Aprender la lecci¨®n

Dec¨ªa John K. Galbraith que no existe propuesta en pol¨ªtica econ¨®mica que no pueda ser explicada en t¨¦rminos sencillos y comprensibles. Contradiciendo abiertamente las afirmaciones del gran economista norteamericano recientemente fallecido, Elena Salgado y la mayor¨ªa de los presidentes auton¨®micos han organizado, con motivo del nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, una aut¨¦ntica ceremonia de la confusi¨®n. Porque, en efecto, que a 24 horas de la convocatoria del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, que deber¨¢ votar la propuesta, no se conozcan las cifras que derivan del nuevo modelo de financiaci¨®n es un hecho inaudito. Pero que la propia vicepresidenta del Gobierno no s¨®lo se niegue a dar dichas cifras, sino que asegure que no confirmar¨¢ ni desmentir¨¢ las que faciliten las distintas comunidades aut¨®nomas, roza el delirio y el esperpento.

S¨®lo una reforma constitucional puede reconducir esta indeseable deriva pol¨ªtica

Pero todo lo que est¨¢ aconteciendo, como lo que ha sucedido en el pasado, se debe a que no hubo un ejercicio expreso del poder constituyente sobre la articulaci¨®n territorial del Estado. Las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1977 no abordaron de manera frontal este problema y, en consecuencia, tampoco pudo pronunciarse sobre ¨¦l el pueblo espa?ol en el refer¨¦ndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. La estructura del Estado no se resolvi¨® en la Constituci¨®n y, por tanto, arrastra un d¨¦ficit de legitimidad de origen. Por eso la construcci¨®n del Estado ha sido, y sigue siendo, el producto de las mayor¨ªas parlamentarias existentes en cada momento, de los subsiguientes pactos pol¨ªticos y de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Pero esta situaci¨®n no puede continuar indefinidamente. Un Estado para poder operar de manera estable y con legitimidad indiscutible e indiscutida necesita una estructura constitucionalizada. Pero esa falta de legitimidad de origen del momento constituyente s¨®lo puede corregirse realizando una reforma constitucional. De lo contrario, el desarrollo del Estado Auton¨®mico -financiaci¨®n incluida- seguir¨¢, como hasta ahora, al albur de los resultados electorales y de los pactos pol¨ªticos que dichos resultados obliguen a realizar. As¨ª ocurri¨® en 1993 cuando el presidente Gonz¨¢lez se vio obligado a ceder a Jordi Pujol el 15% del IRPF. Del mismo modo Aznar tuvo que ceder el 30% de dicho impuesto a la Generalitat y lo mismo ha vuelto a suceder en la reciente negociaci¨®n del Estatut, cuando Zapatero se ha visto forzado a ceder al Gobierno de Catalu?a la mitad de la Hacienda P¨²blica.

Naturalmente, varias comunidades aut¨®nomas, entre las que por desgracia no se encuentra Galicia, han reaccionado ante estos hechos y han modificado sus respectivos estatutos con el fin de equipararse a los catalanes. Cuando lo logren, Catalu?a rechazar¨¢ que su autogobierno se diluya en el detestado caf¨¦ para todos y el c¨ªrculo vicioso volver¨¢ a comenzar. Por eso s¨®lo una reforma constitucional ampliamente respaldada puede encauzar este proceso y reconducir esta indeseable deriva pol¨ªtica. Una reforma que debe afectar tanto al T¨ªtulo VIII como al T¨ªtulo III (reforma del Senado) de la Constituci¨®n, que permita la participaci¨®n de las autonom¨ªas en el dise?o estrat¨¦gico del Estado, tal como contempla el art¨ªculo 69 de la Constituci¨®n, y tal como sucede en todos los pa¨ªses que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos.

Este ser¨ªa, junto a la reforma de su Estatuto de Autonom¨ªa, el modelo que interesa a Galicia frente a la din¨¢mica de acuerdos exclusivamente bilaterales entre Gobierno y las diferentes comunidades aut¨®nomas. Y no conviene olvidar que comunidades como Madrid, Valencia, Catalu?a o Andaluc¨ªa, adem¨¢s de la reforma de sus estatutos, que les permite respaldar legalmente sus demandas, disponen de un peso demogr¨¢fico muy superior al de Galicia y, desde luego, de mucho mayor peso econ¨®mico que el nuestro.

Esta es la elecci¨®n que se debe extraer de la negociaci¨®n en marcha sobre el modelo de financiaci¨®n. Pero, sobre todo, debemos comprender que si no cambian la estructura de la toma de decisiones, Galicia, que en el pasado jug¨® un relevante papel en el dise?o del Estado, acabar¨¢ en el rinc¨®n del olvido y sus intereses ser¨¢n marginados.