Huida hacia adelante

De no corregirla el Tribunal Supremo, la interpretaci¨®n que ha hecho el Tribunal de Justicia de Valencia del cohecho pasivo impropio en la causa contra Camps y tres altos cargos p¨²blicos del PP valenciano podr¨ªa suponer la expulsi¨®n de hecho de este delito del ordenamiento jur¨ªdico. Quedar¨ªa burlada la voluntad del legislador, que quiso extender a trav¨¦s del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal el reproche a la conducta de la autoridad o funcionario que admitiera d¨¢divas ofrecidas "en consideraci¨®n a su funci¨®n". Y se abrir¨ªa un portillo a un tipo de corrupci¨®n pol¨ªtica que debe ser penalmente sancionable, adem¨¢s de ¨¦ticamente reprobable.

Frente a las dudas jur¨ªdicas suscitadas por la resoluci¨®n, el PP trata de desacreditar por adelantado el recurso que va a presentar el ministerio fiscal con el pretexto de la inoportuna intervenci¨®n de la vicepresidenta De la Vega anunciando ese recurso antes que la propia fiscal¨ªa. Una torpeza que no justifica la granizada de desautorizaciones sumar¨ªsimas por parte de dirigentes populares, incluyendo la desgraciad¨ªsima ocurrencia de la secretaria general, Dolores de Cospedal, de que el Gobierno persigue al PP en vez de a ETA. En otra huida hacia adelante, el PP sacrifica el respeto a las instituciones y las m¨¢s elementales reglas de juego democr¨¢tico con el ¨²nico fin de desviar la atenci¨®n de sus miserias. La vicepresidenta se adelant¨® a lo obvio: la fiscal¨ªa no pod¨ªa quedarse de brazos cruzados en un caso de corrupci¨®n -el caso G¨¹rtel- que ha investigado, junto al juez Garz¨®n, desde el primer momento, a partir de la denuncia presentada por un ex concejal del PP en Majadahonda. El impulso de llevarlo hasta el final responde al inexcusable deber del Estado de cerrar el paso a la corrupci¨®n.

El recurso contra el archivo de la causa es obligado porque su fundamentaci¨®n jur¨ªdica ciega la v¨ªa legal existente para combatir esa forma de corrupci¨®n que intenta condicionar las decisiones de la autoridad mediante d¨¢divas o regalos. La incre¨ªble hip¨®tesis del auto de archivo es que no hay relaci¨®n entre los regalos de quienes aspiran a contratar con la Administraci¨®n aut¨®noma y la condici¨®n de Camps como m¨¢xima autoridad de esa Administraci¨®n. Camps no ten¨ªa competencias directas para adjudicar los contratos a ?lvaro P¨¦rez El Bigotes, pero como presidente de la Generalitat ha nombrado a los consejeros que las tienen.

Todo ello tiene tambi¨¦n una dimensi¨®n pol¨ªtica. Caer en esa forma de chantaje sutil de una cuadrilla de profesionales del halago como arma de corrupci¨®n, ceder a la tentaci¨®n rid¨ªcula de aceptar como regalo unos trajes a medida, negarse a dar explicaciones a la opini¨®n p¨²blica, mentir con aplomo para negar los hechos aun siendo incapaz de justificar su versi¨®n, son rasgos dif¨ªcilmente compatibles con la representatividad, dignidad y responsabilidad del presidente de la Comunidad Valenciana. Y eso lo sabe muy bien Rajoy, y tambi¨¦n Cospedal.