Los populares eluden probar el espionaje pero retan al Gobierno a desmentirlo

El PP exige que el Gobierno demuestre en el Parlamento, con taqu¨ªgrafos y con pruebas, que no se han producido escuchas ilegales a sus dirigentes. Estos hechos fueron denunciados por Mar¨ªa Dolores de Cospedal en la playa, con una grabadora y sin pruebas.

Partidos, jueces, fiscales y polic¨ªas de todas las sensibilidades han exigido al PP que denuncie estos hechos en un juzgado y presentando todas las pruebas que tenga. Pero los populares han decidido invertir la carga de la prueba sobre el Gobierno. "Que el Gobierno demuestre que no es as¨ª", inquiri¨® ayer Crist¨®bal Montoro, que atendi¨® a la prensa en la sede central del PP. Los populares tratan de obviar la evidencia de que, una semana despu¨¦s de denunciar p¨²blicamente que el Gobierno esp¨ªa a sus dirigentes, no han aportado nada que respalde esas acusaciones, calificadas por el ministro del Interior como "de las m¨¢s graves que se pueden hacer en democracia".

Para los populares, "el problema se ha cerrado a ra¨ªz de las declaraciones de De la Vega [anunciando apresuradamente el recurso de la fiscal¨ªa al archivo del caso Camps]", no a ra¨ªz de las declaraciones de Cospedal. Mientras De la Vega ha explicado sus palabras, Cospedal no ha interrumpido sus vacaciones para decir sobre qu¨¦ base "le consta" que dirigentes de su partido han sido espiados por orden del Gobierno. Dirigentes como Mariano Rajoy y Javier Arenas, han dicho avalar las acusaciones, pero los d¨ªas pasan sin que parezca urgente demostrarlas.

Primero la pol¨ªtica

Es el Gobierno, dijo ayer Montoro, el que debe "clarificar la situaci¨®n en nuestro pa¨ªs" a trav¨¦s de las comparecencias parlamentarias de De la Vega, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y Francisco Caama?o. El portavoz de econom¨ªa del PP dej¨® claro que su partido quiere que "primero" se hagan esos debates p¨²blicos "porque somos pol¨ªticos y los pol¨ªticos est¨¢n para debatir", y luego las actuaciones judiciales. ?Y las pruebas? "A partir de ah¨ª, estamos haciendo nuestras pesquisas y ya veremos".

El argumento choca con la secuencia seguida por Federico Trillo, que en la denuncia presentada el 24 de julio por hechos relacionados (aunque se quedaba muy lejos de denunciar espionaje ilegal ordenado por el Gobierno) ped¨ªa que el secretario de Estado de Seguridad declarara ante un juez. Ese d¨ªa, el PP registr¨® varias peticiones de comparecencia en el Congreso. Entre ellas no estaban ni Camacho ni el ministro.