La n¨²mero dos del PP imputa delitos al Gobierno

Las declaraciones de Mar¨ªa Dolores de Cospedal acusando al Gobierno de instaurar un "estado policial" en el que se controlan de manera ilegal las conversaciones de destacados dirigentes de su partido que no est¨¢n incursos en ning¨²n sumario supone la imputaci¨®n de un delito que, de probarse, podr¨ªa conllevar consecuencias penales contra sus presuntos autores, seg¨²n expertos penalistas, jueces y fiscales consultados por este peri¨®dico.

La secretaria general del PP se?ala en abstracto en sus acusaciones que el Gobierno utilizar¨ªa a los fiscales, a la polic¨ªa judicial, el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia para realizar esas supuestas escuchas ilegales.

Cualquier miembro de un cuerpo policial o del CNI que lleve a cabo esas escuchas, al tener la condici¨®n de "autoridad", habr¨ªa cometido un delito contra los derechos individuales del art¨ªculo 536 del C¨®digo Penal, que castiga con inhabilitaci¨®n de dos a seis a?os a la autoridad o funcionario que "mediando causa por delito", intercepte las telecomunicaciones de cualquier persona "con violaci¨®n de las garant¨ªas constitucionales o legales".

Esa inhabilitaci¨®n conllevar¨ªa adem¨¢s una multa si las conversaciones grabadas fueran divulgadas p¨²blicamente.

Algunas de las fuentes consultadas aseguran que esos funcionarios o autoridades, o los cargos que les ordenaron las escuchas tambi¨¦n podr¨ªan haber incurrido en descubrimiento o revelaci¨®n de secretos, una infracci¨®n que conlleva una pena de entre uno y tres a?os de prisi¨®n y multa. La orden de ejecutar ese espionaje por miembros del Gobierno o cargos de Interior implicar¨ªa tambi¨¦n un delito de prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas), seg¨²n algunos expertos.

Todo ello en caso de que Cospedal pudiera demostrar sus afirmaciones ante un juez. En caso contrario, es decir, si concretara los presuntos autores de esos delitos pero fuera incapaz de probarlos, ella misma podr¨ªa haber cometido calumnias (acusar falsamente a alguien de la comisi¨®n de un delito) o calumnias contra el Gobierno de la naci¨®n o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, delitos ambos castigados con multa.