Sobre la situaci¨®n de Honduras

Nadie sabe cu¨¢nto tiempo se va a prolongar la zarzuela y el sainete hondure?os, ni mucho menos cu¨¢l ser¨¢ su desenlace. Si bien en los ¨²ltimos d¨ªas se han producido algunos acontecimientos alentadores -una especie de aceptaci¨®n por el Ej¨¦rcito de Honduras del llamado Plan Arias, y una especie de anuencia del presidente de facto, Micheletti, de permitir el retorno del depuesto Manuel Zelaya bajo condiciones de consignaci¨®n y amnist¨ªa-, siguen prevaleciendo demasiados imponderables.

Entre ellos destacan adivinar hasta d¨®nde se encuentren dispuestos Zelaya y sus patrocinadores cubanos, venezolanos y nicarag¨¹enses (en ese orden) en su intento de volver al poder, por la fuerza, si es necesario; cu¨¢nto aguantar¨¢ la sociedad hondure?a la presi¨®n externa y las sanciones econ¨®micas t¨¢citas y por el momento menores, impuestas por la comunidad internacional; y quiz¨¢s -y he aqu¨ª la clave- si Micheletti, los militares, el Congreso y la Suprema Corte hondure?a pueden celebrar elecciones, de manera unilateral, es decir, sin acuerdo con Zelaya y los pa¨ªses del Alba (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia), y anticipada (es decir previas a la fecha programada del 29 de noviembre) bajo supervisi¨®n internacional.

La Cumbre Trilateral del Alba es la gran oportunidad de solucionar la crisis hondure?a

El Alba debe renovar su compromiso con la Carta Democr¨¢tica Latinoamericana

Es cierto que los albos han denostado el esfuerzo conciliador del presidente costarricense, y que los dem¨¢s latinoamericanos se han alineado en buena medida con Ch¨¢vez; pero tambi¨¦n es cierto que la tesis seg¨²n la cual un gobierno ileg¨ªtimo no puede organizar elecciones leg¨ªtimas se antoja absurda. En ese caso, todas las transiciones a la democracia de los ¨²ltimos 40 a?os, empezando por la espa?ola en 1977, la chilena de 1989, la polaca en 1989, y la surafricana en 1994 jam¨¢s hubieran tenido lugar.

Ahora bien, a menos que en los pr¨®ximos d¨ªas surja una salida, es posible que la pr¨®xima gran oportunidad para resolver la crisis centroamericana se produzca en la Cumbre Trilateral de M¨¦xico, Estados Unidos y Canad¨¢, a realizarse en Guadalajara el 9 y 10 de agosto. Los presidentes Calder¨®n y Obama junto con el primer ministro Harper podr¨ªan en esa ocasi¨®n centrarse en el tema de Honduras, ya que no tienen muchas m¨¢s cosas novedosas de qu¨¦ hablar en vista de sus recientes encuentros en M¨¦xico, en Washington, en Trinidad y Tobago y en L'Aguila. Le brindar¨ªan un gran servicio a Am¨¦rica Latina.

Podr¨ªan definir una posici¨®n com¨²n distinta de la del resto del hemisferio, rectificando as¨ª el tropiezo en el que incurrieron hace poco m¨¢s de un mes en varias reuniones de la OEA y del llamado Grupo de R¨ªo. All¨ª, los tres -y todos sus colegas latinoamericanos- se alinearon

con Hugo Ch¨¢vez, con Daniel Ortega de Nicaragua, con Rafael Correa de Ecuador, con Evo Morales de Bolivia y con Fernando Lugo de Paraguay. Lo cual carece de sentido: M¨¦xico, Estados Unidos y Canad¨¢, si es que M¨¦xico lo entiende, no tienen nada que ver con el Alba, pero tampoco pueden arrastrar a las aut¨¦nticas democracias amigas del Alba, como Brasil, Chile, Uruguay, a una posici¨®n distinta de la de Ch¨¢vez. Entonces, o bien se suman al caudillo de Caracas, o adoptan una posici¨®n propia.

Esa posici¨®n propia debiera empezar, por supuesto, con una condena categ¨®rica y un rechazo inapelable al golpe de Estado que derroc¨® a Zelaya el 28 de junio, para luego superar este punto de partida indeclinable de tres maneras diferentes. La primera consistir¨ªa en pronunciarse sobre las causas del golpe, sin limitarse a la jerga diplom¨¢tica consagrada -y cantinflesca- de siempre. De este modo sentar¨ªan un precedente para otras crisis y para otros pa¨ªses: hubo un golpe, ello es inaceptable, pero no se produjo en un vac¨ªo. Ocurri¨® debido a la polarizaci¨®n de la sociedad hondure?a generada por el alineamiento de Zelaya con Ch¨¢vez, los cubanos y los nicarag¨¹enses, y por su evidente prop¨®sito de perpetuarse en el poder a trav¨¦s de las mismas estrategias empleadas por Ch¨¢vez, Correa y Morales, y anunciada por Daniel Ortega hace unos d¨ªas. Explicar, y opinar sobre los or¨ªgenes de los hechos, no equivale a una intervenci¨®n para prevenir.

