Congelaci¨®n por aproximaci¨®n

Los efectos de la crisis preocupan a todo el mundo pero no afectan a todos por igual. Algunos saben de ella por lo que dicen en los noticiarios o escuchan en conversaciones con amigos o familiares que s¨ª los padecen en forma de expedientes de regulaci¨®n, despidos directos o recortes salariales. Pero ellos ni la sienten ni la padecen. Son mayormente los empleados fijos del sector p¨²blico, cuyo puesto de trabajo se encuentra a salvo de las angustias que trae la recesi¨®n, salvo que ¨¦sta concluya en cat¨¢strofe universal.

Es verdad que los sueldos en la administraci¨®n y sus sociedades dependientes han sido hist¨®ricamente m¨¢s bajos que en la empresa p¨²blica, y las posibilidades de promoci¨®n y mejora, menos amplias. Pero eso fue en el pasado pre-globalizaci¨®n, antes de que la estabilidad y calidad del empleo fueran sacrificadas ante el ¨ªdolo de una competitividad entendida como devaluaci¨®n de la fuerza del trabajo. Como indica el masivo ¨¦xito de las oposiciones que se convocan en Euskadi, el sector p¨²blico se ofrece como un magn¨ªfico refugio en tiempos de tribulaci¨®n. Un para¨ªso donde, si logras la plaza, el empleo es vitalicio y se siguen cobrando, mientras el mundo se hunde a tu alrededor, incrementos salariales de los de antes del crujido universal. Al menos, hasta ahora.

La opini¨®n de los sindicatos ya se sabe por adelantado: partidarios no son

El lehendakari Patxi L¨®pez y otros miembros de su equipo han comenzado a deslizar la idea de que tambi¨¦n a los empleados p¨²blicos (a los 70.000 dependientes del Gobierno y a los m¨¢s de 10.000 de las diputaciones y municipios) se les acerca el momento de compartir sacrificios. Sin embargo, lo han hecho de modo tentativo y sinuoso, siguiendo el m¨¦todo del globo sonda que parece ir incluido en el kit de instrucciones para gobernar. Y es que aunque el ajuste que parece pretenderse resulte limitado y llevadero, arrastra un nombre ciertamente antip¨¢tico: congelaci¨®n salarial.

Las razones aportadas para proponerla sin llegar a hacerlo siguen el mismo discurso enrevesado. Sucede que la ca¨ªda de los ingresos fiscales por el par¨®n de la producci¨®n y el consumo va a obligar a recortar el gasto presupuestario para el pr¨®ximo a?o en 550 millones, aunque el endeudamiento se eleve hasta los 1.700 millones. Y dar ese tijeretazo manteniendo al mismo tiempo el nivel de gasto social y las inversiones en infraestructuras dibujan un sudoku irresoluble. Entre otras cosas porque s¨®lo el abono de los compromisos salariales ya contraidos elevar¨¢ en tres puntos el a?o pr¨®ximo el cap¨ªtulo de personal, que ya se come el 36% de las cuentas p¨²blicas, y supondr¨¢ 120 millones de euros de ahorro imposible. En esta partida est¨¢ puesta la atenci¨®n, pero, ojo, nada est¨¢ decidido, se advierte.

Para saber si habr¨¢ o no congelaci¨®n salarial en el sector p¨²blico vasco habr¨¢ que esperar, se ha dicho tambi¨¦n, a ver si se atreve a proponerla el Gobierno central, lo que no deja de ser otra aportaci¨®n del cambio. En los viejos tiempos, una forma de afirmar la soberan¨ªa vasca consist¨ªa en superar por sistema en un punto el incremento salarial de los funcionarios aplicado el resto de Espa?a y en bajar en al menos dos el tipo del Impuesto de Sociedades. Y se contar¨¢, se ha dicho igualmente, con la opini¨®n de los sindicatos, cuyo tenor puede ya anticiparse: partidarios no son.

A lo mejor este es el m¨¦todo que el vigente manual del gobernante aconseja para preparar el terreno y lograr que las pastillas amargas se traguen con las m¨ªnimas arcadas. Pero hay que reconocer que resulta tortuoso y poco considerado con una ciudadan¨ªa que se presume madura. La mayor¨ªa de la sociedad -y hasta de los propios afectados- entender¨ªa mejor un abordaje directo, planteado con claridad y sin ambages. En otras palabras, solicitar a ese 10% de la poblaci¨®n activa que constituyen los empleados p¨²blicos una mengua razonable y transitoria de la masa salarial como contribuci¨®n al gasto social en los presupuestos.

El hecho de disponer de un puesto de trabajo seguro, con una jornada de 35 horas semanales y unas condiciones de todo tipo que envidiar¨ªa gran parte de los asalariados del sector privado -los fijos y los precarios; no se diga ya los parados- es raz¨®n suficiente para demandar ese esfuerzo, un reparto m¨¢s solidario de las cargas de la crisis. Con o sin posibilidad de compensarlo cuando la recuperaci¨®n de la econom¨ªa lo permita. Y, desde luego, para imponerlo si, expuestos los motivos y compensaciones en la mesa correspondiente, la representaci¨®n sindical se niega a asumirlo. El empe?o del Gobierno de sacar adelante el di¨¢logo social con los dos sindicatos (CC OO y UGT) que se han prestado al intento y la competencia descarnada con los dos ausentes (ELA y LAB) no van a favorecer la adopci¨®n pac¨ªfica de una decisi¨®n en ese sentido y puede ser un factor disuasorio. Al igual que la actitud del PNV, al frente de las diputaciones y gran parte de los ayuntamientos, que aqu¨ª hace de la pasividad virtud.

Los c¨¢lculos electorales sobre el impacto de esta medida sobre una masa de 90.000 personas, m¨¢s familiares, van a tambi¨¦n estar muy presentes. Hay momentos, sin embargo, en los que hay que apartar el inter¨¦s particular y adoptar decisiones sin considerar la carga de impopularidad que arrastre. Esa factura siempre ser¨¢ m¨¢s soportable si se explica con claridad a los ciudadanos lo que se pretende hacer y, sobre todo, por qu¨¦. Aunque nadie ha dicho todav¨ªa que vaya a haber congelaci¨®n salarial, ?o s¨ª?