Los presuntos esp¨ªas de Madrid implican a tres asesores de un hombre de Aguirre

El operativo del supuesto espionaje a cargos del PP madrile?o por parte de responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre lo integraban, al menos, tres ex guardias civiles, fichados en septiembre de 2007 como asesores por el consejero de Interior, Francisco Granados; y tres ex polic¨ªas nacionales, contratados en la misma ¨¦poca por quien era director general de Seguridad, Sergio Gam¨®n, hombre de confianza de la presidenta auton¨®mica. Gam¨®n dirigi¨® el operativo, seg¨²n la declaraci¨®n de los imputados ante la juez, aunque ellos sostienen que aquello no fue espionaje.

Los tres ex guardias civiles, imputados por malversaci¨®n en relaci¨®n con el seguimiento que hicieron al dirigente del PP Alfredo Prada -tanto en sus actos p¨²blicos como en su vida privada-, aseguraron a la juez que investiga el caso que esa operaci¨®n "la orden¨® Gam¨®n" y que para llevarla a cabo les acompa?aron tres ex polic¨ªas nacionales. "A veces lo hac¨ªamos tres, otras cuatro... ?ramos seis", contaron los agentes. Los ex polic¨ªas, investigados como sospechosos del espionaje, a¨²n no han sido imputados.

Dijeron a la juez que vigilaban en actos p¨²blicos con aglomeraciones

Los seguimientos a Prada incluyeron su actividad privada y peque?os pueblos

Cuando Prada fue supuestamente espiado, en abril y mayo de 2008, era vicepresidente y consejero de Justicia. Fue destituido unas semanas despu¨¦s de que terminaran los seguimientos, tras el congreso nacional del PP en el que apoy¨® a Mariano Rajoy y se alej¨® definitivamente de Aguirre.

La declaraci¨®n de m¨¢s de dos horas que los tres asesores de Granados hicieron ante la juez, a la que ha tenido acceso EL PA?S, configura un extra?o operativo dise?ado por Gam¨®n entre marzo y mayo, seg¨²n reconoci¨® uno de los agentes. La misi¨®n consist¨ªa, contaron ellos, en supuestas "contravigilancias" -labores de protecci¨®n extra a un cargo p¨²blico- de la que no ten¨ªan constancia ni el vigilado (Prada, que no las pidi¨®) ni su escolta. Los agentes, que iban desarmados, no tienen competencias para hacer contravigilancias (s¨®lo puede realizarlas el Ministerio del Interior).

Los posicionamientos de los tel¨¦fonos m¨®viles de los asesores del Gobierno de Aguirre, y los partes escritos de los seguimientos diarios, que los tres ex guardias civiles niegan haber hecho, acreditan que el supuesto espionaje se hizo al menos 12 d¨ªas de mayo desde el mediod¨ªa hasta, en ocasiones, la medianoche. Pese a que la Direcci¨®n General de Seguridad cuenta con cerca de 40 agentes con plaza por oposici¨®n, muchos de ellos con 20 a?os de experiencia, s¨®lo hicieron el seguimiento a Prada los seis asesores fichados a dedo a finales de 2007 como hombres de confianza.

Durante su comparecencia, la juez ley¨® a los agentes la declaraci¨®n que hab¨ªan efectuado ante la polic¨ªa en marzo y en la que negaban haber seguido a Prada. Sin embargo, la investigaci¨®n de los posicionamientos de sus m¨®viles ha probado ahora que los tres ex guardias civiles hab¨ªan seguido por las calles de Madrid y por algunos pueblos de la Comunidad al consejero Prada.

Cuando la juez les pregunt¨® por qu¨¦ hab¨ªan negado estos hechos ante la polic¨ªa, dos de ellos intentaron explicarse sin mucho ¨¦xito. Hasta que la juez les habl¨® de una cuesti¨®n de "concepto". Supuestamente negaron los hechos porque les preguntaron por seguimientos y ellos hicieron, seg¨²n admitieron ante la juez, "contravigilancias". Quien primero utiliz¨® esa palabra fue la propia juez. Los interrogados dieron por buena la palabra y se aferraron a ella. Cuando se les pregunt¨® por el motivo de que hicieran contravigilancias en la sede de la Consejer¨ªa de Justicia, custodiada por guardias civiles, uno de los imputados contest¨® simplemente que se pon¨ªan a "100, 200 metros o 400 metros".

Los asesores de Granados aseguraron que hac¨ªan contravigilancias a otros miembros del Gobierno. Primero citaron a Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados. Luego ampliaron la lista a Juan Jos¨¦ G¨¹emes, Gador Ongil y Javier Fern¨¢ndez Lasquetty. En muchos de los casos, vinculaban sus contravigilancias a problemas que se pudieran producir en actos p¨²blicos con grandes aglomeraciones para evitar altercados, y citaron expresamente la inauguraci¨®n de hospitales. Los seguimientos a Prada por pueblos de la Comunidad de Madrid se hicieron en actos celebrados en pueblos min¨²sculos, sin aglomeraciones ni posibilidades de altercados. En la capital, le segu¨ªan en sus encuentros p¨²blicos y tambi¨¦n en los privados, que no figuraban en ninguna agenda.

Los tres guardias civiles insistieron durante las dos horas de declaraci¨®n en tres ideas que pueden encauzar la investigaci¨®n: "No hicimos nada que no nos ordenasen. Qui¨¦n dirig¨ªa el operativo era Sergio Gam¨®n. Granados no nos dio ninguna orden".

Sergio Gam¨®n, polic¨ªa nacional, lleg¨® a la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, quien se lo impuso al que entonces era consejero de Interior, Alfredo Prada. S¨®lo un d¨ªa despu¨¦s de que Aguirre destituyera a Prada, Gam¨®n se fue a un edificio de la Consejer¨ªa de Justicia con tres de sus hombres de confianza; ese d¨ªa desapareci¨® un ordenador de un directivo de Prada. El episodio qued¨® en nada porque se hab¨ªan borrado las im¨¢genes de las c¨¢maras de seguridad. Pero, cuando se conocieron los hechos, Granados destituy¨® a Gam¨®n. Sin embargo, por indicaci¨®n de Aguirre tuvo que recolocarlo d¨¢ndole un puesto de director de Seguridad, dotado con un sueldo de 90.000 euros anuales y en el que no hac¨ªa pr¨¢cticamente nada.