Comparecencia en falso

Mariano Rajoy compareci¨® ayer ante la prensa en plena ofensiva del PP contra el Gobierno, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad a cuenta de los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que le afectan. Los peores vaticinios se cumplieron. Fue un avance en la forma -Rajoy admiti¨® preguntas en lugar de enviar una grabaci¨®n o evitar las apariciones p¨²blicas, como hizo mientras el tribunal de Valencia mantuvo imputado al presidente Camps-, pero un desastre en el fondo. El l¨ªder del PP, en una decisi¨®n que le compromete y se?ala como en el pasado su apoyo a la teor¨ªa de la conspiraci¨®n sobre el 11-M, aval¨® la estrategia desplegada por su partido para dificultar el esclarecimiento judicial de los esc¨¢ndalos y confundir a la opini¨®n p¨²blica. El delgado hilo que sujeta esta estrategia, suicida para un partido que aspira a gobernar Espa?a y corrosiva para el sistema democr¨¢tico, consiste en afirmar, sin aportar ni una prueba solvente, que el Gobierno est¨¢ utilizando el Estado de derecho contra la oposici¨®n.

La gravedad de esta acusaci¨®n radica en que el destinatario no es s¨®lo el Gobierno, sino tambi¨¦n cuerpos e instituciones del Estado que, como la polic¨ªa y la justicia, son considerados por el PP simples instrumentos para la comisi¨®n de delitos. De acuerdo con las declaraciones de Rajoy, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia habr¨ªan aceptado renunciar a la independencia que les exige la Constituci¨®n y ponerse a las ¨®rdenes del Ejecutivo. Y algo semejante habr¨ªan hecho la Polic¨ªa Judicial y las fuerzas de seguridad involucradas en el esclarecimiento del caso G¨¹rtel, aceptando ejecutar ¨®rdenes fundadas en un inter¨¦s de partido y contrarias a la ley. Como bien dijo ayer el ministro del Interior, acusaciones semejantes no se pueden realizar en la playa, como hizo Cospedal, o en la inauguraci¨®n de una exposici¨®n, como hizo Rajoy, sino ante los tribunales y con todas las pruebas en la mano. Si el PP creyera lo que denuncia, lo habr¨ªa hecho. Pero, en lugar de ello, ha optado por promover un juego de equ¨ªvocos en la confianza de que los ciudadanos se extrav¨ªen en los desv¨ªos y se?uelos que ha ido sembrando. Eso no es pol¨ªtica; son trampas tabernarias.

El desprestigiado Federico Trillo se uni¨® al desastre y volvi¨® a aparecer en escena para presentar las, a su juicio, pruebas del espionaje ilegal y acoso a que est¨¢ siendo sometido su partido. Sus argumentos -una llamada policial a Camps; una grabaci¨®n realizada por el ex concejal del PP que destap¨® el caso G¨¹rtel; la investigaci¨®n de la FEMP en la etapa de Rita Barber¨¢ y el trato policial dispensado a los imputados del caso Palma Arena, asunto sobre el que Interior ha abierto una investigaci¨®n- oscilaron entre la falsedad y la inexactitud. Olvid¨® Trillo, claro, que las acusaciones que pesan sobre altos cargos del PP han sido avaladas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y que el caso tiene m¨¢s de cien imputados.

Rajoy, campe¨®n en la exigencia de explicaciones de los dem¨¢s y ¨²ltimo clasificado en ofrecer las propias, compareci¨® ayer en falso. No ofreci¨® ni una de las explicaciones pol¨ªticas sobre lo que sucede en su partido a que tienen derecho los ciudadanos. Dej¨® claro, adem¨¢s, que la huida de su partido m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites de lo pol¨ªticamente aceptable no es producto del arrebato irresponsable de alguno de sus subordinados, sino una estrategia bien definida: todo vale con tal de evitar que se haga justicia. Semejante aberraci¨®n no s¨®lo ahonda la fractura entre el Gobierno y la oposici¨®n, sino tambi¨¦n entre el PP y las instituciones democr¨¢ticas. ?Ser¨¢ ¨¦ste el legado de Rajoy?