dirija el Gobierno es no comprobarlo.

La percepci¨®n de manera mayoritaria por la ciudadan¨ªa de una parcialidad del Gobierno en la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas es un error que no solamente es imposible de soportar por dicho Gobierno, sino que puede conducir al partido que lo sustenta a permanecer alejado del poder durante mucho tiempo. La mancha de parcialidad territorial es muy dif¨ªcil de lavar. Posiblemente, por no decir con seguridad, no hay error m¨¢s grave que ese. Ello no debe conducir a escurrir el bulto, pero s¨ª a medir con mucha prudencia el riesgo que se asume. En este terreno no hay resbalones, sino ca¨ªdas con consecuencias sumamente traum¨¢ticas.