Econom¨ªa se blinda para pagar menos si alguna comunidad se descuelga

Todo apunta a que las cr¨ªticas del PP al Gobierno por su reforma del modelo de financiaci¨®n se quedar¨¢n en balas de fogueo. Es muy probable que varios Gobiernos aut¨®nomos populares rechacen el nuevo sistema que plantear¨¢ ma?ana la vicepresidenta econ¨®mica, Elena Salgado, en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF). Igual que es casi seguro que en las comisiones bilaterales con el Gobierno, cuyo acuerdo o desacuerdo las vincula, todas coger¨¢n el dinero. Rechazar un sistema que aumenta de forma significativa los recursos no parece buen negocio. Menos a¨²n si el Gobierno incluye una cl¨¢usula que le blinda para evitar compensar en el futuro a las comunidades que se descuelguen.

Existen precedentes de rechazo por varias comunidades al modelo del PP

En la corta pero convulsa historia de la financiaci¨®n auton¨®mica hay un sonoro precedente de rechazo al modelo. Tres comunidades socialistlo. Tres comunidades socialistas (Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura) no asumieron la reforma que plante¨® entonces el Gobierno del PP para el quinquenio 1997-2001. Los tres Gobiernos recibieron recursos en funci¨®n del sistema anterior y perdieron dinero respecto al resto. Cuando se revis¨® el sistema (2002), las tres comunidades volvieron a subirse al barco, pero s¨®lo tras arrancar al Gobierno una compensaci¨®n por los recursos perdidos. La negociaci¨®n con Andaluc¨ªa se dilat¨® hasta 2004, ya con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en el Gobierno, pero fue la que m¨¢s dinero logr¨® (2.500 millones).

Con el nuevo sistema, esas compensaciones no volver¨ªan a producirse. El texto que remiti¨® Econom¨ªa a las comunidades el pasado domingo les da un plazo de seis meses desde que el Congreso de los Diputados valide la reforma para aceptar el nuevo modelo. Si una comunidad lo rechaza, se quedar¨¢ en el sistema a¨²n en vigor. Y si, en 2013 (a?o en el que habr¨¢ otra revisi¨®n), se reengancha al nuevo sistema, el documento establece una cl¨¢usula de castigo: "No se contemplar¨¢ en ning¨²n caso compensaciones por los recursos y fondos adicionales no percibidos en el periodo 2009-2013".

"Rechazar el modelo ser¨ªa perjudicar a los ciudadanos", afirm¨® ayer Salgado en la cadena SER, cuando se le inquiri¨® por las cr¨ªticas de las comunidades del PP. La vicepresidenta econ¨®mica admiti¨® que el trasvase de recursos a las autonom¨ªas -el Gobierno pone 11.000 millones m¨¢s y cede una porci¨®n mayor del IRPF, IVA e impuestos especiales para financiar el sistema- "puede subir unas d¨¦cimas el d¨¦ficit del Estado". Pero a continuaci¨®n sostuvo que "el d¨¦ficit de las comunidades se reducir¨¢".

La observaci¨®n de Salgado sobre el d¨¦ficit es v¨¢lida para el Estado, pero m¨¢s dudosa en la parte que corresponde a las comunidades aut¨®nomas. El Gobierno no puede, salvo un muy improbable acuerdo un¨¢nime en el CPFF, obligar a las comunidades a destinar parte del dinero adicional que recibir¨¢n a reducir su d¨¦ficit.

Lo m¨¢s probable es que la inmensa mayor¨ªa de esos nuevos fondos se dedique a aumentar el gasto en servicios p¨²blicos, una reivindicaci¨®n constante de los Gobiernos aut¨®nomos en los ¨²ltimos a?os. El documento s¨®lo se refiere al l¨ªmite que les impone el programa de estabilidad presupuestaria (para 2010, por ejemplo, se prev¨¦ un d¨¦ficit auton¨®mico conjunto del 2% del PIB), l¨ªmite que las comunidades se han saltado ya en varias ocasiones.