Dudas

El Gobierno tiene la obligaci¨®n de gestionar honradamente los recursos p¨²blicos. Habr¨ªa que suponer que los Gobiernos son honrados. Y pensar, por tanto, que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez actu¨® en nombre del inter¨¦s general cuando concedi¨® un canal televisivo de pago a PRISA, grupo editor de este peri¨®dico. Lo mismo que el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, cuando concedi¨® un mont¨®n de licencias a grupos de orientaci¨®n conservadora. Lo mismo que el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que ayer regul¨® la Televisi¨®n Digital Terrestre (TDT) de pago que demandaba con urgencia el conglomerado Mediapro-Imagina-La Sexta, liderado por Jaume Roures, para rentabilizar su inversi¨®n futbol¨ªstica. Habr¨ªa que suponer que todo esto se hace por el bien com¨²n. Evidentemente, son leg¨ªtimas las dudas.

El f¨²tbol es una cuesti¨®n de "inter¨¦s general" en Espa?a, seg¨²n una ley de 1997 perge?ada por ?lvarez Cascos y firmada por Aznar. Esa ley establece la emisi¨®n gratuita de un partido en cada jornada de Liga. No parece nada claro que, en este contexto legal, Digital + (del grupo editor de este peri¨®dico) haya conseguido hacer rentable el f¨²tbol de pago que hasta ahora ten¨ªa en exclusiva: la competencia, hace 12 a?os, de V¨ªa Digital, una plataforma impulsada por Telef¨®nica (gestionada por personas pr¨®ximas a Aznar), dispar¨® al alza el precio de los derechos. En estos momentos, PRISA y Mediapro comparten el f¨²tbol y compiten entre s¨ª, lo que ha acarreado una sensible reducci¨®n de los precios para el consumidor. No es una mala noticia. Habr¨ªa que suponer que a partir de ahora, con un partido en abierto y dos plataformas en competencia, el negocio del f¨²tbol no va a ser ruinoso y no va a acabar costando dinero al contribuyente. Evidentemente, son leg¨ªtimas las dudas.

La noticia de la regulaci¨®n de la TDT de pago fue muy destacada ayer por los principales diarios digitales espa?oles. Habr¨ªa que suponer que era una noticia de gran inter¨¦s general, dada la coincidencia, y descartar que el realce informativo estuviera relacionado con los intereses de los due?os de esos diarios digitales, todos ellos beneficiados o damnificados por la decisi¨®n del Gobierno. Evidentemente, son leg¨ªtimas las dudas.