Derechos humanos frente a la corrupci¨®n

Espa?a est¨¢ a la cola de la Uni¨®n Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupci¨®n. As¨ª resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. S¨®lo nos hacen malos (y no p¨¦simos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los dem¨¢s pa¨ªses ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupci¨®n, se afirma que Espa?a no ha hecho progresos desde 2003.

D¨ªas antes, la Fundaci¨®n Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en Espa?a. En ¨¦l se afirma que la calidad de ¨¦sta ha bajado respecto el a?o anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "Espa?a es un pa¨ªs relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores est¨¢ndar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupci¨®n es incluso m¨¢s elevada de lo que apuntan los indicadores".

Sobra cinismo e incoherencia. Falta valent¨ªa, sentido de Estado, responsabilidad y reflexi¨®n

En las mismas fechas otra prestigiosa instituci¨®n como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepci¨®n de los espa?oles de que existe un alto grado de corrupci¨®n, considerando la empresa privada (29%) y los partidos pol¨ªticos (27%) como los sectores sociales m¨¢s implicados, y estimando el 44% de los espa?oles (frente al 25%) que la actuaci¨®n del Gobierno en esta materia es ineficaz.

Hasta aqu¨ª los datos. Reflexionar sobre la corrupci¨®n, aunque los par¨¢metros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupci¨®n es algo que debe ser (acaso ut¨®picamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democr¨¢ticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos b¨¢sicos de control y unas pautas m¨ªnimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, pol¨ªticas y judiciales depende la calidad de la democracia.

Por muy democr¨¢tico que sea un pa¨ªs si los ciudadanos tienen una percepci¨®n que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas econ¨®micos o de otro tipo o que muy diversos pol¨ªticos tienen negocios o relaciones peligrosas con aut¨¦nticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptaci¨®n resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos tambi¨¦n en nosotros.

Es fundamental valorar nuestras democracias. ?stas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeci¨®n de todos por igual a la Ley. Pero tambi¨¦n por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aqu¨ª debe destacarse que junto a los cl¨¢sicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generaci¨®n y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnolog¨ªas y avances cient¨ªficos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las ¨²ltimas normas jur¨ªdicas.

Uno es el llamado "derecho a una buena Administraci¨®n". Lo recogen todos los Estatutos de Autonom¨ªa ¨²ltimamente modificados: Comunidad Valenciana (art¨ªculo 9), Catalu?a (art¨ªculo 30), Andaluc¨ªa (art¨ªculo 30) Castilla y Le¨®n (art¨ªculo 12), etc¨¦tera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo art¨ªculo 41 lleva ese t¨ªtulo por r¨²brica. ?sta no se refiere s¨®lo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios p¨²blicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeci¨®n a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo s¨®lo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Arag¨®n al expresar que "los poderes p¨²blicos est¨¢n vinculados por estos derechos".

Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprob¨® en diciembre tras larga gestaci¨®n. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso cat¨¢logo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una menci¨®n a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enf¨¢ticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etc¨¦tera. Parece una descoordinaci¨®n m¨¢s entre la clase pol¨ªtica y las percepciones de la ciudadan¨ªa ante el retroceso en nuestra calidad democr¨¢tica.

No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos auton¨®micos y locales que tienen mucho que decir (o callar, seg¨²n se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es s¨®lo de salitre. Tambi¨¦n instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicaci¨®n mucho deber¨ªan reflexionar. Y qu¨¦ decir de los dirigentes que arrinconan c¨®digos ¨¦ticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquer¨ªa y en cambio est¨¢n siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valent¨ªa, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexi¨®n...

Jes¨²s L¨®pez-Medel B¨¢scones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisi¨®n de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.