En segundo t¨¦rmino, los tres gobiernos de Am¨¦rica del Norte podr¨ªan reafirmar su compromiso con la Carta Democr¨¢tica Latinoamericana, firmada por todos los gobiernos de la regi¨®n, con excepci¨®n de Cuba, en Lima el 11 de septiembre del 2001 (incluyendo de parte de M¨¦xico, por el que escribe) que ha sido invocada repetidamente durante la crisis hondure?a. Podr¨ªan enfatizar que dicha carta debe aplicarse urbi et orbi en toda Am¨¦rica Latina, todo el tiempo, y no s¨®lo cuando a un grupo de pa¨ªses le desagraden un grupo de acontecimientos. En su art¨ªculo 19, la Carta afirma: "la ruptura del orden democr¨¢tico o una alteraci¨®n del orden constitucional que afecte gravemente el orden democr¨¢tico en un Estado miembro constituye, mientras persista, un obst¨¢culo insuperable para la participaci¨®n de su gobierno (en la OEA)".

Esto se aplica sin duda al golpe de Estado en Honduras, pero tambi¨¦n al fraude electoral en Nicaragua, "al golpe" contra el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, y a la represi¨®n en Bolivia; a los presidentes derrocados por militares, como Zelaya, pero tambi¨¦n a aquellos tumbados por la calle: Fernando De la R¨²a en Argentina, en 2001, Gonzalo S¨¢nchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia, en 2003 y 2005 respectivamente, y al ecuatoriano Lucio Guti¨¦rrez, en 2005.

Si se concluye que la redacci¨®n de la carta resulta ambigua en este cap¨ªtulo, ya que en el 2001 quiz¨¢s la ¨²nica manera de lograr un consenso fue a trav¨¦s del recurso a formulaciones excesivamente generales, entonces los tres gobiernos deber¨ªan proponer la creaci¨®n de un grupo de trabajo de la OEA para revisar la Carta y poner los puntos sobre las ¨ªes.

Por ¨²ltimo, los mandatarios de Am¨¦rica del Norte podr¨ªan aprovechar la oportunidad para abordar de frente el espinoso tema de las sanciones econ¨®micas. Se trata del mismo debate que ha emergido en tiempos recientes en torno a Ir¨¢n y Corea del Norte, sobre Cuba y Sur¨¢frica en tiempos menos recientes, y que se antoja casi irresoluble en abstracto.

La OEA, los venezolanos y ?Oh, paradoja! hasta La Habana han exigido la aplicaci¨®n de sanciones comerciales contra el Gobierno de facto de Micheletti (pero la revista The Economist lo ha hecho tambi¨¦n) y a su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Uni¨®n Europea, la Agencia de Ayuda los Estados Unidos y el Banco Mundial todos han suspendido provisionalmente su ayuda a uno de los tres pa¨ªses m¨¢s pobres de Am¨¦rica Latina.

Existen muy buenas razones para pugnar por la aplicaci¨®n de sanciones econ¨®micas a Honduras; y lo que es m¨¢s, en contraste con los ejemplos mencionados, pueden dar resultado. Pero s¨®lo son admisibles si se establecen l¨ªneas directrices muy claras en cuanto a su duraci¨®n, su aplicaci¨®n a otros casos, y el compromiso muy firme, por lo menos de las partes que puedan imponerlas en los hechos, de recurrir a medidas semejantes en situaciones semejantes.

De lo contrario, las sanciones s¨®lo contribuir¨ªan a agravar el desorden hondure?o; ser¨ªan vistas, con algo de raz¨®n, como una concesi¨®n a Ch¨¢vez y a los cubanos, poniendo en evidencia a Obama, a Calder¨®n y a Harper, pero tambi¨¦n a los dem¨¢s dirigentes democr¨¢ticos de la regi¨®n como Lula y Michelle Bachelet, como simples comparsas de Ch¨¢vez en su mera oposici¨®n al golpe, con una dependencia de sus causas, sus consecuencias y los precedentes que su postura pueda sentar.

Jorge Casta?eda, ex secretario de Relaciones Exteriores de M¨¦xico, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.