Un sector construido a parches

El real decreto ley que abre la puerta de la Televisi¨®n Digital Terrestre (TDT) de pago es el ¨²ltimo parche a un mapa audiovisual construido a golpe de improvisaci¨®n. La medida, aprobada el pasado jueves durante una reuni¨®n extraordinaria del Consejo de Ministros para paliar los efectos de la crisis, es la guinda a un sector maltratado durante d¨¦cadas y sometido a la arbitrariedad del Gobierno de turno.

El Ejecutivo de Zapatero ha elegido para poner en marcha la TDT de pago una f¨®rmula legislativa excepcional y de urgencia (el real decreto ley) que se reserva para atender situaciones de emergencia o dar una respuesta acelerada a problemas que no pueden esperar una tramitaci¨®n parlamentaria ordinaria. Y lo hace cuando est¨¢ a punto de remitir al Congreso la Ley General Audiovisual, un marco que aspira a poner orden a una mara?a de normas disperas y obsoletas.

La operaci¨®n de Quiero TV fue el primer gran fiasco televisivo

Utilizar la ley de acompa?amiento de los Presupuestos ha sido habitual

La TDT de pago formaba parte de un paquete de reales decretos y ¨®rdenes ministeriales que Industria present¨® el pasado junio al sector. En esta bater¨ªa de normas se regulaba tambi¨¦n la televisi¨®n de alta definici¨®n, las emisoras comunitarias o las comunicaciones m¨®viles desde los aviones. Pero s¨®lo la TDT de pago ha recibido el visto bueno y, adem¨¢s, por la v¨ªa de urgencia. Esta modalidad televisiva se aprueba siete a?os despu¨¦s de que fracasara la plataforma de televisi¨®n digital terrestre de pago (Quiero TV).

Aquella operaci¨®n fue uno de los grandes fiascos televisivos. A finales de los a?os noventa, el PP quiso que Espa?a fuera pionera en el desarrollo de la TDT. El empe?o -bald¨ªo- le cost¨® millones de euros a los promotores de Quiero TV. El PP propuso a?os m¨¢s tarde en el Senado que todos los canales de TDT fueran gratis.

En las ¨²ltimas d¨¦cadas, el modelo audiovisual espa?ol se ha ido configurando a base de decretos y leyes de medidas urgentes. Tambi¨¦n ha sido habitual el recurso a la ley de acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado. La utilizaci¨®n de estos instrumentos ha hurtado al Parlamento un debate en profundidad sobre el modelo audiovisual espa?ol, pese a las promesas electorales del PP y del PSOE de poner en marcha una ley general destinada a ordenar la ca¨®tica legislaci¨®n.

Hace menos de dos meses, la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, dio a conocer el anteproyecto de Ley General de Medios Audiovisuales, un texto que aspira a ser el gran marco de la radio y la televisi¨®n y a adaptar la legislaci¨®n espa?ola a la comunitaria. Crear¨¢ tambi¨¦n el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un organismo independiente encargado de supervisar el sector.

Pero, de momento, el texto no ha llegado al Parlamento. Como tampoco lleg¨® el elaborado durante la legislatura pasada o el que se redact¨® en la etapa en la que Josep Piqu¨¦ (PP) ocupaba la cartera de Ciencia y Tecnolog¨ªa. A falta de un marco estable, los distintos Gobiernos han ido parcheando el sector. El primer gran decretazo se promulg¨® en enero de 1997, cuando el Consejo de Ministros de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar aprob¨® un urgent¨ªsimo decreto ley que obligaba a las televisiones digitales a obtener una autorizaci¨®n administrativa para poder operar. La misma f¨®rmula utilizada ahora por el Gobierno de Zapatero para dar luz verde a la TDT de pago.

La falta de apoyos pol¨ªticos llev¨® al PP a tramitar aquella norma de 1997 por el cauce del proyecto de ley, que abre la puerta al debate -y a la incorporaci¨®n de enmiendas- en el Congreso y el Senado. Al PSOE le ocurri¨® una situaci¨®n similar con el real decreto ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de este a?o, que propiciaba la fusi¨®n de las televisiones privadas. El Congreso acord¨® su convalidaci¨®n y oblig¨® a los socialistas a tramitarlo como proyecto de ley.

M¨¢s de inc¨®gnito pas¨® otro de los virajes en la legislaci¨®n sobre la televisi¨®n privada: la autorizaci¨®n para que un accionista pudiera tener hasta el 100% del capital de una cadena. El PP abri¨® en 2002 esta puerta, por sorpresa, a trav¨¦s de la ley de acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado.

En 2005, el Gobierno de Zapatero recurri¨® de nuevo a la v¨ªa r¨¢pida para a?adir un nuevo remiendo al modelo audiovisual. Aprob¨® la ley de medidas urgentes para el impulso de la televisi¨®n digital terrestre, de liberaci¨®n de la televisi¨®n por cable y de fomento del pluralismo, que en la pr¨¢ctica suprim¨ªa el l¨ªmite de tres cadenas privadas y abr¨ªa la puerta a m¨¢s concesiones (a ra¨ªz de esta ley naci¨® La Sexta), limitaba la concentraci¨®n de emisoras de radio y adelantaba el apag¨®n anal¨®gico a 2010.

La ambiciosa reforma audiovisual emprendida en 2005 afectaba tambi¨¦n a RTVE. El Gobierno promovi¨® una ley para que el director general del ente p¨²blico dejara de ser nombrado por el Gobierno y su designaci¨®n dependiera del Parlamento. Y establec¨ªa un nuevo modelo de financiaci¨®n: prohib¨ªa el aval ilimitado del Estado y consagraba un sistema mixto (ingresos publicitarios y subvenci¨®n, pr¨¢cticamente a partes iguales), sujeto a un contrato programa con el Estado.

Esta ley, aprobada en 2006, dur¨® menos de tres a?os. En 2009, el Gobierno ech¨® por tierra el modelo de financiaci¨®n y dise?¨® uno nuevo. A partir del pr¨®ximo a?o, la televisi¨®n p¨²blica sobrevivir¨¢ gracias a una parte de los ingresos de las privadas y de los operadores de telecomunicaciones. En contrapartida, la televisi¨®n p¨²blica (TVE) no podr¨¢ emitir publicidad.