Abogados e inmigrantes acusan a Granados de minar la justicia gratuita

No les ha gustado ser el ejemplo. Las asociaciones de inmigrantes arremetieron ayer contra el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Le acusan de usarles como "chivo expiatorio" en un asunto que ni siquiera ten¨ªa que ver con ellos. Granados arremeti¨® el lunes contra los abogados del turno de oficio, a los que culpa de inflar sus facturas. Y para ejemplificarlo, a?adi¨® que algunos recurren "a otras instancias pese a que sus clientes ya han sido expulsados del pa¨ªs".

Las declaraciones del consejero, que reiter¨® ayer, despertaron el recelo tanto de extranjeros como de colectivos de abogados. Todos ven detr¨¢s de sus palabras una amenaza contra la justicia gratuita.

"Los inmigrantes son los chivos expiatorios", dice un portavoz de CEAR

"Quiere precarizar el servicio para privatizarlo", afirma un letrado

"Recurrir una sentencia es un derecho fundamental independientemente de qui¨¦n sea el administrado", se?ala Mauricio Valiente, coordinador del servicio jur¨ªdico de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR). Valiente considera que el consejero busca "se?alar que la saturaci¨®n de la justicia es culpa de los inmigrantes, que son el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil". El portavoz jur¨ªdico de CEAR le acusa de usarlos como "chivo expiatorio" para justificar cualquier problema relacionado con "el funcionamiento an¨®malo de la Administraci¨®n".

El consejero "intenta dinamitar la asistencia jur¨ªdica a extranjeros en situaci¨®n irregular por razones econ¨®micas y pol¨ªticas", opina Javier Ram¨ªrez, de la asociaci¨®n SOS Racismo. Granados "pone en la picota p¨²blica a los inmigrantes, con t¨¦rminos que se pueden equiparar a otras acusaciones, como que ocupamos los trabajos de los espa?oles o que somos quienes generamos la violencia", a?ade Gilberto Torres, portavoz del Colectivo de Refugiados Colombianos en Espa?a.

Asociaciones de abogados de oficio consideran "malintencionadas" las acusaciones del consejero, que ayer repiti¨® sus palabras: "No es de recibo que un abogado que tenga un cliente en el extranjero siga recurriendo, en algunos casos hasta llegar al Constitucional con el ¨²nico objetivo de seguir haciendo caja".

"O no sabe de lo que est¨¢ hablando o lo ha hecho con intenci¨®n de distorsionar la realidad", se?ala Mar¨ªa Jes¨²s D¨ªaz Veiga, vicepresidenta de la Asociaci¨®n Libre de Abogados (ALA), que representa a unos 220 letrados del turno de oficio. "Son acusaciones enga?osas y tergiversadas", a?ade. "Un insulto no s¨®lo a los abogados sino, sobre todo, a los que tienen derecho a la justicia gratuita".

"A esos extranjeros de los que dicen que recurrimos sus casos les quieren dejar sin justicia gratuita". Juana Mar¨ªa Malca, vicepresidenta de la Asociaci¨®n Profesional de Abogados de Extranjer¨ªa de Madrid (APAEM) -muchos de cuyos 150 miembros pertenecen tambi¨¦n al turno de oficio-, apunta que la Comunidad cada vez pone m¨¢s requisitos a los extranjeros que solicitan a un abogado gratuito. "En noviembre del a?o pasado se acord¨® endurecer las exigencias", explica. "Ahora se les obliga a que aporten en 15 d¨ªas la documentaci¨®n que acredita que tienen derecho a la justicia gratuita (certificado de renta, n¨®mina, certificado de pensiones o de desempleo). Y eso para ellos es imposible", a?ade.

"No existe ning¨²n motivo para que a un extranjero se le pidan menos requisitos que a un espa?ol", replic¨® el consejero, que volvi¨® a insistir en los gastos. El turno de oficio "le cuesta a los madrile?os 50 millones de euros". El presupuesto de la Consejer¨ªa de Presidencia, Justicia e Interior asciende a 902 millones, un 4,8% del total de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional adeuda 21 millones a los abogados de oficio por los dos primeros trimestres de 2009. Granados asegur¨® que pagar¨¢ "hasta el ¨²ltimo euro" a partir de "las pr¨®ximas semanas".

"Pretende precarizar esto de una manera que sea insostenible y as¨ª poder privatizar el servicio de justicia gratuita", opina Manuel Valero, presidente de la Asociaci¨®n de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que re¨²ne a unos 250 abogados. El miedo a la privatizaci¨®n es una de las principales preocupaciones de estas asociaciones. A ello se suman las "dur¨ªsimas condiciones de trabajo" y "la mala remuneraci¨®n". No son muy optimistas.

Los letrados celebrar¨¢n una asamblea general en septiembre, seg¨²n el presidente de Altodo, en la que buscar¨¢n soluciones. Valero apunta algunas. Desde darse de baja en las guardias o dejar de pagar las cuotas al Colegio de Abogados hasta "manifestaciones o encierros".

La oposici¨®n reclama a Granados que deje de insultar a los abogados. El diputado socialista Javier G¨®mez le reproch¨® haber suscrito un acuerdo con los abogados "para despu¨¦s incumplirlo". El Partido Socialista de Madrid ha pedido la comparecencia del consejero en la Comisi¨®n de Justicia para que "garantice unas condiciones de cobro adecuadas" de la deuda.

Informaci¨®n elaborada por Ana¨ªs Berdi¨¦, Mar¨ªa Mart¨ªn y Pilar ?lvarez.